Futuro estatuto laboral genera debate en el mundo universitario
De empaque en el supermercado, tomando la orden de comida rápida o vendiendo las entradas en el cine. Esos son algunos de los empleos en los que puede verse a estudiantes de educación superior.
Aunque no hay estadísticas específicas de este segmento, según la 8° encuesta de la juventud realizada por el Injuv, el 42% de las personas jóvenes trabaja, mientras que un 15% se encuentra buscando un trabajo.
Por ello la discusión en el parlamento del proyecto de ley que crea un Estatuto Laboral para Jóvenes, incorporando un contrato especial para estudiantes de Educación Superior, se ha instalado en la agenda estudiantil en los últimos meses, luego de que el proyecto ingresado en junio de 2013 adquiriera carácter de suma urgencia en marzo pasado.
El proyecto fue aprobado en su primer trámite por la Cámara Baja hace dos semanas y considera, entre otros aspectos, que los jóvenes sólo pueden trabajar por 30 horas semanales, mantienen su condición de carga familiar y sin impedimento para acceder a beneficios estatales.
Las federaciones estudiantiles de las universidades locales cuestionaron la proyección que tendrá la nueva ley, calificándolo como el primer paso a la precarización laboral del mercado juvenil, lo que ha llevado a la Confech a nivel nacional a movilizarse para evitar que el proyecto se convierta en ley.
En la Región hay 150 mil personas adscritas a algún programa de educación superior.
PROYECCIÓN E IMPACTO
Claudia Maldonado, presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Concepción (UdeC), que alberga a 25 mil estudiantes, explicó que una de las principales aprensiones dentro del mundo universitario tiene que ver con la extensión de las jornadas laborales y la ausencia de vacaciones pagadas dentro de los contratos.
"El rechazo no es porque no exista una normativa. De hecho la creemos necesaria, pero este proyecto tiene problemas centrados en la calidad y precarización laboral para los jóvenes", dijo.
Joel Arroyo, presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Católica de la Santísima Concepción, agregó que este proyecto de ley podría atentar contra otras vías de contratación, lo que afectaría no solo a los estudiantes.
"Es un retroceso a decenas de años de triunfos de la clase obrera. Esto afecta a gremios como el del retail, donde ya las condiciones eran precarias, y se vulneran derechos como el fuero maternal o la sindicalización", expuso.
Ambos dirigentes emplazaron al Gobierno a retirar la urgencia a esta iniciativa que se comenzará a discutir en el Senado en los próximos días. Claudia Maldonado detalló que hay "poco tiempo para llevar adelante acciones concretas. Nos hemos preocupado de difundir los aspectos negativos, pero la apuesta es avanzar en que se retire el proyecto, pero también a configurar un proyecto que regule el trabajo joven. En Concepción hemos ido generando redes con sindicatos de trabajadores estudiantes, a quienes convocamos para reunirnos para proyectar la agenda que se viene".
GARANTÍAS
Durante una visita al café Rendibú del centro penquista, que se caracteriza por la contratación de jóvenes universitarios como cajeros y baristas, autoridades regionales abordaron los alcances del proyecto de ley y también respondieron a las críticas emanadas del mundo estudiantil.
Francesca Parodi, seremi de Gobierno, explicó que "se debe tener claro que se busca ayudar a las personas que trabajan y estudian. Las observaciones se pueden hacer, y lo relevante es que nos hacemos cargo de una realidad olvidada en nuestro país".
Carlos Jara, seremi del Trabajo aclaró que los beneficios previsionales no se perderán y las cotizaciones en salud podrán ser seleccionadas. "Existen obligaciones que esta ley tiene bastante claras, y no hay que encandilarse con críticas ideológicas. Se busca que los jóvenes que quieran trabajar lo hagan con un régimen protegido", enfatizó.