Un serio revés podría recibir el ambicioso proyecto de un centro comercial de alto nivel que propone la sociedad Food Court S.A. y que busca levantar en la actual Galería Alessandri.

Es que de acuerdo con la versión del seremi de Bienes Nacional, James Argo Chávez, y según consta en un documento enviado por esta repartición en 11 de marzo de 2016 al Ministerio, donde se solicita el término de la concesión que en rigor se entregó a Food Court S.A. el 18 de mayo de 2011 y cuya escritura pública se concretó el 5 de agosto de ese mismo año, aunque el decreto que la sostiene, no existe.

La autoridad explica que entonces Food Court S.A. tenía un plazo de 10 meses para obtener los permisos de construcción. Eso no lo lograron. Luego, en abril de 2012 pidieron una ampliación del plazo, puesto que no sería posible cumpir con dicha prórroga, lo que se les otorga con fecha 30 mayo y ahora por un periodo de 12 meses más desdeque hiciera la escritura complementaria, lo que se concreta y modifica el 22 de septiembre y el 30 de diciembre de ambos de 2014, por lo tanto, la concesionaria ya tenía hasta 2015 para presentar los permisos de construcción correspondientes, precisa James Argo.

Sin embargo, llegado el día 22 de septiembre de 2015 y "habiendo transcurrido el plazo adicional de 12 meses otorgado a la Concesionaria "Food Court S.A." para la obtención de los permisos de construcción necesarios, esta no los obtuvo, incumpliendo con ello el plazo fijado para dicho propósito y contratos concesionales", explica el abogado y seremi de Bienes Nacionales.

Pero con fecha 31 de diciembre de 2015 la concesionaria solicita, en conjunto con el Centro Comercial Galería Alessandri, una nueva ampliación de plazo por 10 meses, y aquí es donde a juicio del seremi, el proceso se entraba, porque no es resorte de la Seremi entregar esos plazos sino que ello depende exclusivamente del Ministerio de Bienes Nacionales.

Detalla además, que ante todas estas demoras, la boleta de garantía reajustable que respaldaba la oferta estaba sujeta a la obtención de los permisos de edificación, se cobró. Ésta originalmente vencía el 14 de septiembre de 2015 y como consecuencia de las postergaciones se renovó con fecha tope 29 de febrero de 2016.

Argo afirmó que por ello es que con fecha 11 de marzo de 2016 se enviaron todos los antecedentes a la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales para que se resuelva respecto de esta concesión. Allí se manifiesta que en consideración a que "no existe Decreto Aprobatorio de la Escritura Pública de Concesión y sus respectivas modificaciones antes señaladas ...".

Esto quiere decir que podría dejar sin efecto los decretos 497 demayo de 2011 que otorgó la concesión a Food Court S.A. y 443 del 30 de mayo de 2014 que otorgó la concesión onerosa en favor de la primera y de Centro Comercial galería Alessandri S.A.".

Asimismo, se pide evaluar la situación de la garantía hecha efectiva por la Seremi considerando la inexistencia de un decreto aprobatorio de las escrituras respectivas.

El escenario entonces podría ser distinto.

Argo detalla que podría haber una nueva concesión a otros inversionistas, podría hacerse un licitación o, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr) asignar recursos para ese bien fiscal que, de acuerdo al documento enviado por la anterior Seremía al Ministerio, el recinto "requiere de mejoras urgentes que ya no pueden ser dilatadas debido a las reiteradas fallas en la seguridad de la edificación existentes, robos, cortes de luz y estado de precariedad, razón por la que "resolvió la administración de parte de los espacios contenidos en la concesión original, toda vez que ella no se encontraba iniciada en su plazo y sin antecedentes fehacientes que permitieran asegurar la concresión del proyecto".

La presidenta de Food Court S.A., Verónica Gatica reiteró en tanto, que la Concesión sigue estando vigente y aseguró que hasta ahora no ha recibido ningún documento en sentido contrario. Recordó que cuando se pidió la última ampliación de plazo nunca se recibió respuesta, lo que explica el retraso del proyecto y es lo que acusa como "faltas administrativas graves".