Este martes el directorio de la corporación que preside el proyecto Parque Científico y Tecnológico del Biobío (Pacyt), sociedad público-privada entre el Gobierno Regional (Gore) y la Universidad de Concepción (UdeC), tendrá una de sus sesiones más relevantes de los últimos meses.

En la reunión los directivos definirán cual será la estrategia con la que abordarán el reingreso a Contraloría de la adjudicación de las obras de urbanización de los terrenos, considerando que en abril pasado el órgano fiscalizador se abstuvo de tomar razón de otorgar los trabajos a la constructora Valko por $13.800 millones, monto que será financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr).

El seremi de Obras Públicas, Daniel Escobar, mencionó que "lo que la Contraloría ha observado está representado en el artículo (que se utiliza como argumento para no tomar razón), y lo que queda es reformar el modelo de negocios presentado, por lo que se han juntado los equipos jurídicos e incluso con el contralor regional".

Desde el Gore reconocieron estas dificultades y por ello están de acuerdo con la idea de reformular del proyecto, apostando a que la UdeC disponga recursos propios para la urbanización de terrenos, mientras que los fondos ya comprometidos se utilicen en una fase posterior del proyecto.

Este hecho genera preocupación en el Consejo Regional (Core). Flor Weisse, presidenta de esa instancia, contó que pedirán volver a evaluar el proyecto en caso de que el directorio realice cambios sustanciales a lo presentado antes de la aprobación de recursos.

Desde comunicaciones de la UdeC declinaron entregar mayores detalles sobre el trabajo en torno al Pacyt, argumentando que hablarán después de la reunión del martes, la que se realizará en las oficinas de la vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.

ARTICULO EN DUDA

En el documento de una carilla emanado por la Contraloría el pasado 13 de abril, se da cuenta de que el proyecto no se apega a derecho, debido a que "no se pueden ejecutar obras en predios de dominio particular con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo para las Regiones (Fndr)".

El Core aprobó en diciembre de 2014 la inversión de $13 mil millones -que actualmente alcanzan los $15 mil millones-, y las obras se emplazarán en los predios La Cantera y El Guindo de la UdeC, corporación de derecho privado sin fines de lucro.

El documento que dio respuesta al ingreso de la adjudicación de obras señala que "no se verifican las condiciones previstas en el artículo 70, letra f, de la ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, para la transferencia de los bienes que se adquieran o construyan con recursos del Fndr".

El artículo señala que todos los bienes construidos vía transferencia de fondos del Fndr deben atender servicios de utilidad pública desde el momento en que el intendente asigne tales recursos.

"Esta transferencia deberá formalizarse mediante resolución del intendente, que se expedirá en un plazo no superior a 90 días, a contar de la fecha de recepción de los bienes adquiridos", consigna la normativa.

El seremi de Obras Públicas, Daniel Escobar, descartó que con esta observación se cuestione la viabilidad del proyecto o que este se encuentre en riesgo, pues aún tienen la opción de reformar el modelo de negocios presentado.

Además, dijo que entre las estrategias con que se abordarán se considera tanto "buscar un modelo distinto a lo que señala el artículo 70 como alternativas que se respalden en el artículo".

REVISIONES

Ante la posibilidad de que el Pacyt sufra alteraciones o modificaciones, la presidenta del Consejo Regional, Flor Weisse, reaccionó con preocupación, pues reconoció que esta iniciativa es fundamental para el desarrollo de la Región.

"Sé que se están sosteniendo conversaciones con la Contraloría, y me parece pertinente y conveniente que se esté trabajando en responder las observaciones realizadas que impiden el traspaso de recursos", planteó. Además hizo especial hincapié en que el proyecto no debe sufrir cambios sustantivos en su estructura y modelo de gestión, respecto a lo que el Core aprobó a fines de 2014.

"Nosotros aprobamos un proyecto que hoy tienen observaciones, las cuales deben corregirse para que no cambie y se resguarden los recursos. Si hay modificaciones de fondo, también significa que sería distinto a lo que se aprobó en el Consejo Regional, por tanto debiese existir una reevaluación de los órganos pertinentes", analizó Weisse.

Agregó que ser así, el Consejo Regional "debe conocer cuáles serán esas modificaciones".

Hablar de su propia experiencia y analizar la crisis de la Iglesia chilena en la actualidad. Ese era el foco de la visita a Concepción de Juan Carlos Claret, vocero de la Organización de Laicos de Osorno, la que lideró la solicitud de la salida del obispo Juan Barros.

Y si bien la reunión con católicos penquistas estaba programada hace un mes y medio, coincidió con la denuncia por violación que enfrenta el sacerdote Hernán Enríquez Rosas, hecho que -según la familia denunciante- habría ocurrido el 2002 en el Seminario Menor.

Sobre este caso, Claret reconoció que en un principio dudó sobre su veracidad, pero cambió de opinión cuando Fernando Chomali, arzobispo de Concepción, reconoció que existía la denuncia y que esta se está investigando.

"En esta época las personas que hacen pública una denuncia, lo hacen con su identidad. Lo miré con escepticismo porque en las últimas semanas han salido denuncias falsas en Osorno, que después no eran", detalló.

Actualmente Enríquez se encuentra separado de sus funciones clericales y docentes y el arzobispado está a la espera de que la familia que hizo la denuncia en 2002 a través de un correo electrónico, se acerque para entregar más antecedentes sobre lo ocurrido.

Para el joven laico, el trabajo de la comunidad debe estar concentrado en exigir un cambio desde el interior de la Iglesia para eliminar "el mecanismo estructural del encubrimiento y abuso, que es normativo para ellos".

NEGLIGENCIA

Por lo mismo, Claret criticó el rol de Chomali y planteó que no debería ser designado cardenal.

"Él (arzobispo) se escuda en que el papá de la víctima no se le acercó, pero eso no es causa suficiente cuando en el contexto de una investigación, Chomali debió haberse acercado. Es al revés, ellos son los pastores y la pregunta es ¿por qué si Chomali tenia los datos, los contactos, no fue donde ellos?", señaló Claret.

Al respecto, el arzobispo explicó el martes pasado que el único contacto que tenía de la familia denunciante era un correo electrónico y que cuando intentó reunirse con ellos no tuvo más comunicación.

El representante de los laicos enfatizó que "desde 2010 el Papa Benedicto XVI cambió la normativa del Derecho Canónico, donde toda denuncia que involucre a un menor de edad cuando ocurrieron los hechos, deben remitirse los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe y esos antecedentes, incluido el correo del papá de la víctima, no fueron remitidos".

Sobre la posibilidad de que Fernando Chomali sea designado como cardenal, Claret puntualizó que -a su juicio- es poco probable.

En relación a lo que debería pasar de ahora en adelante tras esta denuncia, el vocero de los laicos de Osorno recalcó que "los cambios van a ocurrir en la medida en que la comunidad los exija", valorando que a nivel local se estén organizando, tal como ha ocurrido en otras comunas.

En relación a hechos concretos, cree que la Iglesia debería cambiar los accesos a la información para que se conozcan antecedentes ocultos sobre investigaciones a sacerdotes.