La denuncia realizada por el senador Alejandro Navarro, respecto a las bajas temperaturas con que los más de quinientos alumnos del Colegio Galvarino de San Pedro de la Paz estudian día a día, abrió una interrogante sobre el estado de la infraestructura de los 1.556 establecimientos educacionales de la Región del Biobío.
En 2017, la Superintendencia de Educación (SE) recibió 83 denuncias por problemas de infraestructura, mientras que este año ya se han recepcionado otras nueve denuncias, principalmente por temas como el riesgo a la integridad física de los alumnos, la imposibilidad del desarrollo de actividades académicas o la falta de certificación municipal.
Desde el órgano fiscalizador manifestaron que independiente del resultado de los procesos de sumarios, "todos los establecimientos deben enfocar sus esfuerzos en la correspondiente subsanación de las situaciones que estén impidiendo que niños, niñas y jóvenes puedan llevar estudiar en un ambiente agradable".
En tanto, la Seremi de Educación recordó que para este año se contempla una inversión de $36 mil millones en las 54 comunas de la Región por medio del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep), principal vía de financiamiento para obras de este tipo.
En ese contexto, las autoridades llamaron a los sostenedores a revisar periódicamente el estado del mobiliario de cada establecimiento, principalmente a los municipios, que administran 877 recintos educaciones, pero también al asegurar el acceso a las alternativas de financiamiento que dispone el Ministerio de Educación.
REVISIÓN Y RECURSOS
De las 83 denuncias que tramitó el año pasado la Superintendencia de Educación en la zona, cinco son por falta de local para el debido funcionamiento de los recintos, 20 por insalubridad y 58 por deficiencias en la infraestructura, entre las que se encuentran aquellas vinculadas con la temperación mínima de las salas de clases exigida por el Mineduc, de 15º para recintos parvularios y de 12º para recintos escolares, tanto de educación Básica como media.
La directora regional de la Superintendencia (s), Geraldine Hyde, explicó que las sanciones en estos casos van desde amonestaciones por escrito hasta 500 UTM, dependiendo de la gravedad de la situación.
"Sabemos que cada establecimiento posee una realidad propia y es por ello que cada uno debe sopesar cuál es la alternativa más apropiada a su caso. Hacemos un llamado a los establecimientos para que, a la hora de comprar cualquier aparato de calefacción, estos estén certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC). Asimismo, los sistemas a gas deben contar con sello verde de la SEC", dijo.
En la misma línea el seremi de Educación, Fernando Peña, adelantó que en caso de que se constaten las denuncias en la fiscalización de la SE y no se cumplan las correcciones, habrá sanciones.
Además recordó que "es resorte del sostenedor no solo tener la infraestructura al día, sino que corregir o adaptar aquellas irregularidades. El ministerio dispondrá más de $36 mil millones para todos los municipios vía Faep, con el fin de atender las circunstancias. Se deben hacer diagnósticos a tiempo, y si se requieren proyectos más grandes, los municipios los informen a tiempo".
RESPONSABILIDAD
Los municipios reconocieron que la responsabilidad viene de ellos, pero también aclararon que se han realizado todas las gestiones posibles para cumplir con las normativas. Desde la Dirección de Educación Municipal de San Pedro explicaron respecto al Colegio Galvarino que "es efectivo que se deben mejorar las condiciones de habitabilidad, con una infraestructura de 50 años. Pero también se debe considerar la fuerte inversión que se ha realizado".
Además, indicaron desde la administración que "se trabajará en la compra de estufas y la modernización del mobiliario vía Faep, todo con el fin de resolver estas situaciones".
San Pedro tiene diez establecimientos a su cargo, con casi seis mil alumnos.
Otro caso es el de Concepción, que reúne a más de treinta establecimientos municipales. El director del Daem, Carlos Mellado, detalló que ha existido un significativo avance en la modernización de los recintos penquistas en los últimos cinco años, con una inversión de casi $600 millones.
"Una de las principales necesidades que tenemos es mejorar la infraestructura, lo cual hemos trabajado en varios casos tras algunas movilizaciones. Este año no tenemos ninguna, pero eso no significa que no se esté trabajando, pese a la falta de recursos que tenemos", planteó.
En el caso del Liceo Enrique Molina, detalló que tras las movilizaciones del año pasado, donde los estudiantes exigían mejoras internas, se concretó una inversión de $240 millones para mejorar el sistema eléctrico y calefacción, actualmente en curso.