Luego que la nuera de la ex Presidenta Bachelet, Natalia Compganon, fuera condenada de manera unánime como autora de delitos tributarios en la arista madre del denominado caso Caval, su abogado, Antonio Garafulic, dijo ayer que "respetan" el fallo pero no descartó que puedan presentar un recurso de nulidad.

Sin embargo, dijo el jurista en entrevista con "Copperativa", esa será una decisión que tomarán después de conocer la sentencia, fijada por el Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua para el próximo 24 de julio.

Tras tres años de investigaciones, el tribunal absolvió por soborno al ex socio de Compagnon en Caval, Mauricio Valero, así también como a la empresa. Esto, mientras que a la esposa de Sebastián Dávalos se le reconoció la emisión de al menos una boleta ideológicamente falsa, de las doce por las que se le acusó.

Esto último fue destacado por Garafulic, puesto que pese a que la Fiscalía expuso que su representada tenía conocimiento y cometió dolo respecto de 12 facturas entre 2012 y 2015 "el tribunal señala que ya no serían las 12, sino que a lo menos una sería ideológicamente falsa, no individualizando cuál era, lo que nos deja en definitiva bastante expectantes".

una pena menor

Así, el defensor de la nuera de la ex Presidenta Bachelet comentó que esperan que el fallo del tribunal confirme una pena menor a la que pidió el Ministerio Público, de cuatro años de presidio efectivo, además de una multa de 300% del impuesto evadido por la empresa, en base a la emisión de las 12 boletas, alcanzando un monto de $108 millones.

"Estamos hablando de que si 12 facturas tenían pena de cuatro años, una factura la pena parte de 541 (días) y si no hay circunstancias agravantes, de acuerdo a lo que dijo el tribunal, la pena parte en el grado mínimo y puede bajar atendiendo las tres circunstancias que se alegaron. De hecho la defensa pidió una pena de 21 días", detalló Garafulic al medio citado.

Pese a que el fiscal Sergio Moya evaluó positivamente los resultados del proceso, el abogado de Compagnon difirió de esta visión, ya que no se comprobó la tesis del Ministerio Público respecto al delito de especulación, por lo que el abogado considera "como fracaso rotundo y absoluto" el juicio.

"Si voy a un juicio por tres capítulos, pierdo dos absolutamente rotundo y en el tercero voy por doce (imputados) y me condenan por una (Compagnon), no veo dónde está el éxito", agregó el jurista.

La Fiscalía de Rancagua y equipo del OS-9 de Carabineros detuvieron ayer al ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo (56), acusado de siete casos de abuso sexual y estupro contra menores.

El religioso se autodenunció por abuso en enero de este año -dos semanas antes de la visita del Papa Francisco a Chile-, ante la Oficina Pastoral de Denuncias, lo que le valió ser alejado de sus funciones.

Posteriormente, en mayo, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio en su contra, tras darse a conocer los hechos que habrían afectado a cuatro jóvenes, pero ahora se habla de siete afectados.

Ante esto, la Fiscalía decidió incautar documentación de la diócesis de Rancagua y el Tribunal Eclesiástico con el propósito de encontrar expedientes canónicos, investigaciones previas y antecedentes que tuvieran relación con una serie de denuncias que apuntaba a un grupo de sacerdotes de la región de O'Higgins, y por las cuales se suspendió a 14 de ellos.

Los hechos ocurrieron presuntamente entre 2002 y comienzos de este año, cuando las víctimas tenían entre 11 y 17 años; cinco menores abusados son sobrinos del religioso, otro corresponde a uno de sus acólitos y el restante es un joven que habría sido abusado en Rancagua en 2004.

recibía denuncias

El fiscal a cargo de la investigación, Emiliano Arias, planteó que Muñoz "tomaba las denuncias de las víctimas" de abusos, por lo que también podría ser acusado de encubrimiento.

"Se trataba de una persona que conocía cómo se tomaba la denuncia, que participaba en estas mismas denuncias y que en definitiva también cometía el mismo tipo de delito", señaló el fiscal regional de O'Higgins, explicando que "el encubrimiento y la autoría son incompatibles entre sí para la responsabilidad penal, pero como conductas es una de las hipótesis que le da gravedad a este hecho".

Así también, Arias informó que se indaga la posible existencia de un grupo que haya permitido la comisión de estos ilícitos. "La asociación ilícita es una figura bastante compleja de establecer. Las personas se tuvieron que haber organizado en un inicio para hacerlo y no creo que ese sea el caso acá. Si podemos establecer una hipótesis de agrupación y en esas caben figuras de complicidad o encubrimiento".

"dolor" de ezzati

Muñoz era asesor directo del titular del arzobispado, el cardenal Ricardo Ezzati, quien tras la detención manifestó que "siento un dolor muy grande por él, por su familia y por las víctimas".

Seguido de ello, expresó "un pensamiento muy cercano y cordial a las víctimas que han sufrido de parte de él (Muñoz) estos abusos y finalmente el deseo de que la justicia tenga la última voz".

Además, el cardenal señaló que "el Arzobispado de Santiago reitera la disponibilidad de colaborar con la justicia en todo lo que sea requerido".

En ese sentido, Ezzati explicó que durante la jornada "el OS9 de Carabineros volvió a presentarse al Arzobispado de Santiago" y solicitaron "todas las piezas de investigación, tanto aquellas de carácter de denuncias de investigaciones previas, y todas aquellas que hubieran sido puestas en conocimiento de la Congregación para la Doctrina de la Fe a partir del año 2007".

Que compró las acciones antes de asumir su cargo y que instruyó que fueran vendidas, aseguró ayer el ministro de Salud Emilio Santelices, luego de que se supiera que compró títulos por $40 millones en Sonda, empresa que mantiene un contrato con el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

La compra fue revelada por un reportaje de Mega, en el que se informó que se hizo a través de la Sociedad Médica San Gabriel Limitada, el 13 de marzo de este año, por lo que podría existir un conflicto de interés.

Según el medio citado, Sonda mantiene contratos con Fonasa por US$2 millones por un software para la gestión de licencias médicas y el control de listas GES, vínculo contractual que está bajo la dependencia del titular de Salud.

la defensa del ministro

Santelices se defendió asegurando que las acciones fueron adquiridas en 2017, no este año, y que instruyó venderlas.

"Quiero ser extraordinariamente claro y categórico, hay una inexactitud en lo informado. Está acreditado que esas acciones, que corresponden al 0,000039% de lo que significa esa propiedad, fueron compradas en julio de 2017 por la corredora y cuando yo me entero de esta situación, hace dos días, hice que se vendieran", dijo, descartando que exista "conflicto de interés".

En su defensa, el secretario de Estado hizo alusión a los contratos que mantiene Sonda con Fonasa, argumentando que el último convenio fue suscrito en noviembre de 2017, "en consecuencia, aquí no hay ningún conflicto de interés", enfatizó.

Santelices reveló que puso todos los antecedentes a disposición del Consejo de la Transparencia para que "puedan tomar cabal conocimiento de esta situación. De tal manera que con esto quedemos con la absoluta certeza de que aquí no hay ningún conflicto de interés".

Al ser consultado por qué no había vendido las acciones antes de asumir, respondió que porque "estaba en desconocimiento". "Me preocupé particularmente de vender, antes de asumir, las acciones que yo poseía en Clínica Las Condes. Por consiguiente, yo no tenía ningún antecedente que me hiciera establecer que esta empresa tenía convenios con organizaciones ligadas a Salud", añadió.

copias de facturas

Desde el Minsal explicaron que las acciones fueron adquiridas el 19 y 21 de julio de 2017 por medio de la Corredora Inversiones Security y enviaron copias de las facturas que sustentan dicha información.

Sobre la equivocación expuesta por Santelices, dijeron que "se trata de un error cometido por el contador del ministro a la hora de publicar, en su declaración de patrimonio e Intereses, la propiedad de estas acciones".

El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, respaldó la defensa de Santelices y descartó que su par haya incurrido en alguna ilegalidad. "Por de pronto no incumple ninguna norma, hoy existen normas en cuanto a deberes de abstención e inhabilidades que establecen lo que podemos o no hacer los funcionarios públicos, y en esta materia existe una norma específica que el ministro las cumple completamente", dijo a radio "Universo".

Pese a lo expuesto, la situación generó críticas de la oposición, entre ellas del senador de la DC Ignacio Walker, quien opinó "hubo negligencia, tendría que haber sido precavido, haber vendido las acciones al momento de asumir".