El 100% de los resultados de las contramuestras solicitadas esta temporada por seis agricultores productores de trigo de la Región del Biobío fueron favorables a sus intereses, luego que solicitaran que un laboratorio arbitrador autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) evaluara una nueva muestra (contramuestra) de sus productos, por diferencias entre el poder comprador y el vendedor por el contenido de gluten en cinco casos y en uno por presencia de impurezas.

De acuerdo a los resultados del laboratorio arbitrador se pudo cambiar el precio de tres muestras, pasando de trigo intermedio a fuerte (30% de gluten), lo que permitió aumentar el valor del precio a pagar.

"El 60% de las contramuestras nacionales enviadas a arbitraje corresponden a solicitudes de la Región, lo que refleja que nuestros productores conocen la normativa vigente y están haciendo uso de ella", explicó el director regional del SAG de Biobío, Jaime Peña Cabezón, agregando que "este es un ejemplo de los derechos que tienen los productores y que está establecido en el reglamento del trigo, en el marco de Ley N°20.656 que regula las Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios. Si un agricultor no está conforme con el resultado entregado por el Laboratorio de Ensayo del poder comprador, puede solicitar el análisis de una contramuestra de su producto, la que es enviada a un laboratorio arbitrador autorizado por SAG, cuyo resultado dirime la controversia", señaló

Esta ley busca transparentar la primera transacción comercial entre el productor de trigo y los agroindustriales o corredores de granos, con el fin de asegurar un pago justo y transparente para el productor, de acuerdo a los parámetros de calidad que tiene su producto. Por ello, se establecen criterios que deben cumplir los poderes compradores, como por ejemplo que las básculas de pesaje y los equipos que son utilizados para determinar la calidad estén calibradas por un Laboratorio Calibrador autorizado por el SAG.

El mes de marzo ha reflejado uno de los problemas más acuciantes que surgen con el desarrollo de los países: la congestión. Esto no debiera asombrar si a diario se suman 1.200 autos al parque nacional. Está demostrado que, si el ingreso per cápita sigue creciendo a una tasa anual sobre el 3,5%, la disposición de los habitantes a una mayor movilidad crecerá aún más. Eso significa que las carreteras enfrentarán mayores aumentos de demanda.

Así, la mejor alternativa es validar la fórmula de "el que usa paga" por la infraestructura de transporte de primer nivel. Esto no quiere decir que debamos insistir sólo en una red vial como la actual red concesionada. Hay que pensar en el desarrollo del modo ferroviario y otros modos guiados como opción para las cargas y transporte de pasajeros.

Para que esto sea posible, el esquema tarifario debe ser coherente con focalizar en el usuario de la infraestructura el pago por la misma. Así, la tarifa que se cobre entre alguna localidad de la Región del Biobío y otra por el uso de esa carretera debe guardar relación con la que se pague por usar el ferrocarril y, a su vez, permitir que entren nuevos proyectos para complementar la oferta existente.

Esta ecuación no puede dejarse al "arbitrio del mercado". El Estado debe definir el costo usuario/km recorrido y arbitrar los superávit y déficit de los proyectos. Un ejemplo exitoso es la Ruta 5, en la cual se cobra más o menos lo mismo por km. recorrido, recaudando el Estado recursos de los tramos superavitarios, los que se transfieren a los deficitarios para mantener un estándar de servicio.

De esa experiencia debieran sacarse lecciones para proyectar un esquema para el conjunto del sistema de transporte tarificado. Si la disposición de la industria de las concesiones es avanzar hacia una fórmula de cobro sin detención, hagamos el esfuerzo por crear un sistema de cobro por km efectivamente recorrido. Si no lo hacemos ahora, en 5 años más es posible que lleguemos tarde.

secretario

ejecutivo

Consejo de

Políticas de

Infraestructura

Es abogado de la Universidad de Concepción, tiene 31 años y es la cabeza visible de una cartera que el recién asumido Presidente Sebastián Piñera le dará una visibilidad mayor, a tal punto que el ministro Alfredo Moreno forma parte del comité político.

Es el seremi de Desarrollo Social, Álvaro Pillado, quien luego de estar 7 años lejos de la zona que lo vio nacer, regresó para asumir el desafío de encabezar una cartera que busca combatir la pobreza, uno de los ejes centrales del programa de gobierno. "No hay desafío más apasionante para un dirigente político que tener la responsabilidad de conducir una de las reparticiones más importantes de este gobierno. El Ministerio de Desarrollo Social va a tener como nunca antes en la historia un rol fundamental para terminar con la pobreza, para lograr que el crecimiento económico no solo quede en cifras, sino que se traduzca en beneficios reales para las personas", hizo ver el joven secretario regional ministerial.

Agregó que en ese sentido, el llamado que les hizo el Mandatario y el ministro es ser una administración en terreno, cercana a la gente y que el ministerio sea un articulador fundamental de las políticas públicas y como éstas pueden beneficiar a cada una de las personas.

- Lo primero es destacar que dentro de los cinco objetivos que el Presidente Piñera mencionó en su discurso de asunción en el cargo, tres son del área del Ministerio de Desarrollo Social. En materia de infancia llamó a un gran acuerdo nacional y hoy nuestro ministerio pasará a ser protagonista en esa materia. Creó la Subsecretaría de la Niñez a cargo de Carol Bown y nosotros tendremos que hacernos cargo del Servicio de Protección de la Infancia, que es aquel que va a acoger a los menores vulnerables. Hoy el Sename agrupa a los infractores de ley y vulnerables, pero eso se va a dividir. Por un lado acogerá a los infractores de ley con el objetivo de rehabilitarlos e insertarlos en la sociedad, lo cual va a depender de justicia. Y vamos a tener un servicio a los niños vulnerables para insertarlos en la sociedad de mejor manera.

Aparte, el Presidente nos llamó a un acuerdo social de paz en La Araucanía y en nuestra Región tenemos muchos pueblos originarios y personas del mundo mapuche a quienes tenemos que generar un gran pacto social de paz, lo cual depende de nuestro ministerio a través de la Conadi. Y tenemos el principal desafío del gobierno, que es terminar la extrema pobreza y alcanzar en 8 años que Chile sea uno de los primeros países en alcanzar el desarrollo en Latinoamérica.

- El detalle de eso lo maneja el ministro y el subsecretario. Yo no lo veo tan necesario, de hecho creo que la división de la Región con Ñuble va implicar lo contrario y, por lo tanto, hoy estamos abocados a que el traspaso de funciones del Biobío a la nueva, en materia de todos los servicios públicos, sea de la forma más ordenada y eficientemente posible, que al final se traduzca en que la Región de Ñuble no va a partir de cero, sino con la máquina andando.

- Hasta el momento no hay lineamientos distintos en el detalle de los programas. Lo que sí tenemos es un llamando general a fortalecer aquellos programas que son más eficaces en el combate a la pobreza. Hemos generado un mapa de la vulnerabilidad que abarca distintas temáticas y que permitirán que el Ministerio de Desarrollo Social se transforme en un coordinador de las políticas de gobierno, pero además a lo que nos ha llamado el ministro Alfredo Moreno a que seamos una cartera que impulse una gran alianza público privada para el desarrollo social. Es en esto queremos incluir a empresarios, universidades, a las municipalidades, a las ONG… el combate a la pobreza es una tarea de todos, no es solo del Estado y en ese sentido nuestro ministerio va a cumplir un rol esencial y hacer una gran alianza para alcanzar el desarrollo y terminar con la pobreza, que es un llamado al que no se puede restar nadie.

- El propio ministro (Moreno) en Enade llamó a una gran alianza público privada y el la denominó la gran alianza para el desarrollo social. Eso va a involucrar a muchos empresarios y organizaciones privadas, algunas sin fines de lucro y mencionó especialmente al mundo de las universidades. El combate de la pobreza es tarea de todos y el rol que vamos a tener en el ministerio es que todos quienes deseen aportar al combate a la pobreza tengan el espacio para hacerlo. Vamos a ser un ente coordinador no solo entre los ministerios sino que también con el mundo privado para que pueda aportar a esta tarea nacional que es derrotar la pobreza.

- En esta Región creo que tenemos el mejor ejemplo de cual es el aporte del mundo privado y lo vivimos con el terremoto (27 de febrero de 2010). Sino hubiese sido por el aporte de los privados, probablemente nuestra reconstrucción hubiese siso mucho más lento de lo que fue. Al final hubo una decisión del gobierno del Presidente Piñera de involucrar y dar los espacios para que el mundo privado pudiera aportar. En ese sentido tenemos la experiencia y hemos demostrado con creces de que somos capaces de generar ese canal para que los empresarios puedan contribuir a las soluciones públicas.

- Creo que es un buen momento, porque el mundo privado y empresarial entienden de que para que tengan éxito también ellos deben tener una buena relación con la comunidad y, en ese sentido, la rentabilidad que pueden tener también va vinculada al éxito que puedan tener las comunidades en las que están insertas. He visto una muy buena disposición del mundo privado, en general, a colaborar con el llamado que ha hecho el Presidente y nosotros, más que ser una traba o un límite para ello, tenemos que ser un canal para que se aporte se traduzca en un beneficio directo a la comunidad.

- Creo que se ha avanzado mucho en la modernización del Estado. Siempre hay que avanzar más, pero creo que se ha progresado para cumplir estos objetivos, para los recursos se entrampen menos, para que se profesionalicen los sistemas y se modernicen acorde a la realidad del país y del mundo. En eso tengo una evaluación y el desafío que tenemos es apretar más el acelerador, porque el país nos demanda terminar con la pobreza con prontitud, que las políticas públicas lleguen a la gente.