Una seguidilla de ataques informáticos contra empresas bancarias y estatales durante las últimas semanas puso en evidencia la fragilidad de la ciberseguridad en el país, acentuando la preocupación del Gobierno por reforzar esta materia a través de la cooperación internacional.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) comunicó oficialmente las vulneraciones de esta semana, pero ya a fines de julio había dado aviso de lo liviano de las barreras de los sistemas informáticos que defienden los datos de los usuarios, cuando se filtró la información correspondiente a unas 55 mil tarjetas de crédito.

Apenas unos días después, otro ciberataque sacó a la luz los datos de 14 mil tarjetas de crédito más, siendo ambas operaciones reclamadas por una agrupación de hackers estadounidense, The Shadow Brokers.

La Sbif señaló que el "grupo de cibercriminales denominado ShadowBrokers publicó el número de tarjeta, el número de seguridad (CVV) y la fecha de expiración" de plásticos pertenecientes a unos 19 emisores bancarios y no bancarios, algunos de ellos extranjeros.

Aunque estás acciones apenas afectaron a los depósitos de los usuarios, hicieron aflorar de nuevo las debilidades de los sistemas de seguridad bancarios, que efectivamente en mayo sufrieron la pérdida de US$ 10 millones, desde las arcas del Banco de Chile.

Un virus afectó al sistema informático de la institución financiera y obligó a desconectar gran parte de las 9.000 estaciones de trabajo que el banco tiene en todo el país, ocasión en que se realizaron cuatro transacciones fraudulentas que lograron sustraer el monto ya señalado.

Los últimos tres ataques de esta semana, sin embargo, no fueron tan contundentes: la publicación de "listados de colaboradores de una entidad", la divulgación de datos de clientes de una casa financiera y la supuesta eliminación de los datos de 500 personas del Directorio de Información Comercial (Dicom), es decir, el registro nacional de deudores.

Los hechos dieron la razón a estudios realizados con anterioridad, los que, desde hace meses, han arrojado datos preocupantes sobre la baja inversión de las entidades en ciberseguridad.

Un análisis de la empresa Citrix -al cual tuvo acceso la agencia de noticias EFE, de antes de mayo pasado, cuando el Banco de Chile sufrió el robo, indicaba que el principal temor de las empresas chilenas en temas de ciberseguridad era sufrir un ataque de hackers, pero el 61% de las compañías no tenía previsto elevar su inversión para protegerse.

Una reciente investigación de NovaRed mostró que las empresas nacionales destinaron durante el año pasado US$ 195,7 millones en la materia, un 4,1% más respecto a 2016, equivalente a un 0,07% del PIB, pero por debajo del promedio de Latinoamérica, cifra que alcanza a un 0,12% del PIB.

Estas flaquezas son las que el Gobierno pretende mejorar a través del intercambio de experiencias y cooperación internacional, como se hizo en junio mediante una solicitud al Fondo Monetario Internacional (FMI) tras el robo en el Banco de Chile.

A raíz de ese ataque, el Ministerio de Hacienda creó un grupo de trabajo que opera en dos ejes para modernizar las herramientas de prevención y los protocolos con los cuales se enfrentan los incidentes de ciberseguridad.

El Presidente Sebastián Piñera, en paralelo, aprovechó las visitas del secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, y del Jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, para firmar acuerdos bilaterales en la materia.

A estos acuerdos se suma que, el viernes, el asesor de ciberseguridad presidencial, Jorge Atton, anunció que "en los próximos 15 días" un proyecto de ley de delitos informáticos .

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero y su homólogo ecuatoriano, José Valencia, suscribieron este viernes en Quito varios acuerdos de cooperación en los sectores de minería, medioambiente y asuntos sociales.

"Nos propusimos avanzar en la profundización de las relaciones entre Ecuador y Chile, y lo hemos hecho a través de acuerdos", apuntó Ampuero, que llegó el jueves a Quito para una brevísima visita, según consignó América Economía.

Agregó que la intención de los dos países es "avanzar por ejemplo en minería, protección del medioambiente, reconocimiento de títulos y en general el pensamiento estratégico".

Tras la firma de los convenios, ambos convinieron intercambiar experiencias sobre el cuidado y promoción de la vida de los adultos mayores. "Vamos a trabajar en forma conjunta con un programa que tiene que ver con vivir sano", dijo Ampuero.

Valencia aprovechó la ocasión para agradecer a su par chileno la participación de su país en el encuentro regional convocado por Ecuador para tratar la migración venezolana, que tendrá lugar este lunes y martes en Quito. "Confiamos en que nuestros países den una pronta respuesta a estas situaciones, que podamos coordinar esfuerzos y atender de manera humanitaria a las personas en movilidad humana", dijo Valencia.

Los países que han confirmado hasta ahora son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y, por supuesto, el anfitrión, Ecuador. Hasta el momento no se ha confirmado la participación de ningún representante de Venezuela.

En octubre pasado, los gobiernos de Ecuador y Chile firmaron varios acuerdos de cooperación en materia de inclusión social, ciberseguridad, operaciones para el mantenimiento de la paz y capacitación, en una cumbre bilateral celebrada en las islas Galápagos.