La última semana legislativa de agosto, entre el 21 y 22, es el plazo elegido por la bancada del PS para presentar la acusación en contra de tres ministros de la Corte Suprema que integraron la Segunda Sala que le concedió, el pasado 31 de julio, la libertad condicional a cinco ex militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) ocurridas durante la dictadura (ver recuadro).

Así lo confirmó el diputado por el distrito 21 y jefe de bancada del PS en la Cámara Baja, Manuel Monsalve, quien junto a sus pares del distrito 20, Gastón Saavedra y Jaime Tohá, explicaron los fundamentos de la presentación y aseguran que hay argumentos válidos para que sea aprobada por el Congreso. También hicieron un llamado a parlamentarios de Chile Vamos para que respalden la acción, debido a que se trataría de una medida relacionada con beneficios es casos de crímenes de lesa humanidad y que son transversales bajo la mirada política.

"Esto es parte del ejercicio democrático, cuando se dice que nadie está por sobre la ley. Aquí, no debería tratarse de proteger a jueces, ya que los poderes del Estado son para proteger al ciudadano", dijo el diputado Monsalve.

Agregó que "los poderes del Estado están para proteger los derechos humanos y por garantizarle a la sociedad que no habrá impunidad. Son 40 años y estas personas que atentaron contra la vida de otras recibieron condenas de cinco años. Además, se les entrega libertad condicional cuando cumplen la mitad de su pena".

Los diputados reafirmaron que los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama (titulares de la Segunda Sala) faltaron al no considerar convenios internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos en su decisión y privilegiar la legislación que rige en Chile en materia de libertad condicional.

"Las conclusiones son sólidas, en términos que aquí se están vulnerando varias situaciones que se contemplan tanto en la legislación chilena, como en tratados internacionales que Chile ha suscrito y que para los efectos prácticos, tienen aplicación en nuestro país", dijo Tohá.

Añadió que "un beneficio de esta naturaleza está vigente, pero hay condiciones que deben darse que aquí no se dan. Es imposible decir que un condenado por violaciones a los derechos humanos amerita un beneficio así cuando jamás ha colaborado con la justicia y tampoco nunca ha mostrado arrepentimiento ante crímenes que son pavorosos".

Tohá agregó que a nivel internacional otorgar este beneficio equivale a dar impunidad.

En tanto, Gastón Saavedra indicó que "tenemos el apoyo para esta presentación de los 19 parlamentarios del PS. También está el PC, PPD, PR y la DC, en que hay algunos que están por apoyar esta decisión. Obviamente, también está todo el Frente Amplio".

Saavedra agregó que "esto tiene que ver con derechos humanos y además con un principio rector de justicia, que es para construir una sociedad más sana, que de soporte y garantice el derecho de todas las personas".

lo que se viene

Respecto del plazo en que se va a presentar la acusación, Monsalve dijo que "lo más probable es que sea el 21 o 22 de agosto".

En relación a si se busca relacionarlo con la víspera de conmemoración de los 45 años del Golpe Militar, el diputado PS dijo que es sólo coincidencia.

"Lo que ocurre es que hay que combinar dos cosas. Lo primero es que es una acusación contra ministros de la Suprema, por lo que el escrito se ingrese debe ser de mucha solidez jurídica".

Para tal efecto, se constituyó un equipo de cinco a siete abogados, pertenecientes a las bancadas que firmarán el libelo. "La idea es que el contenido satisfaga a todos los partidos. Todos entendimos que esto requiere tiempo. Por eso acogimos que debía hacerse la última semana legislativa de agosto", agregó Monsalve.

Añadió que "para ser franco, creo que si bien la acusación va a polarizar, ese no debe ser el objetivo. Aquí debe primar la fortaleza de lo que se plantea y no vaya la fecha a terminar tapando lo central de la discusión.

Los tres congresistas sacaron a la luz el antecedente histórico de que en 1992 fue aprobada por el Congreso la destitución del juez Hernán Cereceda por notable abandono de deberes, en una causa que investigó la desaparición de un ex mirista.

llamado transversal

Los diputados Saavedra y Monsalve concordaron en el llamado a parlamentarios de Chile Vamos para apoyar el líbelo acusatorio.

"Este es un tema que va más allá de colores políticos. Se trata de DD.HH. y la centro derecha debe entender que va más allá de lo político", dijo Monsalve.

Las declaraciones del ministro del Interior, Andrés Chadwick no cayeron bien en la bancada del PS. Chadwick señaló el viernes que la eventual acusación constitucional a los jueces es "muy grave desde el punto de vista institucional".

Saavedra, Monsalve y Tohá le pidieron prudencia al gobierno en este tema y aseguraron que las declaraciones del vicepresidente de la República interfieren en una facultad del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial.

En el mismo sentido, desestimaron las críticas de la Corte Suprema que ayer señaló que con el líbelo acusatorio se perdería la independencia de los poderes del Estado.

Una vez presentada la acusación constitucional, la Cámara Baja forma una comisión especial que la tramita. Luego pasa al pleno Cámara de Diputados y en caso de ser aprobada por una mayoría (quórum estipulado en el caso de jueces), pasa al Senado, quien actúa como jurado. El "notable abandono de deberes" requiere ser aprobado también por la mayoría del Senado.

De acuerdo a cifras oficializadas por autoridades de gobierno del Biobío, alrededor de 20 mil mujeres de la Región accederán al beneficio de la sala cuna universal, en el caso de que el proyecto de ley sea aprobado.

"Este proyecto busca en primera instancia, la agenda de infancia, potenciando a los niños en la educación temprana. Adicionalmente, se termina con la discriminación histórica hacia las mujeres con respecto al acceso a la jornada laboral y, por último, el tema de la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos tanto de padres como madres. Ayudará a emparejar la cancha", dijo la seremi de Gobierno, Francesca Parodi.

En tanto, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Marissa Barro explicó la realidad del Biobío. "Casi 20 mil mujeres podrán incorporarse al mercado laboral que es lo que tanto necesita esta región. Más oportunidades, porque el no tener resuelto el cuidado de los niños, es un problema para trabajar", destacó.

El seremi del Trabajo y Previsión Social, Carlos Jara, señaló que "cada mujer podrá acceder a hasta 245 mil pesos mensuales para financiar el jardín infantil o sala cuna que ella elija. Si le alcanza para el que le gusta, fantástico, y si ella quiere otro de mayor costo, pagará la diferencia, pero teniendo la libertad para decidir a qué jardín enviará a sus hijos".

Agregó que este beneficio también se puede otorgar al padre, "siempre que éste tenga el cuidado exclusivo del menor".

En el país la cifra llegaría a 150 mil mujeres.