Horas claves se han vivido estos últimos días respecto al estado de las movilizaciones feministas en la Universidad de Concepción (UdeC), considerando que hoy concluye el primer semestre, según la calendarización fijada a comienzos de año.

Un grupo de estudiantes entregaron este miércoles una carta al rector Carlos Saavedra, solicitando que se depongan las tomas y se entreguen los seis edificios ocupados hasta el momento en las últimas diez semanas.

Javiera Araneda, alumna de cuarto año de Educación General Básica, explicó que "se solicitó al rector que se desalojaran las facultades, ya que en diez semanas no se ha logrado llegar a acuerdo. Se ha aplazado todo y sin lograr nada, y que se haga algo. Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de las movilizaciones, con los temas de acoso y el apoyo a las víctimas. Tomando los espacios no es la forma de resolverlo".

Rectoría señaló a través de un comunicado emitido el mismo miércoles que solo seis de las facultades de la casa de estudios se encuentran paralizadas. "Se ha hecho un esfuerzo para que estas comiencen sus clases en diversas instalaciones, y así poder cumplir con la calendarización dada a conocer hace algunas semanas".

Además, en la misiva explicaron que se alcanzó un nuevo acercamiento con representantes de las Mujeres Autoconvocadas, "y esperamos que este nuevo espacio sea fructífero, de manera que podamos continuar avanzando en la resolución del conflicto".

Después de dos días de reuniones y varias horas de conversaciones, los alcaldes de la provincia de Arauco se sintieron un poco más conformes con la respuesta que les entregó Obras Públicas respecto al subsidio para el peaje de Chivilingo, en la Ruta 160.

Este dejó de entregarse el 1 de julio, lo que implicó un aumento en un 42% en promedio en los precios de esa plaza de cobros.

Ayer, en La Moneda, Lucas Palacios, subsecretario de Obras Públicas, les comunicó a los jefes comunales de Cañete, Jorge Radonich, de Los Álamos, Jorge Fuentes y de Curanilahue, Luis Gengnagel, que solicitaron a Contraloría que analice la posibilidad de modificar el contrato con la concesionaria a fin de mantener el subsidio hasta el 31 de diciembre.

"Hay un contrato que está con un decreto supremo que fija las condiciones de ese peaje, por tanto no es simple ni depende de nuestra voluntad el modificarlo. Esperamos a que Contraloría nos dicte cuáles son las medidas que podemos tomar al respecto", detalló Palacios.

A la espera

Mauricio Alarcón, alcalde de Arauco y presidente de la Arauco 7, organización que agrupa a todos los municipios de esa provincia, dijo que "si bien valoramos el avance que hemos tenido en la reunión, no lo consideramos suficiente. Ojalá a la brevedad posible pueda haber una respuesta de la Contraloría y esperamos que pueda ser favorable".

Jorge Radonich, jefe comunal de Cañete, indicó que si bien no se dieron plazos, es positivo que estén evaluando una alternativa para mantener el subsidio en el peaje Chivilingo.

"Nos alegra que ya estén los documentos en la Contraloría, porque esa es la principal dificultad que tienen. La Contraloría se toma su tiempo", reconoció el alcalde.

Obras complementarias

Cuando terminó el pago del subsidio, Obras Públicas se comprometió a buscar financiamiento a 42 obras complementarias, las que se requieren para mejorar las condiciones de la carretera.

El alcalde Mauricio Alarcón mencionó al respecto que el gobierno comprometió 500 mil UF para la realización de las primeras intervenciones, las que deberían empezar a ejecutarse durante este año.

El seremi Daniel Escobar, mencionó que las obras deberían iniciarse en los siguientes meses. La primera será la del paso Pitraleo.

Los alcaldes que asistieron a la reunión solicitaron que se prioricen los accesos a Curanilahue y Arauco. Otras intervenciones tienen que ver con arreglos en accesos peatonales y seguridad vial.

Una denuncia por posible fraude al Fisco y falsificación de instrumento público interpuso el director (s) regional del Serviu, Ricardo Troncoso, ante la fiscalía de Lebu.

Troncoso detalló que las posibles irregularidades quedaron en evidencia cuando una empresa de factoring inició los trámites para recibir el pago del subsidio por la construcción de cuatro viviendas para familias de Curanilahue, bajo la modalidad de construcción en sitio propio.

En ese momento, añadió la autoridad, se descubrió que en la repartición no existían carpetas de los proyectos de edificación, aunque había documentos que acreditaban el ingreso de estas por parte de una empresa constructora.

Tras revisarse el documento que acreditaba el supuesto ingreso del expediente al Serviu, se comprobó que el timbre del oficio no correspondía al de la oficina de partes y que la Dirección de Obras del municipio de Curanilahue no había emitido los certificados de recepción.

Con estos antecedentes, mencionó el director (s) del Serviu, el departamento provincial de Arauco del Serviu detuvo el pago de los subsidios y comenzó la revisión de otros proyectos, asociados a esta empresa constructora, detectándose las mismas probables irregularidades en otros 25 casos, todos en la misma comuna. Aquí sí se pagaron los subsidios.

Los montos involucrados en este posible delito alcanzarían los $360 millones. Serviu inició una investigación interna.