El Presidente Sebastián Piñera firmó ayer el proyecto de ley que garantizará el derecho universal a la sala cuna para hijos de madres trabajadoras dependientes o padres al cuidado de sus hijos.

Desde la Sala Cuna de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), el Presidente anunció que este proyecto beneficia tanto a niños como a madres trabajadoras de Chile, quienes muchas veces tienen que "compatibilizar el mundo del trabajo con el mundo de la familia y no es fácil".

La iniciativa apunta a a facilitar que cerca de 250 mil mujeres puedan incorporarse al mundo del mercado laboral.

los objetivos

La iniciativa deroga un artículo del Código del Trabajo para terminar con el requisito de la presencia de más de 20 trabajadoras en una empresa para la instalación de una sala cuna, al incluir a todos los trabajadores cotizantes.

Además, de forma inédita en una legislación de estas características, se integra a las empleadas domésticas.

Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran terminar con la discriminación histórica en contra de las mujeres, disminuir los costos asociados a la contratación femenina, garantizar el derecho de sala cuna para todos los niños y entregar tranquilidad a los padres y madres trabajadores.

En cuanto al financiamiento, el Presidente anunció que correrá por cuenta de empleadores y trabajadores.

"El costo de la sala cuna se va a financiar en forma pareja por hombres y mujeres trabajadores. Yo quiero pedirle muy sentidamente, por supuesto a los parlamentarios presentes, pero a todos los diputados y senadores, que esta es una antigua, sentida y querida aspiración de las mujeres de Chile, es una necesidad de los niños de Chile, esto fortalece la familia chilena", añadió el Mandatario, quien pidió que la norma pueda aprobarse antes de las Fiestas Patrias.

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El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, adelantó ayer que el Gobierno buscará avanzar hacia un sistema de guarderías infantiles, que ayude a potenciar la integración de la mujer al trabajo. "Queremos avanzar a finales de nuestro periodo a un sistema de guardadoras certificadas, para quienes quieran desarrollar, con calidad y buenos estándares, una guardería en su barrio o domicilio", comentó.

Ante una inminente acusación constitucional en contra de los ministros que conforman la Sala Penal de la Corte Suprema que aprobaron la libertad condicional para siete condenados por crímenes de lesa humanidad, el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, admitió que el libelo que impulsan parlamentarios de la oposición "va a generar condiciones más complicadas" pero rechazó "hablar de amedrentamiento".

"Indudablemente la tramitación de la acusación va a generar condiciones más complicadas, más extremas de funcionamiento, pero no hay más que trabajar en esas condiciones (...) son las circunstancias que hay que vivir nada más", comentó Brito al ser consultado por la acusación constitucional que impulsó el PC y que ya cuenta con el respaldo del PS y el PPD.

sin amedrentamientos

Desde la DC no han descartado hacerse parte, decisión que fue pospuesta hasta que el libelo sea presentado, y el Frente Amplio ha dicho que es probable que se sumen.

Al ser consultado si el uso de esta herramienta buscaba atemorizar a los ministros, Brito contestó que "no, yo entiendo que son instituciones jurídicas que la Constitución establece y punto. La usarán si reúnen las mayorías, tendrá el desarrollo que se pueda, pero yo no quisiera hablar de amedrentamiento porque yo entiendo que esta es una cuestión de debate público y amedrentar es una expresión demasiado dura que yo no tengo por qué atribuirle a los familiares de las víctimas, ni organizaciones de ningún tipo".

tribunales de ejecución

El ex ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, expuso que esta situación hace evidente la necesidad de crear "tribunales de ejecución, que todo sea un procedimiento jurisdiccional con derecho a defensa, con intervención del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y con instituciones naturalmente mucho más instruidas en materia de reinserción social".

Esto último fue respaldado por Brito, quien indicó que "esta Corte viene hace muchos años que viene señalando la necesidad de establecer tribunales de ejecución de pena en materia penal que es, en la legislación comparada y en la doctrina, el mecanismo adecuado a la pretensión de poner término anticipado al cumplimiento de las sanciones".

De prosperar el libelo los ministros de la Corte Suprema que serían acusados son Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm.

Künsemüller comentó al respecto que los legisladores "están en su derecho de expresar su opinión, de la misma manera que los jueces tienen el derecho de expresar sus opiniones que se expresan en las sentencias".