El abogado José Luis Andrés anunció que presentará un recurso de apelación a la Corte Suprema para revertir la inadmisibilidad que dictaminó ayer la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, sobre la querella de capítulos que presentó el ex comisario Héctor Arenas en contra de la ministra Carola Rivas, que ve la causa de Jorge Matute Johns.

Con lectura resumida, la ministra Matilde Esquerré dio a conocer el fallo en el que se rechazó la alegación de la querellada en orden a la falta de requisitos de forma y que se declara inadmisible la querella de capítulos, que tenía como fin hacer efectiva la responsabilidad criminal de la magistrada por eventuales injurias que habría realizado en contra de Arenas en declaraciones hechas en medios de comunicación.

Específicamente, el fallo descarta que la ministra Rivas haya emitido declaraciones que atentaran contra el honor del ex detective, y que configuraran el delito de injurias graves con publicidad, como lo manifestó la parte querellante.

Las declaraciones de Rivas aludidas por Arenas tienen relación con apremios ilegítimos que se habrían utilizado para obtener declaraciones y con las líneas investigativas que desarrolló el ex funcionario de la PDI.

Según Andrés, los fundamentos que él planteó ante la Corte discrepan de la valoración que hicieron los magistrados de la cuarta sala sobre las declaraciones de Rivas respecto a la investigación por la desaparición y muerte de Matute Johns.

"Los dichos de la ministra provocaron un grave daño a la reputación de mi representado, puesto que tal como se dijo en la querella, ella le imputó obstaculizar una determinada línea investigativa, le atribuyó maltrato a testigos o de tener una actitud soberbia. Esas son infracciones que tienen claramente un ánimo de menosprecio y de menoscabo hacia su reputación", expuso el jurista.

La parte querellante tiene cinco días hábiles, a contar de ayer, para presentar la acción en el máximo tribunal del país.

DEFENSA

Para Ximena Sepúlveda, abogada de la ministra Rivas, el dictamen de los ministros va en concordancia de lo que fue su alegación, la que apuntó a que la jueza del Caso Matute no tuvo la intención de injuriar.

"Básicamente lo que ocurrió fue que ella (ministra Rivas) informó respecto del caso Matute en las distintas aristas investigativas que le correspondió indagar en su calidad de juez en el sistema antiguo", sostuvo la abogada.

Sobre la eventual presentación a la Suprema, Sepúlveda enfatizó en que mantendrán su alegación, ya que expresó que hay convicción de que su representada no injurió al ex comisario de la PDI. De esta forma, la abogada defensora aclaró que la ministra Rivas no tiene ningún impedimento para seguir a cargo de la emblemática investigación que busca esclarecer las causas y culpabilidades de la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns, ocurrida en noviembre de 1999.

La magistrada esta a cargo del caso desde julio de 2014.

Jueces y declaraciones

Consultado por la relevancia del fallo en lo relativo a que los ministros puedan hablar de casos a la opinión pública, el presidente de la Corte de Apelaciones, César Panés, expresó que se puede exponer información, pero que debe ser de carácter objetiva y si un miembro de un tribunal se excede en la forma debe asumir sus responsabilidades.

No obstante lo anterior, el magistrado sostuvo que "de acuerdo al mérito del fallo y a los ministros, estimaron que no había ánimo de injuria".

Sobre los comentarios de una posible defensa corporativa hacia la ministra, el presidente del tribunal de alzada penquista descartó aquello y aseguró que se siguieron los pasos apegados a la legislación. Añadió que si el querellante vio alguna inhabilidad en los ministros, no hizo valer las herramientas procesales que tenía para ello.

En fallo unánime, la tercera sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Servicio de Salud Talcahuano a pagar una indemnización de $40 millones a los padres de un recién nacido que falleció producto de un negligente procedimiento de parto con fórceps. Este fue realizado en el Hospital Higueras en julio de 2011.

"(…) cabe señalar que la situación fáctica establecida en autos, admite tener por justificados una serie de hechos que, analizados en su conjunto, permiten tener por configurada la falta de servicio consagrada normativamente en el artículo 38 de la Ley N° 19.966, pues claramente el Servicio de Salud, a través de su red hospitalaria -Hospital Las Higueras de Talcahuano- no otorgó a su usuaria, Cinthia Paredes Toledo, la atención de salud de manera eficiente y eficaz, por cuanto reaccionó en forma tardía ante una clara complicación del parto de la misma", sostiene el fallo.

Según la resolución, "el equipo médico del mencionado centro hospitalario no evaluó oportunamente la necesidad de llevar a cabo una cesárea, cuestión que de haberse realizado a tiempo habría impedido las funestas consecuencias derivadas de la utilización del fórceps por una persona que carecía de las habilidades para utilizar este instrumento médico".

El fallo concluye que "los antecedentes de hecho y de derecho demuestran que los sucesos a que se refiere la presente causa tienen la connotación necesaria para ser calificados como generadores de responsabilidad, puesto que se desarrollan en el contexto de la prestación de un servicio público, a través de agentes que se desempeñan en un hospital estatal, los que en ejercicio de sus funciones deben proveer las prestaciones médicas necesarias al paciente, de forma tal que se debe evitar exponerlos a riesgos innecesarios, sin escatimar esfuerzos para ello".

A fin de que se investigue el cuantioso daño que habría ocurrido en el Liceo Juan Bautista de Hualqui, el municipio en conjunto con la Seremi de Educación del Biobío ingresaron una denuncia en la Fiscalía de Concepción.

El alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, catalogó la destrucción del mobiliario del recinto educacional como un hecho de vandalismo, por eso hizo la denuncia ante el Ministerio Público.

Fuentes declaró que se le entregó un listado de 15 estudiantes que habrían tenido participación en los hechos.

"A través del Ministerio Público vamos a buscar las responsabilidades y alguien se tendrá que hacer responsable de esta situación", expuso el jefe comunal.

Fuentes también comentó que evalúan aplicar sanciones a través del reglamento interno que tiene el establecimiento educacional.

"Si se tienen que ir niños expulsados, se van a ir, porque no vamos a permitir que exista este tipo de conductas en nuestros establecimientos", declaró el alcalde de Hualqui.

El avalúo de los destrozos provocados en medio de una toma que buscaba mejoras en la infraestructura llega a casi los $7 millones. Principalmente, los daños son referidos a vidrios, electrodomésticos y mobiliario.

El recinto afectado tiene una matrícula que llega a los 660 escolares.

Desde el municipio recordaron que las primeras movilizaciones partieron el 18 de junio, cuando los estudiantes pidieron arreglos en infraestructura, calefacción , reparación de baldosas y mejoramiento de internet.

SEREMI DE EDUCACIÓN

En tanto, el seremi de Educación, Fernando Peña, también expresó su preocupación por la situación que ocurrió.

Aseguró que el ministerio de Educación y los municipios hacen esfuerzos para mejorar la educación publica, por lo que hizo un llamado a que se avance en soluciones, pero de manera pacífica.

"También hago un llamado a la seriedad y a la responsabilidad que tienen los apoderados (...) Si la responsabilidad cae en algunos estudiantes del liceo, van a tener que responder los padres", sostuvo el seremi de Educación.

Fernando Peña fue enfático en decir que lo ocurrido en Hualqui es inaceptable, porque se terminó una toma en saqueos, en robo y destrucción de mobiliario escolar.

Esta no es la única situación que debe enfrentar la ministra Rivas. Eso, porque el pleno de la Corte de Apelaciones tiene que resolver la queja administrativa que también interpuso el ex comisario Héctor Arenas.

El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, César Panés, contó que esa acción debería ser vista en dos semanas, aunque aclaró que dependerá de si hay quórum. No obstante, recordó que los tres ministros de la Cuarta Sala no tendrán participación en ésta.

Si el pleno determina responsabilidad de la ministra Rivas, podría tener una sanción que va desde una amonestación privada a la suspensión del cargo, lo que la inhabilitaría de seguir con el Caso Matute.