Pedro Canales Contreras es el director ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza y debe lidiar a diario con la responsabilidad de mantener la institución donde trabajan 1.041 personas y atienden a niños desde recién nacidos hasta jóvenes de más de 18 años.

La Fundación tiene sedes entre Iquique y Puerto Montt, y cubre 104 proyectos en diferentes modalidades de atención. En la cárcel de Coronel tiene una escuela propia, donde trabaja en un programa de apoyo a la reinserción y en el tratamiento de drogas. En calle Orompello les fue donada hace poco una casa que no han logrado habilitar para atender a jóvenes que tienen conflictos con el consumo de drogas.

Para financiarse, la Fundación participa en licitaciones que convoca Sename, Senda, el Ministerio de Desarrollo Social. "Nuestro presupuesto en un 99% proviene de administrar adecuadamente esos fondos públicos, supervisados por el mismo servicio que te asigna la licitación y que es parte del contrato que firmamos y, la Contraloría.

En esta región atienden a 723 niños y en el país 5.700 menores en educación, reparación del maltrato, tratamiento del consumo de sustancias y a hijos de presidiarios.

Respecto del aporte de los privados, dijo que es muy poco. "Estamos buscando que las empresas nos conozcan para que vean que nuestras finanzas son limpias, ordenadas y transparentes y que cuando una empresa privada aporte con nosotros aseguramos no solo una alta rentabilidad social sino también financiera. Las empresas tienen que entender que tienen que relacionarse de otra manera con la comunidad. Yo no voy a pedir dinero para hacer caridad, sino para las empresas inviertan con nosotros".

En esta línea es donde el mismo Canales plantea la idea de que Chile incorpore en su política social, particularmente con la infancia el modelo de Bono de Inversión Social (BIS).

A modo de ejemplo, dice que "si la casa de Orompello necesita $50 millones para habilitarla y para que sea un espacio académico, escolar, donde jóvenes que han salido de la cárcel, que están a punto de entrar o que el sistema ha expulsado reciban educación y nosotros garantizamos que en dos años el 98% de esos jóvenes no va a estar privado de libertad, no va a haber cometido delitos y habrá certificado al menos un nuevo año escolar. Si eso se cumple, el inversionista recupera su inversión, porque el Estado se la paga".

Es precisamente el modelo que abren los Bonos de Impacto Social (BIS), que ya tiene algún apronte en Chile, producto de un esfuerzo realizado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al que se solicitó un estudio sobre el contexto para la implementación en Chile y en Latinoamérica (2015).

En Chile se han realizado algunos esfuerzos en el diseño inicial de un programa de BIS con algunos potenciales articuladores e intermediarios ya trabajando en la sociabilización con diferentes actores, de la propuesta que trae este mecanismo. Es el caso de Instiglio, que ha trabajado en el diseño de un bono para disminuir los niveles de reincidencia de presos con baja condena.

En el país el Estado lleva cerca de cuatro años comprometido con el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación social, con programas desde Corfo, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, entre otros. Es en este contexto y tendencia que convergen la llegada de los BIS a Chile, como modelo de financiamiento de innovaciones en políticas públicas que pueden contribuir a los desafíos sociales pendientes.

Los Bonos de Impacto Social (BIS) son un nuevo instrumento financiero que busca un fin social o medioambiental, además de económico, y que permiten establecer una relación entre un privado (emisor de bonos de impacto social a inversionistas) y el Estado. El objetivo principal es financiar la implementación de un proyecto de características sociales que resulte en un impacto social a través de contratos con proveedores de servicios y gestores de programas. Esta idea data del año 2010 en Inglaterra, donde por primera vez se acuñó el concepto.

Para el Estado esta forma de financiamiento puede ayudar a resolver una eterna dificultad para desarrollar proyectos de alto impacto social, pues el dinero en las arcas fiscales no alcanza para abordar las múltiples necesidades de la población. Los Bis ofrecen una tasa de retorno similar a otros instrumentos financieros, pero su gran característica es que esta ganancia está ligada a un objetivo social o medioambiental específico con claros indicadores de resultado, y es aquí su gran característica que el Estado no le paga al emisor del bono hasta que no se cumplen los resultados de impacto de la intervención y, por ende, los inversionistas no reciben sus retornos.

Así, los BIS, como nuevo modelo de asociación público-privada, permitirán financiar soluciones a problemas sociales desafiantes a través de contratos basados en los resultados.

Para nuestro país, y para la región en particular, las áreas que pueden resultar atractivas de prospectar pudiesen ser el empleo juvenil en aquel segmento de la población que Ni estudia Ni trabaja (NiNi) y la seguridad ciudadana

Con todo, hay desafíos. Entre ellos se pueden mencionar la falta de información existente y la medición de resultados e impacto de los programas que sean implementados con estos instrumentos financieros, ya que deberá significar que la población objetivo sea fácil de determinar, el impacto social de fracasos debe ser limitado y las evaluaciones de impacto deben ser creíbles, técnicas e independientes.

Se debe comenzar con experiencias pilotos que viabilicen la implementación de los BIS, ya que los resultados pueden implicar un mejor uso y focalización de los escasos recursos fiscales y un verdadero impacto en los proyectos sociales.

Luis Felipe

Slier Muñoz

Director de Ingeniería Comercial Universidad San Sebastián