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Allanamientos terminan con cinco arrestados por drogas

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Funcionarios del OS7 de Carabineros detuvieron a cinco personas por el delito de microtráfico de drogas durante una serie de allanamientos realizados al interior de la población Libertad de Talcahuano.

En los operativos se logró incautar más de 300 dosis de pasta base de cocaína, seis plantas de marihuana, una balanza digital, más de $2 millones en dinero en efectivo y otras evidencias asociadas al ilícito. La droga incautada fue avaluada en un millón de pesos.

El jefe de esa unidad policial, capitán Patricio Opazo, comentó que durante el allanamiento realizado uno de los detenidos intentó quemar la droga en una estufa de combustión lenta. "El objetivo era deshacerse de los medios de prueba, situación que se logró evitar", dijo.

Los detenidos registraban antecedentes por el mismo delito. Dos de ellos ya habían sido detenidos por la misma unidad policial de Carabineros.

Amplían detención de imputado por homicidio en Concepción

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El Juzgado de Garantía de Concepción acogió la solicitud de ampliación de la detención de Raúl Antonio Meza Sánchez (32). El hombre está acusado por su presunta participación en el homicidio de Andrés Toro Rubilar la madrugada del domingo en Concepción.

El acusado fue pasado ayer al control de detención, sin embargo, la fiscalía realizó la solicitud de modificar la fecha de la formalización, a la espera de algunos antecedentes, entre ellos la autopsia de la víctima.

La fiscal adjunta de Concepción, Carmen Luz Flores, detalló que se controló la detención de esta persona y por existir diligencias pendientes, que son fundamentales para imputarle cargos, se amplió hasta el próximo jueves.

El acusado, quien es vecino de la víctima, fue detenido la tarde del domingo por su presunta responsabilidad en el crimen, ocurrido en el domicilio del fallecido.

El caso es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI y se estima que cuatro personas habrían participado del ataque al hombre, quien recibió un disparo en el tórax.

Querella por injurias enfrenta a ex comisario y ministra Rivas

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El próximo viernes se conocerá la resolución de la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Concepción respecto de la eventual admisibilidad de la querella por injurias presentada por el ex comisario de la PDI, Héctor Arenas, en contra de la ministra a cargo del caso Matute, Carola Rivas. La decisión podría determinar si la jueza es suspendida o no de sus funciones hasta la realización de un juicio en el Tribunal de Garantía de Concepción.

Ayer, los abogados de ambas partes expusieron sus argumentos ante los ministros que integran esa sala, elegida mediante un sorteo público. El proceso se realizó la semana recién pasada en la presidencia del mismo tribunal de alzada.

El ex comisario estuvo presente en la audiencia, que se extendió por poco más de una hora. Tras los alegatos, Arenas insistió en que la ministra Rivas realizó declaraciones que afectaron su honra y desacreditaron su labor investigativa mientras se mantuvo al frente de la investigación por la desaparición de Jorge Matute Johns, en noviembre de 1999.

Los argumentos fueron rechazados por los abogados de la jueza, quienes enfatizaron que las declaraciones no constituyen el delito del injurias y que estas se dieron en el marco de la entrega de información de las líneas investigativas del caso.

MÚLTIPLES ERRORES

Ximena Sepúlveda, abogada y representante de la ministra Rivas, enfatizó que la querella debe ser rechazada, porque hay motivos de carácter procesal, de efectos más bien procesales, que no la hacen admisibles y otros de fondo que hacen que no se configure el delito de injurias respecto de la ministra.

"La norma es muy clara y lo que exige es que la querella esté presentada. El error que tuvo en este caso el querellante es que no presentó la querella en el Juzgado de Garantía y previo a la admisibilidad viniera a la Corte a pedir que se viera la querella de capítulo", dijo.

Asimismo, Sepúlveda agregó que "en el fondo nosotros decimos que aquí no hay un delito de injuria, porque en este caso se exige que en el sujeto activo haya un ánimo de injuriar y la ministra nunca tuvo la intención. Lo que ella hizo fue informar las líneas en su rol de juez de instrucción en el sistema antiguo, en el cual le corresponde a ella investigar y resolver cuál es la tesis más adecuada o cercana a la verdad procesal".

La abogada indicó que lo que la ministra da cuenta en las distintas entrevistas son los antecedentes en los cuáles ella encuentra el fundamento. "Aquí no hay afirmaciones que no tengan asidero en los antecedentes que están documentados en el expediente de investigación", agregó.

EXISTEN MÉRITOS

José Luis Andrés Alarcón, abogado querellante y representante de Héctor Arenas, afirmó que existen méritos suficientes para que se declare admisible la querella, pues existieron expresiones que dañaron la honra del ex comisario.

"Aquí la señora ministra, con total tranquilidad y dominio del lenguaje, denostó públicamente a mi representado, atribuyéndole vejámenes a los testigos, obstrucción a la investigación del caso y además señalando que mi representado había actuado con soberbia y sin control. Esas no son expresiones propias de un miembro del poder judicial y representante de la magistratura que debe ser esencialmente prudente y respetuoso de las personas", explicó.

El abogado indicó que al descartarse la tesis planteada por su representado se atropelló el honor y se atribuyeron infracciones a la ley y a los códigos de conductas policiales.

"Eso no se puede tolerar. Los dichos de la señora ministra causaron un hondo revuelo en la opinión pública nacional", añadió.

José Luis Andrés aclaró que la querella sí está presentada en la causa y comentó que "quedamos tranquilos, pues la Corte ha escuchado los argumentos de ambas partes y lo que debe resolver es si la ministra cometió o no el delito de injurias, sino que acá lo que se debe resolver es si existe mérito o no para que podamos cumplir con una garantía básica, que es recurrir ante los tribunales de justicia".

SE DEFIENDE

Luego de la audiencia, el ex comisario de la PDI que investigó el caso Matute, Héctor Arenas, sentenció que tenía la obligación de defender la labor realizada por él y su equipo.

"Vengo a dar la cara y en esta ocasión debía estar acá, porque tengo que ser consecuente. Yo no estoy juzgando acá, estoy defendiendo mi honra y la labor de los policías que trabajaron en la investigación", señaló.

El ex policía descartó una eventual falta de control o los apremios ilegítimos de los que habrían sido víctimas los jóvenes procesados en el caso.

"Se ha imputado una falta de control y eso es falso, porque fui durante esa época designado por una comisión de la Cámara de Diputados y el Departamento de Control de la Policía de Investigaciones y yo daba cuenta a mi mando superior (...) No hubo apremios ilegítimos. Esta es una maniobra que se utilizó desde un principio con la intención de sacarme del caso por parte de los procesados", precisó.

Arenas indicó que espera una resolución de los tribunales que se ajuste a la norma: "Espero que se resuelva en justicia. Pienso que si la ministra emitió opiniones, no debería estar en el caso".

corte suprema podría revisar admisibilidad

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Tras el sorteo de la sala que revisó la admisibilidad, el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, César Panés, explicó que la Corte Suprema podría ser parte de la discusión.

"La eventual admisibilidad puede ser apelada ante la corte Suprema. La suspensión del juez se concreta una vez que quede a firme la resolución, en el evento que sea acogida la querella de capítulo. Luego de eso, depende de los resultados del fallo pertinente sobre la querella. Mientras no se pronuncie la Corte Suprema, la ministra no es suspendida de su cargo", aclaró.