La agenda de Julio Contardo no se detiene. Los últimos días, explicó, han sido de un intenso trabajo que sólo se detendrá el miércoles cuando deje el cargo de fiscal regional del Biobío y entregue el mando a Marcela Cartagena. "La idea es dejar una fiscalía ordenada, hacer un traspaso lo más adecuado posible y terminar con los compromisos adquiridos", contó.
Una de esas tareas fue entregar la investigación en el denominado Caso Corpesca al fiscal Xavier Armendáriz, tras casi dos años a la cabeza de la indagatoria y cuyo principal imputado es el ex senador, Jaime Orpis (UDI).
A días de cerrar ocho años de gestión en la Fiscalía Regional del Biobío, Julio Contardo afirmó que el balance es positivo y respaldado por avances en infraestructura y tecnología con la creación de la Unidad de Análisis Criminal y focos Investigativos. El proyecto local fue replicado en todo el país. "Hoy esta fiscalía es un referente nacional", afirmó.
Respecto a su futuro, el abogado planteó que son distintas las alternativas que maneja, tanto en el servicio público como privado. "Un profesional especializado en cualquier área genera interés en el ámbito público y privado, así que hay tranquilidad de mi futuro", dijo.
BALANCE
-Yo termino contento por varias razones. Creo que en el proceso que me correspondió asumir es un periodo de consolidación de la fiscalía, ya la instalación la había hecho la fiscal Hassi y dentro de este periodo nos propusimos desarrollar varias áreas y hoy las cifras que uno puede presentar son positivos para la región. Me voy contento por el apoyo de los fiscales, quienes han manifestado su cariño y porque hoy tenemos una institución fortalecida.
-Eso es un error. Las cifras están equivocadas. Nosotros en materia de sentencias condenatorias han aumentado en un 8,5% desde 2011 a la fecha. Estamos hablando que en 2011 teníamos 11,512 condenas y el 2017 teníamos 12,480. En materia de absoluciones, para ser bien precisos, el 38% de las sentencias son absolutorias y no las cifras que cita la Defensoría. Nosotros tenemos un proyecto de revisión de la calidad de sentencias y de trabajo y uno de los enfoques que hemos dado es revisar las absoluciones para proponer mejoras en términos de la gestiones.
-Creo que la senda marcada un poco por las gestiones anteriores implican una mejoría por la calidad de nuestros servicios. Nosotros creo que somos una institución que está consolidada, creo que tiene reconocimiento y nos hemos puesto a disposición de las personas para articular respuestas más satisfactoria. Creo que en ese sentido que queda mucho por recorrer. Una de las satisfacciones más importantes es que fuimos muy innovadores. Creo sinceramente somos jóvenes como instituciones y debemos mirarnos de forma permanente para mejorar.
PLATAS POLÍTICAS
-El caso Corpesca fue un tremendo desafío. Hubo una exigencia puntual para conformar un equipo de trabajo multidisplinario que convocara la Fiscalía Regional del Biobío y además a la Fiscalía Centro-Norte que, por cierto, fue un desafío y una responsabilidad que quise llevar a puerto con una investigación completa, profesional y que nos permitiera llegar a una convicción de que podíamos llegar un juicio oral, por eso nosotros acusamos. Creo que es una investigación robusta, creo que es una investigación que esperamos tenga los fines que se proponen con la acusación mediante las condenas. Naturalmente el mismo equipo va a seguir trabajando y así lo definió el fiscal Armendáriz con quien pude conversar hace unos días atrás. Yo tengo una tremenda confianza en el fiscal Armendáriz y creo que los resultados los van a acompañar.
-Nosotros estimamos que sí habrá penas efectivas, hay convicciones para ello. Hemos señalado que todavía existen posibilidades de procedimientos abreviados, porque las penas pueden permitir por ejemplo en el caso de la empresa, la diputada (Marta) Isasi. Sin embargo lo que siempre hemos sostenido que la situación del senador Orpis es diametralmente distinta. Las penas que él arriesga no le permiten llegar a un procedimiento abreviado por lo tanto son penas privativas de libertad. El proceso es tan robusto que el senador se ha mantenido en prisión preventiva o con medidas cautelares como el arresto domiciliario.
-Lo que nosotros pudimos establecer en ese caso son las situaciones puntuales respecto de dos parlamentarios, que no sólo decía relación con la empresa sino que un modus operandi para un financiamiento personal del senador o la diputada, que va más allá del concepto de financiamiento de la política. En este caso concreto se trata de una empresa que ofreció, pagó dineros al senador por acciones que desarrolló en el marco de su función parlamentaria.
