Tras unos meses intensos de manifestaciones y disputas dentro y fuera del Congreso argentino, comenzó ayer el debate en comisión sobre un proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en el país, en una primera jornada que contará con 32 interlocutores.

De ese grupo inicial, constituido por expertos de diferentes ámbitos como el legal, el periodístico y cultural, el religioso o el científico, 16 personas aportarán argumentos a favor durante la primera mitad del encuentro y los restantes expondrán sus razones para oponerse al aborto durante el resto de la sesión.

Este plenario de comisiones, presidido por el diputado oficialista Daniel Lipovetsky, tendrá lugar cada martes y jueves hasta finales de mayo y buscará elaborar un proyecto que pasará a debatirse oficialmente en la Cámara de Diputados en julio. "Básicamente, lo que enfrentamos hoy es una pregunta acotada: si vamos a seguir utilizando el derecho penal para restringir los derechos de las mujeres, a su libertad, a su autonomía y a sus decisiones reproductivas", expuso en la primera intervención del histórico debate Paola Bergallo, abogada e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

La diversidad de los actores que protagonizarán el debate se debe a que cada diputado y diputada pudo elegir a cuatro ponentes que forman un grupo "muy bueno" para representar un debate que les "debía la democracia", según Lipovetsky.

Como señaló posteriormente el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chellier, su penalización "no disuade a las mujeres de practicarse abortos, solo hace que sean clandestinos, se practiquen de forma insegura y aumente la mortalidad de mujeres, en su mayoría las pobres y jóvenes".

En esta línea coincidió Mirta Alanis, titular de la organización 'Católicas por el derecho a decidir', quien aseguró que las "mujeres católicas también abortan" y si hacen "cálculos" de los abortos que se producen anualmente, "también se refleja esa proporción (en las católicas) en las prácticas que van al circuito clandestino".

Informes de la prensa local de Brasil han detallado las actividades que ha realizado el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde que ingresó a la prisión de Curitiba el pasado fin de semana para cumplir su condena de 12 años y un mes de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

Por haber sido Presidente del país Latinoamericano en dos ocasiones, Da Silva tiene un equipo de ocho asistentes, incluyendo cuatro guardaespaldas, aunque el actual Presidente de Brasil, Michel Temer, estaría evaluando, según la prensa, la posibilidad de quitarle ese privilegio ahora que Lula está en prisión.

lula en la cárcel

La habitación que ocupa el ex Mandatario en la sede de la Policía Federal en Curitiba es moderna y está en un edificio que él mismo inauguró bajo su mandato en febrero de 2007. Su nombre, incluso, aparece estampado en letras doradas en la entrada del establecimiento.

El lugar donde está Da Silva tiene cerca de 15 metros cuadrados y antes de su llegada se utilizaba como una sala para recibir abogados y no como una celda.

La habitación donde está recluido el ex Presidente de Brasil tiene baño privado, ducha con agua caliente, a diferencia de otros reos, y una televisión en el dormitorio, medida que fue aprobada por el juez Sergio Moro, quien ordenó su detención.

"Sus amigos y asesores más cercanos están preocupados por la posibilidad de que (Lula) entre en depresión", escribió ayer la columnista Mónica Bergamo, especializada en cobertura política en el diario Folha de Sao Paulo.

Un reporte indica que el pasado fin de semana los abogados del ex Mandatario brasileño fueron a comprar sábanas, toallas, almohadas y jabón, entre otros objetos personales, para que estuviera más cómodo en su habitación en prisión.

Cristiano Zanin Martins, uno de los abogados de Lula, contó a la prensa que aún no usa sus dos horas diarias libres. "Estaba bastante feliz por la victoria del Corinthians" y está "leyendo bastante", reveló Martins a la prensa brasileña después de visitarlo.

El impacto económico de la violencia en México en 2017 ascendió a 4,72 billones de pesos (249.000 millones de dólares), equivalentes a un 21% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo con un estudio privado divulgado ayer en que cuantific aron los efectos.

El Índice de Paz México 2018, elaborado por la ONG Instituto para la Economía y Paz, indica que la violencia le costó 33.118 pesos (1.747 dólares) a cada uno de los más de 120 millones de mexicanos. "El monto del impacto económico de la violencia equivale a ocho veces la inversión pública en salud y siete veces la inversión en educación en 2017 a nivel nacional", dijo Carlos Juárez, director en México del instituto. El 2017 fue el año más violento de la historia reciente de México, con al menos 25.339 asesinatos.