lUn grupo de legisladoras y dirigentas del Frente Amplio estuvo en Buenos Aires durante el debate en el Senado. Entre ellas estuvo la diputada Claudia Mix (Poder Ciudadano), quien señaló que han "sacado lecciones para lo que vamos a enfrentar en Chile". Sobre éstas, Mix contó "la necesidad de generar una movilización social que transversalmente logre instalar el tema del aborto como un derecho" y la de "unir la lucha en la calle con la del Congreso".
El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró ayer que el debate sobre el aborto libre va a "continuar" luego de que el Senado rechazase un proyecto para legalizarlo, y apostó por distribuir anticonceptivos de larga duración para frenar los embarazos no deseados.
"El problema está y tenemos que seguir trabajando para que todas esas chicas realmente tengan la posibilidad de elegir", afirmó el Mandatario en declaraciones a la prensa, tras mantener una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.
Sus declaraciones llegaron después de que en la madrugada de ayer la Cámara Alta frenase un proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados para garantizar el aborto libre, seguro y gratuito, con el voto en contra de 38 legisladores frente a los 31 que estuvieron a favor.
Para el Presidente argentino, este es un debate "que comienza y que va a continuar", porque los argentinos están "madurando" y "entendiendo lo que es vivir en democracia" y "escuchar al otro".
Para hacer frente al elevado número de abortos clandestinos (354.627 al año, según el Ministerio de Salud), Macri consideró "muy importante" seguir trabajando en una formación integral de los profesores de las escuelas que incluya "el capítulo de la educación sexual".
Macri también insistió en la necesidad de distribuir métodos anticonceptivos de larga duración en el país porque son "mucho más efectivos en estos temas", especialmente en las provincias del norte y la de Buenos Aires, que registran la mayor cantidad de embarazos no deseados.
De todas formas, el aborto seguirá en la agenda política argentina en los próximos días, mediante un proyecto de reforma del código penal que evita las penas de cárcel para las abortistas y con el que el Gobierno busca apaciguar el ímpetu del movimiento feminista.
El Ejecutivo enviará el 21 de agosto a la Cámara Alta un proyecto de reforma del código penal para despenalizar la práctica como una vía intermedia entre las dos posturas a favor y en contra que han dividido profundamente al país. Esa iniciativa de reforma elaborada por un panel de expertos a pedido del Gobierno propondrá que un juez pueda eximir de pena a la mujer que realice un aborto, que según el código penal vigente puede llegar a ser de hasta cuatro años de prisión.
Aunque en la actualidad se permite el aborto en los casos de violación y cuando hay riesgo para la vida o salud de la madre, el primero de los supuestos no se cumple en provincias conservadoras y, además, no están precisados cuáles son los casos de riesgo para la salud. El nuevo código busca rellenar esos vacíos.
Rusia acusó ayer a Estados Unidos de buscar la confrontación con la amenaza de sanciones realmente dañinas para la economía de este país, aunque mostró confianza en que Washington dé marcha atrás.
"La Administración de EE.UU. ha lanzado todas las fuerzas para complicar aún más la situación (...) y avanza conscientemente por el camino de elevar la tensión" en las relaciones entre los dos países, denunció la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
La imposición de nuevas sanciones a Rusia obedece a su supuesta implicación en el envenenamiento del ex espía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en Reino Unido, algo que Washington da por demostrado. Esto "evidencia un complot entre EE.UU. y el Reino Unido" para "demonizar a Rusia", señaló la diplomática.
Las nuevas sanciones, entre otras cosas, prohibirán a partir del 22 de agosto la exportación de ciertos productos tecnológicos a Rusia y dio tres meses a Moscú para permitir una inspección de la ONU en territorio ruso y garantizar que no volverá a emplear armamento químico.
En caso de que Rusia no cumpla con estas exigencias, Washington amenaza con adoptar otra tanda de sanciones mucho más severas y muy dañinas para la economía, tales como la prohibición total de exportaciones e importaciones, la restricción de las relaciones diplomáticas y la prohibición de volar a EE.UU. a la compañía Aeroflot.
Las nuevas sanciones son "un intento de presentarnos como un Estado que no cumple con sus compromisos internacionales, mientras que todo el mundo sabe que Rusia liquidó el año pasado todas sus reservas de armas químicas , a diferencia de los estadounidenses", recalcó Zajárova.
La vocera insistió en que el Reino Unido "no ha podido presentar ninguna prueba de la implicación rusa" en el supuesto envenenamiento de los Skripal, y pese a todo no ha dudado en acusar directamente al Presidente de Rusia, Vladimir Putin, en ordenar el uso de armas químicas para asesinar al ex espía.
Zajárova, además, advirtió de que Rusia ya está trabajando en la respuesta a las eventuales sanciones de EE.UU., pero precisó que serán proporcionales a las adoptadas por Washington y se conocerán cuando la Casa Blanca detalle las suyas. Pese a esto, el Kremlin se mostró esperanzado de que EE.UU. dé marcha atrás en su decisión.