Con nueve días de desfase, ayer se entregaron los resultados del concurso de ideas que Ferrocarriles del Sur (Fesur), en conjunto con la Seremi de Transportes y el Gobierno Regional, organizado para definir cómo se abordará la superficie que se generará una vez que se soterre la línea férrea en Concepción, entre los puentes Llacolén y Bicentenario.

El proyecto ganador, presentado por los arquitectos osorninos Álvaro Parraguez y Óscar Luengo, considera una explanada amplia, cuatro edificios principales, bosques y espacios recreativos. "Si bien el concurso situaba una zona para intervenir, la ciudad es mucho más que la zona y la explanada. Es una construcción mucho más compleja", explicó Parraguez mientras detallaba en un mapa la extensión del diseño ganador.

"Queríamos que el proyecto se entendiera claramente desde todas las escalas. Desde la escala urbana, en donde proponíamos dos grandes franjas arboladas y dos laterales de bosques que pueden contener esta explanada; y también desde la escala de los edificios que proponemos en las cuatro esquinas, que tuviera una mirada clara y formal de lo que significaba articular la explanada con estos nuevos edificios públicos que se generan; ya sean bibliotecas, foros, plazas y la nueva estación de ferrocarriles", detalló Parraguez.

El diseño propuesto por la pareja de arquitectos servirá de antecedente para la ingeniería de detalles que se debe realizar del proyecto se soterramiento. La intervención se hará luego de que se soterre la línea férrea y contempla intervenir el eje comprendido entre la Plaza España hasta el Teatro Regional, además de dos brazos paralelos a la avenida Alberto Hurtado, entre los puentes Bicentenario y Llacolén.

SIN PLAZOS Y SIN FONDOS

Actualmente el estudio de ingeniería de detalles del proyecto de Conectividad Urbana, que considera el soterramiento de la línea férrea, registra un 27% de avance y su término se proyecta para el segundo semestre del próximo año.

"Las intervenciones urbanas de esta profundidad son tremendamente complejas. No solamente hay que soterrar la línea férrea, sino que también hay que pensar que pese a esas obras hay que mantener funcionando la ciudad y que la gente que vive en el sector pueda seguir accediendo, que las instituciones que hay aquí sigan funcionando y que los trenes sigan prestando su servicio, lo que es muy complejo y es parte del proceso de ingeniería determinar cómo operar con eso", dijo Víctor Lobos, presidente de Fesur.

Agregó que "no se puede hacer el soterramiento como primera cosa, sino que primero hay que cambiar de lugar el patio de maniobra de los trenes y otra serie de obras que se deben realizar primero antes de mover al tren hacia abajo".

Respecto de los plazos, dijo que eso se conocerá una vez que finalice la ingeniería de detalles. El resultado de ese proceso, agregó, también revelará el monto que significará la obra, por lo que una vez que se tenga ese antecedente se iniciará el trabajo para conseguir los fondos que se requieren para concretar la obra.

Cerca de 540 hectáreas vendidas irregularmente fueron detectadas por la seremi de Bienes Nacionales en la Región del Biobío, luego de un catastro realizado durante los últimos meses en conjunto con los municipios. También se detectó que la mayor cantidad de casos (21) están en la comuna de Los Ángeles y el 41% de los también llamados "loteos brujos" están en Chillán Viejo.

El seremi de la cartera, James Argo, explicó que "hablamos de loteos brujos cuando estamos ante casos en que una persona, de manera irregular, intenta hacer creer a las personas que van a poder lotear un terreno determinado, que el día de mañana van a poder contar con obras de urbanización y que después van a poder vivir ahí, siendo que los instrumentos legales y de planificación comunal no lo permiten".

La autoridad aclaró que el loteo irregular o malicioso es un delito, por lo que procederán con acciones judiciales una vez que completen el catastro de ventas fraudulentas en las demás comunas de la Región.

"Estamos haciendo el catastro, nos falta la respuesta de varios alcaldes, y con esa información en manos la idea es proceder", dijo.

El titular regional de Bienes Nacionales reconoció que la mayoría de las situaciones se detectó en sectores rurales.

Manifestó que por ahora se desconoce la cantidad de personas que podrían estar involucradas en este acto ilícito, sin embargo, las primeras indagaciones de la Seremi indican que "hay personas que han hecho de esto un oficio, también hemos detectado junto al alcalde (de Santa Juana) que hay algunas personas que se van corriendo y que partieron haciendo esto en la zona central y que ahora ya están en la Región del Biobío. La idea es frenarlos antes de que puedan seguir haciendo esto".

La subdivisión de predios rústicos está regulada por el decreto ley 3516 de 1980, en el que se precisa que las divisiones no pueden ser inferiores a 5 mil metros cuadrados. Respecto a las excepciones a la Ley, estas también están contempladas dentro de la misma normativa y Bienes Nacionales no tiene injerencia en ello, sino que son otros organismos, como el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Cualquier otra subdivisión menor requiere que se realice el cambio de uso de suelo, situación que debe ser validada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para que se ejecuten las respectivas obras de urbanización.

TRABAJO CON MUNICIPIOS

El alcalde de Santa Juana y presidente de la Asociación Regional de Municipalidades del Biobío, Ángel Castro, mencionó que "estamos levantando un catastro de loteos brujos en cada una de las comunas, estamos trabajando también junto con el seremi de Bienes Nacionales. Tenemos claro que estos loteos se están haciendo en zonas que son inundables, en donde históricamente han ocurrido incendios forestales, por lo que hay una falta de responsabilidad por parte de los especuladores que están comprando hectáreas para luego subdividirlas en espacios menores que no lo permite la Ley".

En efecto, el seremi James Argo precisó que "hemos detectado cerca de 500 hectáreas de loteos irregulares concentrados en distintas comunas. La idea es hacer un trabajo en conjunto con los municipios, con los conservadores de bienes raíces, con las asociaciones de municipios y con las autoridades en general para ir despejando estos casos, aclararlos y fijar ciertos criterios en común".

Por ahora se desconoce el avalúo de los terrenos involucrados en las denuncias, ya que los cálculos deben realizarse de acuerdo a la ubicación del mismo, su conectividad, el uso designado y la calidad del suelo, según explicaron desde la Seremi de Bienes Nacionales.

Argo confirmó que para detectar más casos, "el alcalde nos ha solicitado no solamente una mesa de trabajo, sino también una jornada con las distintas municipalidades y los distintos entes que tienen que ver con estos temas, para poder informarlos adecuadamente".