La Contraloría General de la República dictaminó ayer que los cambios al protocolo de objeción de conciencia del aborto en tres causales realizados por el Gobierno no se ajustan a derecho. Según el órgano contralor, "los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud".

El texto agregó que "las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y que forman parte de la red pública de salud".

"Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador. En consecuencia, solo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional, como por lo demás lo reconoce el protocolo cuya legalidad se examina", indicó el dictamen de Contraloría.

los fundamentos

La Contraloría emitió este pronunciamiento a raíz de una serie de presentaciones ingresadas por congresistas de la oposición, luego del cambio realizado por el Gobierno de Sebastián Piñera al documento que regulaba la objeción de conciencia institucional, presentado por la anterior administración de Michelle Bachelet.

Para la Contraloría, el protocolo "contiene algunos elementos que desatienden la condición de excepcionalidad de la objeción de conciencia, como es el caso del establecimiento de presunciones ante la falta de manifestación de voluntad expresa por parte del objetor o ante la ausencia de una formalidad en el procedimiento correspondiente, que no tienen fundamento legal, lo que tampoco resulta procedente".

El 2017 fue promulgada la Ley de Aborto en tres causales, la que se puede invocar en caso en que esté en peligro la vida de la madre, inviabilidad fetal o embarazo por violación.

las reacciones

Desde el Ejecutivo, la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que "como Gobierno no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de Derecho y, con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen".

La Moneda anunció que a la brevedad preparará un "reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría a este protocolo".

"Agradecemos a la Contraloría que haga cumplir la ley", afirmó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, del PPD. "Este Gobierno está cometiendo suficientes errores no forzados y le pido que deje de intentar que no se cumplan las leyes y tenga que pedir disculpas. "La Contraloría ha actuado correctamente y determinado que el decreto es ilegal y corresponde que quede sin efecto", agregó el senador Felipe Harboe (PPD). Según Harboe, ahora se abrirá una discusión legal sobre los médicos objetores que se desempeñan en el sistema público.

Para la senadora Ximena Rincón (DC), la resolución del órgano contralor "da cuenta de una desprolijidad que no es buena para el país".

en el oficialismo

Desde Chile Vamos, el senador Francisco Chahuán (RN) advirtió que las consecuencias "son insospechadas" y pueden dar paso a "situaciones dramáticas" en este ámbito. "Estamos convencidos de que esta medida va a dejar sin cobertura a una gran cantidad (de pacientes). Limitar la entrega de recursos a instituciones privadas que tengan convenios con el Estado vulnera principios constitucionales", dijo.

El Presidente Sebastián Piñera recibió ayer en La Moneda al líder de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, a quien le manifestó el apoyo de Chile para que Palestina sea un "Estado libre y autónomo".

El Mandatario destacó que existe "una relación no solamente que se remonta en el tiempo sino que ha sido una relación muy vital, cercana, de mucho aprecio y de mucha amistad". Piñera recordó que en Chile residen más de 350 mil palestinos que "han hecho un gran, significativo y valioso aporte al desarrollo de nuestro país".

Piñera manifestó que Chile es partidario de la existencia de dos Estados libres e independientes, uno palestino y otro israelí.

"Quiero ratificar, una vez más, en forma fuerte y clara la posición de Chile en relación al tema que afecta a Palestina desde el año 1948. Chile es partidario de la existencia de dos estados libres, soberanos, independientes y autónomos de verdad, que puedan resolver sus diferencias a través de negociaciones bajo el marco de Naciones Unidas y las resoluciones 442 y 338, de forma tal de poder poner término a estos más de 70 años en que ambos países no han logrado ese acuerdo de paz permanente y definitiva", sostuvo.

"Yo estoy convencido de que, para lograrlo, Palestina no solamente tiene el derecho, sino que también tiene el apoyo de Chile para ser un Estado libre, independiente, autónomo y soberano. Y por supuesto, el pueblo Palestino tiene derecho también a su autodeterminación y esa es una causa a la cual Chile siempre ha apoyado y va a seguir apoyando", añadió el jefe de Estado.

molestia por la visita

La visita del líder palestino causó la molestia de la comunidad judía en Chile, por los dichos de Abbas en la última asamblea de la Organización para la Liberación de Palestina (OPL), donde dijo que los judíos no fueron perseguidos durante el holocausto europeo por su religión, sino por "su función social ligada a la usura y la banca".

Según consignó "Cooperativa", el presidente de la comunidad judía en Chile, Shai Agosín, acusó a Abbas de caer en el "negacionismo" y pidió que "al igual como ha sido condenado por Naciones Unidas, por la Comunidad Europea, por Alemania, por Francia, por Inglaterra, por todo el mundo desarrollado, esperamos también que el presidente Piñera tome exactamente los mismos resguardos y le plantee que esto no puede suceder. Nosotros esperamos al menos que lo conversen privadamente".

El general director de Carabineros, Hermes Soto, confirmó ayer que el ex jefe de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, General Mauricio Murillo, renunció voluntariamente a la institución, tras reconocer que había mentido en el sumario que se abrió para indagar la filtración de la hoja de vida del mandamás de la policía uniformada.

El renunciado funcionario había declarado en la investigación por la filtración de la hoja de vida de Soto que fue difundida por el diputado del PC Hugo Gutiérrez, que reveló la sanción que se le impuso al actual mandamás de Carabineros a mediados de los 80 por su vínculo con un prostíbulo.

Abogado y magister en ciencias políticas de la Universidad de Chile, Murillo había sido ascendido por el propio Soto hace dos meses y estaba a cargo de investigar las irregularidades denunciadas por el la Fiscalía sobre la Operación Huracán.

"él está respondiendo"

Al confirmar la salida voluntaria del ex funcionario, Soto detalló que Murillo "cometió una irregularidad y por esa irregularidad él está respondiendo y pidiendo su renuncia voluntaria. Así que él ya asumió su responsabilidad y nosotros estamos tranquilos". Y enfatizó que "él ha asumido esa responsabilidad, por lo tanto, estamos tranquilos con esa situación".

Consultado sobre si la salida de Murillo iba a retrasar la investigación, la máxima autoridad de Carabineros aseguró que "no, el sumario nuestro se seguirá desarrollando por otro general. Por lo tanto, no entrampa en nada". Dicha indagatoria quedó ya se encuentra en su etapa final.

El general Soto detalló que el renunciado funcionario ahora es parte de un proceso administrativo y que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar.

el almuerzo

Según publicó "El Mostrador", cuando fue consultado en primera instancia si tenía algún antecedente sobre la filtración de la hoja de vida del general Soto, Murillo respondió que no. Pero luego quiso cambiar su versión ante el coronel Víctor Neira, para admitir que había escuchado al entonces general Julio Pineda pedir, durante un almuerzo en el restaurant Nolita, la hoja del vida del mandamás de Carabineros.

El mismo medio publicó que la Fiscalía Militar había logrado determinar antes que el comandante Jorge Espinoza fue uno de los que accedió a la hoja de vida de Soto, por instrucción de Pinera durante el mencionado almuerzo.