Tal como ocurrió el miércoles con los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió ayer el procedimiento abreviado contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.

Lo anterior, luego de que el tribunal admitiera el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Oriente con la defensa de Wagner, en el marco de la investigación del Caso Penta.

La fiscalía reformalizó a Wagner por delitos tributarios y enriquecimiento ilícito, eliminando el cohecho que se le había imputado en un comienzo. El ex subsecretario aceptó los hechos que se le imputaron.

Según los antecedentes, Wagner recibió $42 millones de Penta, en pagos bimensuales, mientras era subsecretario de Minería.

Ante este nuevo escenario, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, solicitó una pena de dos años de presidio menor en grado medio, y el pago dos multas del 50% del perjuicio fiscal y 40 Unidades Tributarias Anuales (UTA), por los delitos tributarios.

En tanto, por los cargos de enriquecimiento ilícito, se pidió el pago de $ 42 millones y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Con la misma fórmula, los controladores de Penta fueron condenados el miércoles por delitos tributarios, luego de que el Ministerio Público les retirara la acusación por soborno.

En esa oportunidad el fiscal Regional Oriente Manuel Guerra, argumentó que no existían antecedentes suficientes para acreditar el delito de cohecho.

cde acusa error

Tal como ocurrió en ese caso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, se mostró contrario al acuerdo de la Fiscalía y la defensa.

"Es un error del fiscal Guerra decir que como no resultó algunos de los actos hechos en favor de los señores Lavín y Délano no hay una ventaja inconexa, porque en realidad se frustró", aseguró en la audiencia la abogada del CDE, María Inés Horvitz.

El CDE, la Fundación Ciudadano Inteligente (CI), y el Partido Socialista (PS), acusaron a Wagner por cohecho reiterado, solicitando cinco años y un día de reclusión mayor en su grado mínimo y la inhabilitación de por vida a cargos públicos, más una multa.