La coyuntura política de las últimas semanas generó importantes expectativas en relación a los anuncios del gobierno en la primera cuenta pública de este segundo mandato del Presidente Piñera.

Las movilizaciones feministas, organizadas principalmente por las estudiantes universitarias y secundarias, las propuestas de una agenda de género de parte del gobierno en los últimos días, sumado al alto nivel de respaldo que el movimiento ha generado en la ciudadanía (que alcanza un 68% de aprobación según la encuesta Cadem de la última semana), hacía suponer que uno de los elementos centrales y destacados dentro del discurso presidencial iba a estar vinculado a este tema.

Sin embargo, esto no ocurrió. Se limitó a recordar algunas de las medidas que se espera implementar durante este gobierno y recordar políticas públicas que empezaron a implementarse en gobiernos anteriores (primer gobierno de Piñera y segundo de Bachelet, relacionados especialmente con el tema de la violencia de pareja), pero sin la profundización necesaria ni claridad en las medidas mencionadas. Por otro lado, a partir del mismo discurso se puede desprender que estas medidas más bien van dirigidas a la mujer madre y no responden a las demandas concretas de los colectivos femeninos que se están movilizando.

Las medidas son importantes y hay que destacarlas, pero no se hacen cargo de la necesidad de cambios estructurales y culturales necesarios en la sociedad chilena, donde efectivamente se pueda hablar de las relaciones de equidad entre hombres y mujeres.

Este cambio estructural tiene que tener al Estado como uno de los pilares fundamentales, como promotor no solo de políticas públicas equitativas en estas áreas, sino que marcando con el ejemplo los pasos a seguir por el resto de la sociedad para disminuir finalmente la brecha salarial entre hombres y mujeres (que en Chile es de casi un 30%), los abusos de poder y de otros tipos, el acceso en forma igualitaria a cargos de mayor responsabilidad, la doble jornada laboral de las mujeres entre otros de los temas que se han empezado a discutir en nuestro país para erradicar (idealmente) las diferencias que se dan entre ambos.

Y ese cambio debe comenzar con el uso del lenguaje, especialmente hacia las figuras de autoridad presentes en la cuenta pública. No se logra nada, no se obtienen réditos positivos solo con modificar la Constitución o la administración de la sociedad conyugal o la implementación de una serie de políticas públicas, si es que se siguen naturalizando en la sociedad prácticas discriminatorias hacia las mujeres.

Valencia

Facultad de Gobierno UDD Concepción.

Las tomas en una veintena de planteles de educación superior han relevado en las últimas semanas la importancia de la temática de equidad de género en el país. Haciendo eco de aquello el Presidente Sebastián Piñera asignó varios de los casi 150 minutos de cuenta pública para abordar el tema.

El Mandatario aseguró que durante su mandato se la jugará por la igualdad de derecho entre hombres y mujeres y que uno de los ejes será la tolerancia cero a la violencia, discriminación y maltrato a mujeres.

Recordó que el 23 de mayo se prsentó una agenda que incluye entre sus reformas constitucionales la eliminación de desigualdades y discriminación en la administración de la sociedad conyugal. También hizo mención a la iniciativa que se tramita en el congreso sobre la violencia en el pololeo.

Incluso, Piñera expuso que en la ley de universidades que se promulgó la semana pasada se incorporaron mecanismos de investigación, control y sanción de vulneración de derechos de las mujeres y que se harán cargo de las madres que están privadas de libertad.

Sobre lo anterior Marisa Barro, seremi de la Mujer y Equidad de Género, dijo que en su discurso el Mandatario reiteró su compromiso con todas las mujeres. "Por ejemplo, ha reiterado que nuestra posición es tener tolerancia cero contra todo tipo de violencia, abuso, acoso, discriminación o maltrato hacia la mujer".

Añadió que en la Región se está impulsando una mesa junto a Justicia y Educación y en que participarán distintos actores relevantes de la conversación pública que se ha impulsado par abordar la violencia hacia la mujer.

Desde la Red contra la Violencia hacia la Mujer, Beatriz Barra, vocera de la agrupación, manifestó que "la cuenta pública que hizo el Presidente no tomó en consideración todas las demandas que han sido levantadas durante esta movilización por parte de las propias mujeres, que es en contra de la violencia machista. Ante eso no existen medidas concretas, sino que nos sigue viendo a las mujeres como meras reproductoras".

Mencionó que "tampoco se hace cargo de las precarias condiciones laborales en las cuales se encuentra la mayoría de las mujeres de este país", como aquellas que trabajan a honorarios y no tienen derecho a licencia médica.

Finalmente Barra indicó que falta una mayor precisión respecto a cómo se va a terminar con la violencia hacia las mujeres en las calles, los espacios laborales y en todos los espacios donde se desenvuelven.

Para todas

El Presidente mencionó que se pensarán medidas concretas para apoyar a aquellas madres que se encuentran privadas de libertad, para que puedan ejercer su derecho.

Uno de los anuncios que marcó la Cuenta Pública en materia educacional tiene que ver con la creación de un nuevo Sistema Único de Créditos, que juntará a los deudores del Crédito con Aval del Estado y del Fondo Solidario (Fscu).

En la Región del Biobío este año más de 12 mil nuevos alumnos se adscribieron al CAE y los deudores históricos superan las 123 mil personas, según datos entregados por Ley de Transparencia.

El anuncio generó posiciones divididas entre los principales actores vinculados a la educación superior en la zona, relacionado con la implementación de políticas públicas ya aprobadas, como la Ley General de Educación Superior y de Universidades del Estado.

Mientras los estudiantes lamentaron la falta de claridad respecto a esta nueva fórmula crediticia y exigieron soluciones vinculadas con la condonación total de las deudas, las autoridades universitarias anticiparon que este anuncio es solo una de las adecuaciones que hará el Gobierno en materia de Educación Superior, considerando la reciente promulgación de la nueva ley general.

CONDICIONES

En la cuenta pública, el Presidente Sebastián Piñera explicó que el sistema será "administrado por el Estado, sin intervención de la banca privada, con una tasa de interés del 2% anual. Los estudiantes no pagarán mientras estudian y la cuota a pagar en ningún caso excederá el 10% de sus ingresos. De esta forma, si la persona no tiene ingresos simplemente no paga".

El seremi de Educación, Fernando Peña precisó que el impacto será relevante, "ya que casi el 60% de la matrícula regional estudia con CAE, por lo que el impacto será importante. Pero también se termina con una discriminación, al existir sistemas de crédito diferenciado para universidades y el mundo técnico profesional".

Además dijo que este proyecto se trabajó con mayor precisión, "motivando en su momento el retiro del proyecto de ley ingresado para eliminar el CAE. Celebramos que exista un Sistema Único que recoge las condiciones que tuvo el Fondo Solidario y permite beneficiar a las familias de alumnos marginados dentro de los beneficios que existían a la fecha. Se atiende una demanda del movimiento estudiantil que es sacar a la banca, y eso es motivo de alegría".

LÓGICA MERCANTIL

Mario Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María sede Hualpén y vocero zonal sur de la Confech, reconoció sentir sorpresa al conocer el detalle del anuncio presidencial respecto a la fusión del CAE.

Sin embargo, el dirigente estudiantil dijo que "se mantienen las lógicas de endeudamiento, ya que se apunta a ordenar la casa, pero siempre en función de los intereses de este gobierno, que busca establecer la lógica de mercado en la educación como un bien de consumo".

Además recordó que en su primer gobierno Sebastián Piñera había prometido el fin del CAE y no había tenido el apoyo de los parlamentarios de la Nueva Mayoría: "El reacomodo hizo que se propusiera una reforma desde el gobierno de Michelle Bachelet que le quedó muy cómoda al actual gobierno. Sin embargo no se atienden las demandas que se levantaron en 2011 y las lógicas se han mantenido".

CAMBIOS TÉCNICOS

El rector de la U. Católica de Concepción, Christian Schmitz prefirió analizar de forma más global el proceso de cambios que ha vivido el sistema educacional en los últimos meses, y expuso que el actual gobierno tiene varios temas por resolver.

"Vemos con cautela el manejo que ha tenido el gobierno, ya que se ha demostrado en el corto plazo que la ley de Educación Superior adolece de deficiencias importantes producto de un apuro excesivo para que el gobierno anterior demostrara un éxito con esta reforma", dijo.

Agregó que las deficiencias son técnicas y existen plazos acotados u omitidos que dan poco margen de acción, "generando la necesidad de que se vuelvan a discutir temas de implementación, con leyes misceláneas".