Una ejecutiva bancaria y su esposo fueron formalizados por su eventual participación en una millonaria estafa cometida en contra de un adulto mayor en Talcahuano.

De acuerdo a los antecedentes policiales, la imputada habría cobrado un crédito en la sucursal donde trabajaba desde hace 11 años, por un monto de $20 millones. Para ello habría utilizado la cédula bloqueada de un hombre de 64 años de edad, quien desconocía la transacción.

Tras recibir los primeros cobros, la víctima realizó una denuncia a la PDI, que logró esta semana la detención de la mujer y su pareja, quien habría efectuado el retiro del dinero desde el banco Falabella del Mall Plaza Trébol.

La pareja fue formalizada por el delito de obtención fraudulenta de crédito. Tras la audiencia, el tribunal decretó las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la sucursal.

INVESTIGACIÓN

El comisario Christian Hernández Acuña, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Brideco) de Concepción, precisó que durante la investigación, coordinada con el Ministerio Público, se pudo establecer que la pareja efectuó la sustracción de dinero desde el Banco Falabella, suplantando a otra persona, falsificando documentos para cometer el ilícito.

"La víctima de la estafa se dio cuenta cuando llegó una cobranza a su domicilio y por nosotros, cuando le tomamos declaración y le explicamos cómo se habría ejecutado este delito", indicó.

Desde la PDI mencionaron que parte del dinero producto de la estafa se encuentra en cuentas bancarias de las personas detenidas.

ORGANIZACIÓN

El fiscal José Orella, de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Talcahuano, detalló que "la imputada mal utilizando información personal de un cliente CMR, la entregó a su esposo para que se generara un crédito de consumo, pues el Banco Falabella lo tiene clasificado como potenciales clientes. Esta información personal fue utilizada por un tercero, quien haciéndose pasar por un trabajador de una empresa de servicios básicos, logró obtener la cédula de identidad".

El persecutor agregó que la mujer estuvo revisando durante algunos meses la información de la cartera de clientes potenciales, inspeccionando los datos financieros de la víctima suplantada, obteniendo los imputados un monto superior a los $21 millones.

A través de una denuncia criminal, el senador Alejandro Navarro solicitó al Ministerio Público que se inicie una investigación para determinar a los responsables de la instalación de máquinas tragamonedas en todas las comunas del Biobío.

En el escrito de ocho páginas ingresado la mañana de ayer en la fiscalía local de Concepción, Navarro solicitó que se indague la eventual comisión de cuatro delitos vinculados al desarrollo de este tipo de negocios: juego ilegal, defraudación tributaria, lavado de activos y crimen organizado.

De acuerdo a un estudio de la Superintendencia de Casinos y Juegos, realizado por la Universidad de Católica en 87 comunas más pobladas del país, se estableció que en Concepción existen 1.005 máquinas de este tipo. A nivel nacional se estima que son más de 33 mil.

El senador indicó que actualmente hay dos proyectos de ley en discusión. Uno de esos fue presentado por Alejandro Navarro en agosto de 2016 y en él se establece la prohibición y eliminación gradual de estas máquinas que, a su juicio, serían de azar y no de destreza. Se suma otro que busca regularizar y legalizar el uso apoyado por cinco senadores.

La petición planteada por Alejandro Navarro fue compartida por la Cámara de Comercio y Turismo de Concepción. El presidente del gremio, Arturo Della Torre, manifestó que debe existir una regulación estricta para el funcionamiento de este tipo de locales o bien que se decrete la prohibición.

PIDEN INVESTIGACIÓN

El senador Alejandro Navarro cuestionó la forma de ingreso de este tipo de máquinas al país.

"La pregunta es cómo ingresaron estos cientos de miles de maquinas estando prohibido su ingreso a Chile. Claramente hay una asociación ilícita. El servicio nacional de Aduanas ha señalado que ingresan por piezas de manera clandestina. No hay registro de su ingreso, lo que hace difícil detectar su chip", indicó.

El parlamentario insistió en la necesidad de poner atención en los efectos que puede tener el uso prolongado de estos artefactos. "Estas máquinas producen ludopatía, que hay que tomar conciencia que existe. Tenemos testimonios que estas máquinas se arreglan para que el jugador crea que en su destreza la que domina la máquina, cuando lo que hay es una máquina de azar programada para ganar", enfatizó.

Navarro acusó que muchos de los dueños cambiarían las placas madres de los equipos. Con ello pasarían de máquinas de destreza a azar, perjudicando a su juicio la salud de los usuarios.

"El ministro de Desarrollo Social ha entregado un informe que establece una correlación estrecha entre comunas con una alta connotación de delitos, una alta concentración de ciudadanos pobres y una alta concentración de estas máquinas de azar (...) Esto es como la situación del Sename. Todos saben lo que pasa, pero nadie se atreve a hacer nada", afirmó.

REGULARIZACIÓN

Henry Campos, alcalde de Talcahuano y presidente de la comisión de seguridad pública de la Asociación de Municipalidades de Chile, enfatizó que hoy existe una urgencia para que esta temática se regule en el país.

"Hoy existe una regulación para casinos en Chile, pero la realidad termina superando a la ficción jurídica que se ha planteado. En base a eso es urgente realizar una regulación", precisó.

El jefe comunal afirmó que en estos lugares se realizan actividades económicas que además configuran infracciones tributarias.

"Acá hay una evasión tributaria importante que debe ser fiscalizada, sin olvidar que estas prácticas generan adicción al juego. Esto es un problema de salud pública porque actualmente no existe una regulación efectiva", dijo.

Arturo Della Torre, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Concepción, manifestó que su gremio comparte la acción realizada por el senador Navarro y agregó que las ordenanzas locales deben estar apoyadas por una ley más estricta.

"No fueron pocos los problemas que se han generado con la llegada de estos locales. Hubo problemas con los arriendos, pues los precios se encarecieron. A eso se suman las fachadas cubiertas, lo que no aporta a la estética de la ciudad y que hace sospechar sobre las actividades", señaló.