De visita en la zona, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, instruyó el inicio de una investigación para determinar si hubo pago de sueldos en circunstancia que no corresponden dentro de los programas proempleo de la Región.
La medida fue anunciada ayer en la reunión que sostuvo con diversas organizaciones que administran cupos de trabajo de estas características y responde a las denuncias que han surgido sobre personas que estando privadas de libertad recibieron remuneración.
"Instruí a nuestra Unidad de Proempleo que iniciara tanto una auditoría como un sumario, para ver si hay casos en los que alguna ONG, que son los ejecutores, han estado pagando sueldos en circunstancia que no corresponden. En ese caso, instruí que se inicien los sumarios y se apliquen los procedimientos que correspondan", declaró la autoridad nacional.
Primeras denuncias
De los tres casos que se han denunciado públicamente, el coordinador regional de los Proempleo Línea Intendencia, Felipe Pulgar, aclaró que ya habría antecedentes concretos respecto a una de estas situaciones. Correspondería a una persona de Tirúa, que a la que se le pagó sueldo por un año pese a estar con arresto domiciliario total.
Las otras dos denuncias corresponden a dos mujeres, una que también habría estado con arresto total por 158 días y otra que estuvo en 2010 en la Cárcel el Manzano de Concepción.
El subsecretario del Trabajo adelantó que solicitó un levantamiento de información para tener certeza de la cantidad de casos en la zona, que concentra 15 mil de los 22 mil cupos del país.
La investigación que se desarrolle también determinará si este tipo de situaciones es reciente o si se arrastraba en el tiempo.
"Tenemos que actuar con prudencia, pero también con firmeza, ya que el uso de los recursos públicos no puede ser objeto de malas prácticas. Y a cualquier institución que realice estos actos se le debe aplicar las sanciones", enfatizó Arab.
Sin entrar en detalle, la autoridad nacional de la cartera del Trabajo explicó que si se confirman las irregularidades se deberá ver qué sanciones aplicar, aunque deslizó que podría haber acciones civiles indemnizatorias por no cumplir con el procedimiento e incluso penales.
REUNIÓN
En la reunión realizada ayer en la Intendencia, las organizaciones de los empleos de emergencia -que agrupa a los Proempleo, Sence y PMU- entregaron una propuesta para reducir la cantidad de cupos que hay en la Región del Biobío.
El presidente de la coordinadora de regional de los Programas de Empleo, Juan Carlos Tapia, comentó que la propuesta va en la línea de reducir los cupos de empleo.
Tapia expuso que están abiertos a negociar una reducción de la cobertura del programa, pero generando "políticas que den garantías de trabajo y estabilidad" a los trabajadores.
Por eso, la directiva de la agrupación entregó un documento con cuatro propuestas, las que ya habían sido expuestas a la administración anterior. Estas apuntan a que a los adultos mayores que estén en edad de jubilar se le entregue una pensión de gracia, debido al daño previsional que han tenido estos años por el bajo sueldo que reciben.
Otro de los puntos busca que los beneficiarios que hoy prestan funciones en el sector público y que cumplan requisitos, puedan ser contratados por esas reparticiones, por ejemplo, con la modalidad de a contrata.
Los otros dos puntos son: capacitaciones con horas teóricas y prácticas suficientes para que los trabajadores se sientan con las competencias para tener un mejor empleo y que se mantenga un programa similar a los Proempleo, pero mejor estructurado.
El subsecretario del Trabajo respondió que en 30 días más se desarrollará otra reunión, donde se le presentarán a los dirigentes de los trabajadores las respuestas y alternativas a lo planteado.
Región del Biobío
De los 22 mil cupos de trabajo de emergencia, 17 mil se encuentran en la Región. En promedio cada beneficiario se mantiene casi ocho años en el programa.
