Durante las fiscalizaciones que realiza la seremi de Transportes y Telecomunicaciones para detectar informalidades en el transporte de pasajeros, como el caso de conductores que utilizan aplicaciones como Uber o Cabify, la normativa indica que, además de cursar una infracción, los vehículos deben ser requisados por Carabineros y llevados hasta un corralón municipal. Sin embargo, el seremi de la cartera, Jaime Aravena, confirmó que éstos no tienen capacidad, lo que dificulta las acciones contra el transporte informal.

"Esto se traduce en que nosotros sólo podemos cursar una infracción y todos entendemos que cursar una infracción, que cuesta un determinado valor, no es mejor que tener que requisar el vehículo, lo que les impide poder ejercer este transporte informal", explicó.

El titular de Transportes explicó en las fiscalizaciones "ese proceso nosotros lo hacemos con ayuda de Carabineros, por lo tanto lo que hacemos cuando detectamos estos casos es contactar a Carabineros para que proceda con la incautación del vehículo, pero para eso hay que tener disposición de corralones municipales y ahí tenemos una dificultad porque muchos municipios no tienen el espacio suficiente para recibir los vehículos".

LLENOS

La directora de Administración y Finanzas del municipio de San Pedro de la Paz, confirmó que pese a que hicieron remates en los últimos dos años, hoy el corralón municipal supera la capacidad de 298 vehículos que pueden ubicar allí.

"El año 2016 y 2017 se realizaron los últimos 2 remates y se pudo descongestionar bastante el espacio, sin embargo a la fecha ya superamos la capacidad de 298 vehículos del Corralón Municipal. Esto provoca que ya no podamos aceptar más móviles y lamentablemente tampoco tenemos nueva fecha de remate, ya que la mayoría de los automóviles requisados por Carabineros tienen causas pendientes, lo que imposibilita contar posteriormente con alzamiento desde el Juzgado de Policía Local", detalló.

En el caso de Concepción, el corralón ubicado en el cerro Chepe tiene una capacidad máxima de 370 vehículos aproximadamente. Actualmente tiene aparcados 330 vehículos (225 vehículos y 105 motos), los que provienen principalmente de causas de Fiscalía por concepto de la Ley 20.000.

Aldo Mardones, administrador municipal de Concepción, dijo que también han realizado remates para liberar espacio, así como también un trabajo de ordenamiento al interior del corralón para generar más espacios.

"Durante fines del año 2017 y principios del 2018, se procedió a efectuar mejoras en el terreno, a través de una estabilización del mismo, a fin de tener un mejor ordenamiento de los vehículos y sectorizar la ubicación de estos. También realizamos el cambio del total de luminarias por unas de tecnología LED, mejoramos los portones de acceso, desratizamos el lugar de manera continua y los desmalezamos", dijo.

En ese periodo, agregó, lograron deshacerse de 279 vehículos. Para generar más cupos, anunció que está programado un remate para el próximo nueve de agosto, en donde pretenden prescindir de otros 10 vehículos más.

CATASTRO

Por ello, Aravena dijo que ya oficiaron a los municipios locales para conocer la real capacidad de éstos y así programas las rondas de fiscalización con el respectivo retiro de vehículos que se indica en la Ley.

"Según la información que tenemos, está copado el corralón de Concepción; algo o poca disposición en el de Chillán y en el resto no tenemos. El de Los Ángeles también están copado", agregó.

"Nosotros hemos oficiado a los municipios para que nos digan formalmente que disponibilidad tienen respecto de cada uno de sus corralones o qué van a hacer en caso de que no los dispongan para poder usar esos espacios. No hemos tenido respuesta de ellos todavía, esperamos que nos informen para conocer la realidad con la que contamos", agregó.

La autoridad de Transportes expresó que espera que aquellos municipios que no tienen capacidad, hagan los esfuerzos para poder generarlos "porque cuando queremos ejercer la autoridad que nos corresponde, también tenemos que tener la disposición de espacio para poder seguir con lo que procede".

Una querella por los delitos de robo y receptación de cables del tendido eléctrico fue presentada ayer por la empresa Frontel, en compañía de la Municipalidad de Santa Juana y la Seremi de Energía.

La acción legal fue interpuesta en el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Juana, ya que el robo quedó al descubierto el pasado 30 de julio en el sector Tanahuillín de dicha comuna, en que se sustrajeron más de 3.000 metros de cable de cobre y se destruyeron 12 postes, viéndose afectados más de 2 mil familias de los sectores rurales de Santa Juana.

"En lo que va corrido del año, como Frontel se han presentado más de 40 querellas en la Región del Biobío, lo que corresponde a 98 mil metros de cable de cobre robados en diferentes comunas, siendo los sectores rurales los más afectados", señaló el gerente zonal de Frontel Biobío, Fernando Caire. En el caso de Santa Juana ya se han producido cuatro robos en lo que va del año.

El ejecutivo aseguró que "los costos de este delito para las distribuidoras no son comparables con el gran daño que se le ocasiona a la comunidad, porque el trabajo que debemos efectuar para reparar las redes es de tal complejidad, que muchas veces los usuarios afectados deben permanecer sin energía por extensas jornadas".

Durante la presentación de la querella estuvo presente el alcalde la Santa Juana, Ángel Castro quien manifestó su preocupación por los hechos que han afectado a su comuna y recalcó "estamos con Frontel y con las autoridades regionales acompañándolos en esta acción, en esta querella contra quienes resulten responsable, porque es un tema que más allá del robo de cable, se ha generado un malestar tremendo en los vecinos estar tantas horas sin luz, esperamos que esta acción a través de la justicia se dé con los responsables y esperamos que este hecho no se vuelva a repetir ".

Un grupo de treinta personas se reunió ayer en los Tribunales de Justicia de Concepción. Eran familiares de detenidos desaparecidos, ex presos políticos y jóvenes comunistas y socialistas que protestaban por los recientes fallos de la Corte Suprema, que dejaron en libertad condicional a siete presos que cumplían condena por crímenes de lesa humanidad en el penal de Punta Peuco.

Luego de leer con megáfono en mano una declaración de dos páginas, Yolanda Concha, dirigente de la Agrupación de ex presos políticos, reconoció que tanto ella como sus compañeros están "verdaderamente choqueados" por la decisión de la Corte.

"Es algo que no esperábamos, porque de un tiempo a esta parte podíamos decir que sí había habido justicia con respecto a lo que nosotros estábamos pidiendo", afirmó.

Mientras, Matías Muñoz, presidente regional de las Juventudes Comunistas, aseguró que esta es una acción "que nos genera una vergüenza como país y provoca indignidad en los familiares de los torturados y detenidos desaparecidos".

Por esta razón, Concha aseguró que acudirán a la Corte Internacional a exigir justicia, "ya que los jueces supremos se transformaron en cómplices de la dictadura pinochetista".

LA MARCHA

Tras gritar consignas en contra de la justicia chilena durante 30 minutos, los manifestantes decidieron abandonar la plataforma del edificio con la finalidad de marchar hacia el paseo Barros Arana. Bajo la escueta lluvia, una fila de carabineros los esperaba en la intersección de Castellón.

Casi al instante, los peatones que transitaban bajo las "Tulipas" fueron testigos de un forcejeo entre los funcionarios policiales y los manifestantes. Estos últimos buscaban seguir su camino en dirección a la Plaza de la Independencia.

La misma escena se registró hasta la esquina de Colo Colo, mientras terrones de tierra volaban por encima de las cabezas de los involucrados en los incidentes, que no dejaron detenidos.

Además, los manifestantes anunciaron que complementarán distintas acciones con las organizaciones sociales, de manera de crear una especie de movimiento permanente.

Incidentes

Pese a los momentos de tensión entre Carabineros y los familiares de detenidos desaparecidos y ex presos políticos, no se registraron arrestos.

Condenas

Los siete reos del penal Punta

Peuco cumplían condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

Una víctima fatal dejó una balacera registrada ayer en el sector de Boca Sur, comuna de San Pedro de la Paz.

Según relató el comisario Jorge Abatte, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Concepción, Yani Pino Fuentes (26), quien además contaba con antecedentes por homicidio en 2017, llegó en su vehículo hasta el hogar de un familiar, momento en el que fue atacado "por una o más personas" con armamento de fuego.

"(Los victimarios) le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole lesiones de gravedad", mientras se bajaba del automóvil, detalló el comisario. La víctima fue trasladada por familiares y vecinos hasta el Hospital Regional, donde finalmente se declaró su fallecimiento.

Durante la misma tarde, pero en Concepción, otras dos balaceras alertaron a los vecinos. La primera de ellas se registró en la esquina de Caupolicán y Maipú, en donde un hombre fue baleado en su pierna izquierda. Testigos de una carnicería ubicada en esta esquina comentaron que otros dos hombres dispararon solo una vez en contra del sujeto.

En tanto, el segundo suceso ocurrió en la intersección de las avenidas O'Higgins y Paicaví. De acuerdo a Carabineros, se trató de un intercambio de balas entre ocupantes de dos vehículos.