Luego de seis semanas de extensas audiencias y casi ocho años de investigación, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó a la ex dirigenta Elizabeth Vega Sandoval, por 67 estafas reiteradas. Esta es la primera vez que una causa de este tipo llega a juicio oral en el nuevo sistema penal en el Biobío.

La mujer fue acusada de reunir dineros entregados por integrantes de un comité de allegados. La idea era concretar la construcción de nuevas viviendas, sin embargo, el proyecto nunca se realizó debido a diversas maniobras engañosas que realizó Vega Sandoval.

Según se detalló durante el juicio oral -el más largo desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región- las estafas ocurrieron entre 2008 y 2010. En total se logró acreditar que 214 personas fueron víctimas de este engaño e involucró un perjuicio para los afectados de $191 millones. El caso fue conocido como Los Alerces.

No obstante, el veredicto del tribunal sólo consideró 67 casos. La decisión dejó insatisfechos a los querellantes, quienes esperaban una condena por la totalidad de las estafas expuestas.

El Ministerio Público solicitó una pena de cinco años de presido, el máximo de la multa y las penas accesoria. La Defensoría, en tanto, pidió que se consideraran las atenuantes para optar a un cumplimiento de la sentencia en libertad.

INÉDITO EN LA REGIÓN

La fiscal especializada en delitos económicos de la Fiscalía de Concepción, Marcela Barahona, explicó que no existen otros juicios semejantes a este en la región, pues las estafas masivas previas a estas han sido resueltas en procedimientos abreviados.

"Puedo afirmar categóricamente que esta situación de una estafa masiva resuelta en juicio oral es la primera, al menos, en la región", aseguró.

Barahona detalló que se logró condena por una pluralidad de estafas, sin embargo, reconoció que existen 147 casos que no fueron considerados en la decisión.

"Hay una parte de las víctimas por las cuales el tribunal decidió no condenar por un tema, aparentemente, de valoración de la prueba y no de elementos del delito, pero para los efectos del tramo de penalidad a aplicar, sigue siendo el mismo. Por eso hemos pedido el máximo de penas aplicables en este delito", indicó.

Guillermo Rioseco, abogado querellante del caso, valoró el proceso realizado, pero agregó que se debió condenar por todos los casos. "El testimonio de las personas al parecer valió más que el resto de las pruebas. No compartimos aquello, porque entendemos que la prueba documental, la pericial, fue consistente, coherente a nuestro entender", dijo.

ATENUANTES

Pedro Aguilera Soto, defensor penal público, señaló que el fallo era lo que esperaban y añadió que se solicitó que se consideraran las atenuantes, como la irreprochable conducta anterior y colaboración en el proceso.

"Un eventual cumplimiento de condena en libertad dice relación con la normativa que regula este tipo de hechos. La acusación que realiza el Ministerio Público y los hechos que el tribunal da por probados están dentro del marco legal. Es una pretensión de esta parte que la medida, cuando se dicte la sentencia, sea bajo esa medida o forma de cumplimiento", sumó.

EXIGEN JUSTICIA

Margarita Cares lleva más de 10 años esperando el sueño de la casa propia. Hace ocho confió su dinero a la dirigenta condenada y del proyecto prometido nunca vio nada. "Una vez intenté suicidarme por la desesperación. Ya no quiero vivir de allegada, por eso me sumé a este juicio y espero que se haga justicia. Queremos que esta persona vaya a la cárcel, porque el dinero ya no lo veremos", relató.

Edith Vidal vivió una situación similar a la de Margarita Cares. Para conseguir el dinero que le pedían debió endeudarse, lo que le trajo más de un problema. "Hice de todo para obtener dinero. La idea era tener mi casa y no pudimos por esta estafa. A estas alturas lo único que queremos es que esta mujer pague con cárcel", cerró.

La sentencia será leída el 19 de abril.