Contraloría: protocolo de objeción de conciencia "no se ajusta a derecho"
La Contraloría General de la República dictaminó ayer que los cambios al protocolo de objeción de conciencia del aborto en tres causales realizados por el Gobierno no se ajustan a derecho. Según el órgano contralor, "los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud".
El texto agregó que "las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y que forman parte de la red pública de salud".
"Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador. En consecuencia, solo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional, como por lo demás lo reconoce el protocolo cuya legalidad se examina", indicó el dictamen de Contraloría.
los fundamentos
La Contraloría emitió este pronunciamiento a raíz de una serie de presentaciones ingresadas por congresistas de la oposición, luego del cambio realizado por el Gobierno de Sebastián Piñera al documento que regulaba la objeción de conciencia institucional, presentado por la anterior administración de Michelle Bachelet.
Para la Contraloría, el protocolo "contiene algunos elementos que desatienden la condición de excepcionalidad de la objeción de conciencia, como es el caso del establecimiento de presunciones ante la falta de manifestación de voluntad expresa por parte del objetor o ante la ausencia de una formalidad en el procedimiento correspondiente, que no tienen fundamento legal, lo que tampoco resulta procedente".
El 2017 fue promulgada la Ley de Aborto en tres causales, la que se puede invocar en caso en que esté en peligro la vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo por violación.
las reacciones
Desde el Ejecutivo, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que "como Gobierno no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de Derecho y, con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen".
La Moneda anunció que a la brevedad preparará un "reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría a este protocolo".
"Agradecemos a la Contraloría que haga cumplir la ley", afirmó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, del PPD. "Este Gobierno está cometiendo suficientes errores no forzados y le pido que deje de intentar que no se cumplan las leyes y tenga que pedir disculpas. "La Contraloría ha actuado correctamente y determinado que el decreto es ilegal y corresponde que quede sin efecto", agregó el senador Felipe Harboe (PPD). Según Harboe, ahora se abrirá una discusión legal sobre los médicos objetores que se desempeñan en el sistema público.
Para la senadora Ximena Rincón (DC), la resolución del órgano contralor "da cuenta de una desprolijidad que no es buena para el país".
en el oficialismo
Desde Chile Vamos, el senador Francisco Chahuán (RN) advirtió que las consecuencias "son insospechadas" y pueden dar paso a "situaciones dramáticas" en este ámbito. "Estamos convencidos de que esta medida va a dejar sin cobertura a una gran cantidad (de pacientes). Limitar la entrega de recursos a instituciones privadas que tengan convenios con el Estado vulnera principios constitucionales", dijo.