Un protocolo para el manejo de los residuos que aún se mantienen en el interior del barco Seikongen, presentó la empresa dueña de la embarcación, documento que será revisado de acuerdo a la normativa, según informó el portal Soypuertomontt.cl tras una reunión de autoridades encabezada por el intendente de La Región de Los Lagos, Harry Jürgensen, quien aseguró que la carga no es peligrosa y "es perfectamente tratable de acuerdo, a las condiciones que tenemos en la región".

Según detalló el jefe de la Vª Zona Naval, contraalmirante Carlos Fiedler, el plan consiste en descargar el buque en el Seno del Reloncaví, en un lugar seguro para la nave, a través de buques, como se hizo ya en una oportunidad. "Hay que recordar que al buque se le descargaron 100 toneladas de salmón cuando estaban en condiciones más complejas que ahora, porque el buque estaba semihundido en Chonchi", explicó.

Aclaró que se trata de algo preliminar. "Lo estamos estudiando nosotros en la Gobernación Marítima y en la Capitanía de Puerto de Puerto Montt", recalcó.

Un nuevo capítulo de la historia del "Seikongen" se vivió ayer en dos escenarios. Mientras la firma dueña del barco que carga 100 toneladas de desechos derivados de salmones, que está fondeado frente a la bahía de Puerto Montt, estudia la fórmula para realizar la descarga en la propia Región de Los Lagos (ver recuadro), en Biobío la municipalidad penquista ingresó un recurso de protección con el objeto de evitar la llegada del buque a esta zona, como se había anunciado originalmente.

Aldo Mardones, alcalde (s) de Concepción, llegó junto a un grupo de vecinos hasta la Corte de Apelaciones. Allí, la autoridad manifestó su descontento ante el eventual arribo del barco, sumándose a lo ya anunciado desde las comunas de Talcahuano y Florida.

"Tenemos que tomar las medidas de resguardo y de cautela con el objeto de garantizar a los habitantes de nuestra comuna la mayor seguridad para su integridad", sostuvo Mardones.

La acción del municipio de Concepción se realizó casi una semana después que los alcaldes de Florida y Talcahuano, el senador Alejandro Navarro y trabajadores pesqueros de la comuna puerto presentaron acciones judiciales en contra del buque.

Durante el fin de semana, la Corte de Apelaciones acogió una orden de no innovar incorporada en un recurso de protección que ingresó Henry Campos, jefe comunal de Talcahuano, lo que dificultó el viaje de la embarcación.

Esta acción, sin embargo, no es del todo segura, según comentó Mardones. "La corte se refirió a una orden de no innovar, la cual es transitoria y puede ser revocada en cualquier momento (...). Por lo tanto, cualquier antecedente que presente la empresa puede revertir este fallo", explicó el edil.

Por eso, dijo que con la presentación de este recurso de protección se busca atacar el fondo del asunto e "impedir el traspaso" de los camiones con desechos por las rutas de la ciudad.

Si bien aún no hay información concreta respecto a la forma en que se realizaría un eventual proceso de traslado de salmones hacia la planta Hidronor, en Florida, el alcalde subrogante afirmó que serían hasta 60 los recorridos que tendrían que hacer los camiones, en un plazo aproximado de un mes. Y eso, añadió, "es una situación de riesgo que será de carácter permanente".

LA EMPRESA

A inicios de esta semana, CPT Empresas Marítimas, compañía encargada del traslado del buque, respondió los argumentos esgrimidos por las autoridades locales de la Región del Biobío sobre la supuesta presencia en su interior de ácido sulfhídrico, gas nocivo para la salud.

"Nos parece necesario aclarar que estos (residuos) no implican riesgo alguno para el ser humano ni el medio ambiente y no se refieren a carga peligrosa, lo cual ha sido avalado por expertos y empresas autorizadas en la materia", argumentaron, agregando que "lo importante es que la nave pueda arribar a puerto y descargar los desechos a la brevedad".

Hasta la tarde de ayer, el comandante Germán Llanos, gobernador marítimo de Talcahuano, explicó que aún están a la espera de que la empresa les envíe las correcciones solicitadas del plan que permitiría descargar el material en Biobío.

Mientras la Capitanía de Puerto no reciba estas correcciones, no esté lista la resolución sanitaria por parte del Servicio de Salud y no se resuelvan las acciones judiciales emprendidas en contra de la empresa, la motonave "Seikongen" verá imposibilitado su ingreso a la zona, según aclaró el comandante de la Gobernación Marítima.

A medida que avanzan los días y la tensión por el futuro incierto del "Seikongen", la preocupación de los vecinos que se verían involucrados con el traslado de los salmones en descomposición también se incrementa.

Jeannette Fuentes, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción, aseveró que la situación es muy preocupante, ya que no saben si la planta Hidronor cuenta o no con los permisos o espacios necesarios para recibir los residuos.

Helia Parra, presidenta de la junta de vecinos del sector San Jorge de Concepción, dijo que esperan que el desplazamiento de los camiones jamás ocurra. "Hoy, un gran porcentaje de este sector rural se maneja con aguas subterránea y de vertiente, y esta situación podría conllevar algún tipo de contaminación", puntualizó.

Sin embargo, la dirigenta también opinó que el paso de los camiones impactaría el aire de la zona por un período de 40 días. Por ello, anunció que los vecinos aledaños al punto crítico ya están recolectando firmas para oponerse al proceso.

EL Accidente

Durante la madrugada del 18 de octubre de 2017, la motonave "Seikongen" se hundió frente a la Isla de Chiloé, Región de Los Lagos.

Según informó la Armada, en aquel momento el capitán de la embarcación afectada llamó a la Capitanía de Puerto de Chonchi informando que la nave se encontraba con un forado en el casco.

Una serie de operativos simultáneos en chatarrerías de las comunas de Concepción y Talcahuano, el puerto de Coronel y otros puntos de la Región fueron realizados con el fin de detectar compra y venta ilícitas de cable de cobre.

Se trató de acciones coordinadas por la Gobernación Provincial de Concepción, la Seremi de Energía y la Coordinación Regional de Seguridad Pública participaron la Policía de Investigaciones, empresas eléctricas, Aduanas, Servicio Impuestos Internos, Fiscalía, Carabineros y SEC.

Hay que recordar que existe una mesa de trabajo intersectorial sobre fiscalización de robo de cables, donde la idea es poner todo su esfuerzo en abordar principalmente los cortes de suministro de energía producto del robo de conductor eléctrico, ya que estos tienen consecuencias directas en las familias.

El gobernador, Robert Contreras, explicó que se desarrolló un trabajo intersectorial, "con el objetivo de determinar la existencia de elementos que puedan ser excedentes de cobre, en algunas chatarrerías, e investigar de dónde proviene este cobre y dar curso a investigaciones que arrojen sanciones para quienes cometen este delito y que afecta directamente a la comunidad".

En la misma línea, Fernando Caire, gerente zonal de Frontel Biobío indicó que se han tenido que tomar acciones de mitigación como generación de respaldo. Recordó que también lo ocurrido en Santa Juana, donde hace unas semanas quedaron más de dos mil familias sin energía eléctrica, producto de este delito.

"Por eso es relevante para nosotros como empresa, este tipo de operativos, pues nos permite fiscalizar y tener mayor prevención en este flagelo", destacó.

DETENIDO

Marcelo Toro Leal, subcomisario de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, aseguró que en Chillán se detuvo a una persona. "Se encontró una persona con 70 kilos de cable y se detuvo por el delito de receptación fragante. No mantenía ningún tipo de documento que acreditara su procedencia".

Claudio Etchevers, Coordinador Regional de Seguridad Pública, detalló que el delito es difícil de pesquisar por las características en las que ocurre. "Nos hemos enfocado en desbaratar el negocio que hay detrás del robo de cable, por eso nuestros esfuerzos están abocados a fiscalizar y realizar operativos en distintos puntos".