Los obispos chilenos acudirán hoy a escuchar al Papa Francisco con "dolor" y "vergüenza", después de que el Pontífice los convocara a El Vaticano por su gestión poco transparente en los casos de abusos a menores, según informaron ayer voceros de la Conferencia Episcopal de Chile.

El secretario general del episcopado, el obispo Fernando Ramos, aseguró ayer en un encuentro con la prensa que la actitud de los 34 obispos que han llegado a Roma es la de "dolor, porque hay personas que han sido víctimas de abusos, y esto nos causa profundo dolor", pero también de "vergüenza, porque los abusos se han producido en ambientes eclesiales donde jamás deberían suceder este tipo de abusos". Subrayó que "la disposición de todos los obispos que han llegado es la de escuchar con humildad de espíritu" lo que les comunicará el Papa. Eso sí, explicó que no creen que las decisiones de Francisco serán inmediatas pues consideran que habrá "un largo recorrido sinodal", pero están preparados "para cualquier decisión".

"obligación moral"

Ramos, en nombre de los obispos chilenos, explicó que "tienen la obligación moral de estar con las víctimas" y que todos tienen "que pedir perdón hasta setenta veces siete" y esperan "que este pedir perdón pueda ser reparador".

El secretario general del episcopado explicó que en las reuniones, que comenzarán hoy en la tarde, participarán todos los obispos junto al Papa. El Sumo Pontífice les comunicará sus conclusiones tras leer el informe realizado por el arzobispo maltés Charles Scicluna, quien investigó las denuncias de encubrimiento en contra del obispo de Osorno, Juan Barros, por parte de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima.

Francisco convocó a los obispos después de haber constatado que fue mal informado respecto del obispo Juan Barros. El Papa, que hizo obispo a Barros, lo defendió públicamente en varias ocasiones, también durante su viaje a Chile, e incluso rechazó su renuncia hasta dos veces convencido de su inocencia a pesar de la insistencia de las víctimas sobre que era un encubridor.

el discernimiento

El también arzobispo auxiliar de Santiago agregó que, tras escuchar con "espíritu de humildad" a Francisco, esperan "abrir una fase de discernimiento que ayude a ver las responsabilidades de cada uno de ellos en las heridas que han causado los abusos y para que nunca más se repitan".

Ante las preguntas sobre las decisiones del Papa Francisco tras estas reuniones, como apartar a los obispos acusados por no haber informado correctamente o por encubrir los abusos, los representantes de la Conferencia Episcopal rechazaron responder al asegurar que la decisión compete al Pontífice.

El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, aseguró que descubrir estos casos de abusos en la Iglesia chilena "ha sido sorpresivo y dolorosísimo". Sobre a quién achacar las responsabilidades de este escándalo, González afirmó que cada uno debe "discernir personalmente y no se puede juzgar a los demás".

la polémica

"Yo mismo soy miembro de la comisión de prevención hace siete años. Me he entrevistado con muchas víctimas, conozco a las víctimas que recibió el Santo Padre, conozco a todas las víctimas de los maristas, pero no hemos logrado, parece, llegar a fondo y tenemos que seguir trabajando", afirmó González, en una frase que desató rechazo en Chile.

"Nunca me he juntado ni he hablado con ese personaje siniestro. Impactante su capacidad de mentira", escribió en su cuenta de Twitter James Hamilton, uno de los denunciantes del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima. Como él, también lo contradijo Juan Carlos Cruz. Ambos, junto a José Andrés Murillo, fueron recibidos por el Pontífice en El Vaticano recientemente. "Y yo que no lo he visto en mi vida. La verdad, según los obispos de Chile, es bien distinta a la que vivimos todos", manifestó Cruz por el mismo medio.

El sacerdote Fernando Karadima fue trasladado ayer hasta la Clínica de la Universidad Católica San Carlos debido a un "profuso y anormal sangramiento narices". Luego de ser evaluado, recibió tratamiento y fue dado de alta.

Un alza de 0,7% en comparación con 2016 registró la victimización, que llegó al 28% en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2017 (Enusc), realizada durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

La cifra es la más alta en los últimos cuatro años. En 2013, el índice marcó un 24,8%; en 2014 fue de 25%, en 2015, 26,4% y en 2016 alcanzó el 27,3%.

De acuerdo al sondeo, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 236.316 hogares más fueron víctimas de la delincuencia en comparación con 2013, lo que significa un aumento de 1.019.895 de delitos de mayor connotación social.

Al respecto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, comentó que "es una mala noticia que la victimización haya aumentado en la administración anterior; sin embargo, para el gobierno del Presidente Sebastián Piñera es nuestra línea base, porque desde aquí empezamos a construir mejores cifras, menos victimización, más seguridad".

Durante 2017, las victimizaciones de hogares fueron producidas principalmente por delitos como hurto (9,7%), robo con violencia o intimidación (5,1%), robo con fuerza en la vivienda (5,1%), robo por sorpresa (4,6%) y lesiones (1,7%).

"Preocupa el robo con violencia o intimidación, ya que ha aumentado en un 37,2% en comparación a 2013", dijo la autoridad de Gobierno.

A nivel nacional, hay dos regiones que superan el índice de victimización nacional, de 28%: Tarapacá, con un 35,9%, y la Metropolitana, con un 31,9%.

Respecto a los hogares que declararon que tienen un vehículo particular, el sondeo reveló que 14,2% han sido víctimas de robo de accesorios de o desde el vehículo y, un 1,4%, de robo del vehículo.

En cuanto a la percepción de inseguridad, ésta disminuyó en 4,2%, lo que fue destacado por Martorell, quien, sin embargo, de igual manera advirtió que la cifra sigue siendo alta, ya que equivale a que cuatro de cada cinco personas entrevistadas cree que la delincuencia en el país aumentó.

caen las denuncias

La denuncia, en tanto, disminuyó un punto porcentual, cayendo de un 39,5%, en 2016, a un 38,5%,en 2017.

Dentro de los principales motivos para no denunciar que expusieron los encuestados está que la pérdida no fue suficientemente seria (18%), que la justicia (tribunales) no hubiera hecho nada (15,7%) y que la policía no podría haber hecho nada (15,1%).

Lo anterior implica un problema, según la subsecretaria: "Mientras menos delitos lleguen a las cifras oficiales, es más difícil poder focalizar y tomar iniciativas correctas para la prevención. Nuestro trabajo es y será siempre incentivar a que la ciudadanía denuncie cuando es víctima de algún delito".