Aproximadamente nueve meses de indagaciones arrojaron como resultado el esclarecimiento de 32 hechos delictuales cometidos en el transporte público del Gran Concepción, de los cuales 20 fueron cometidos solo por tres personas.

Es el corolario de uno de los últimos focos investigativos cerrados por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional del Biobío, la cual cumplió este mes dos años desde su instalación, como una de las cuatro experiencias piloto de estas características que se formaron a nivel nacional.

Los delitos indagados en la locomoción colectiva respondieron a robos con intimidación, violencia y por sorpresa. Se logró imputar a 15 personas por los 32 hechos que afectaron a pasajeros.

Patricio Aravena, fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, detalló que dentro del grupo de imputados destacan tres, quienes cometieron el mayor número de ilícitos. Dos de los sujetos ya fueron sentenciados por los tribunales de justicia, Felipe Sanhueza, con 15 años y un día de presidio, y Rodrigo Roa con 14 años. Ambos condenados suman nueve hechos delictivos, los cuales se registraron en el sector de Collao de Concepción y en San Pedro de la Paz.

En abril se realizará el juicio oral en contra de Juan Carlos Marín, quien fue formalizado por 11 robos con violencia, intimidación y por sorpresa perpetrados en Talcahuano, Hualpén y Concepción. En este caso se solicitan 20 años de cárcel.

Respecto a este foco, Aravena comentó que se trabajó en conjunto con la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones de Concepción, bajo la dirección de la fiscal Carmen Luz Flores.

Aravena también destacó la colaboración de la Seremi de Transportes y de los representantes de las líneas de locomoción colectiva, quienes facilitaron las imágenes captadas por las cámaras situadas al interior de las máquinas donde se cometieron los delitos. Se trata de valioso material de prueba que sirve para hacer comparaciones con la información de las bases de datos que la Fiscalía maneja y lo aportados por las víctimas, mencionó Aravena.

Alejandro Riquelme, presidente de la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses de Concepción, manifestó su satisfacción con los logros obtenidos y afirmó que "se cumplió el objetivo y hoy vemos que hay varias personas que están imputadas y condenadas por cometer delitos contra nuestros usuarios de la locomoción colectiva y esto ha permitido que ellos se sientan más seguros en los viajes".

BALANCE

Si bien la unidad de análisis comenzó a implementarse en marzo de 2016, los primeros meses de labor correspondieron a diagnósticos, coordinaciones y la generación de procesos de trabajo. Patricio Aravena indicó que en agosto de 2016 se declararon los primeros focos investigativos en el Biobío. Hasta la fecha ya se han abierto 44, de los cuales 10 se mantienen vigentes.

"La mayor cantidad de focos se registran en el Gran Concepción y un 75% se concentra en delitos de robos con violencia e intimidación. El resto se distribuye en partes iguales en delitos de robo en lugar habitado y en delitos de robo en lugar no habitado en sus distintas fórmulas, en locales comerciales, cajeros automáticos, robo de vehículo", especificó el fiscal jefe de la unidad.

El persecutor explicó que una de las características distintivas de este método de trabajo es que no se labora con delitos flagrantes. La idea es poder desarrollar un real proceso investigativo que apunta a detener y condenar a quienes son prolíficos en la comisión de ilícitos.

Aravena recuerda que el antecedente más directo de estas unidades nació en nuestra zona, con la experiencia concretada con los Planes de Persecución Penal. Con la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, de agosto de 2015, se le dio forma a las unidades de análisis, específicamente con el artículo 37 bis de ese cuerpo normativo.

Biobío fue una de las cuatro experiencias piloto junto con Valparaíso, O'Higgins y la Araucanía. Luego se sumó las regiones Metropolitana, Iquique, Tarapacá y Aysén. Este año se implementarán unidades de análisis en el resto del país.

Un valioso avance en la integración de las comunidades extranjeras que llegan a nuestra zona se concretó en el Juzgado de Familia de Coronel, por medio de la traducción en línea del testimonio en creol de una joven haitiana.

La declaración fue registrada gracias a un sistema visor que permite la traducción en línea en lenguaje de señas. Es una experiencia que se implementó hace dos años como piloto y recientemente fue actualizada incluyendo el español-creol.

La audiencia fue llevada a efecto en el contexto de una posible vulneración de derechos de una joven haitiana y es la primera vez se utilizó para estos fines una sala Gesell (habitación acondicionada para permitir la observación con personas).

Dicha estructura cuenta con dos módulos: uno que se ambienta de forma acogedora en la cual una consejera técnica (profesional del área sicosocial) guió la conversación y realizó las preguntas efectuadas vía sonopronter por la magistrada Ivonne Concha, quien se ubicó en la sala contigua junto a los demás intervinientes.

De esta manera pudo conocer las respuestas y apreciar las reacciones de la niña, a través de un vidrio unidireccional.

"Este sistema nos permite comunicarnos de forma inmediata y efectiva, ya que en el caso de hoy la adolescente solo hablaba el creol. Esto fue primordial para entender lo que nos quería decir y transmitirle el contenido de la audiencia", afirmó la jueza Concha.

La magistrada indicó que de esta manera el Poder Judicial proporciona una respuesta a los requerimientos que niños y adolescentes tienen, sin mediar su condición o nacionalidad.

RESGUARDAR DERECHOS

Los otros intervinientes en el caso valoraron la iniciativa puesta en práctica en esta audiencia.

"En este caso puntual hay que destacar el funcionamiento idóneo de los medios tecnológicos con los que está empezando a contar. La diversidad en la comuna es latente y a través de la implementación de estos mecanismos y recursos se logró tener una audiencia satisfactoria y tranquila con la adolescente que no hablaba casi nada de español, resguardando sus derechos y obteniendo la información necesaria para poder, eventualmente, decidir en una audiencia de juicio lo que es mejor para la situación de ella y la protección de sus derechos", aseveró Iván Trejo, abogado de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Coronel y curador ad litem (encargado de la defensa) en la causa.

La jueza Concha señaló que gracias al sistema de traducción en línea fue posible que la joven pudiera explicar su realidad y entender el proceso judicial en el que participa.

"Sin esta herramienta podría verse como algo bastante agresivo, por lo que se le explicó que en una causa de vulneración de derechos el objetivo primordial es la protección y restauración de los derechos que estuvieran, eventualmente, vulnerados", puntualizó la magistrada.