Un tribunal peruano ordenó que el ex Presidente Alberto Fujimori sea procesado por una matanza de seis campesinos en 1992, al resolver que carece de inmunidad pese a que fue indultado en diciembre, informó ayer el poder judicial.

"El Colegiado B de la Sala Penal Nacional resuelve que en el caso Pativilca no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al ex Presidente Alberto Fujimori, por lo tanto no se lo excluye del juicio en este caso", dijo en Twitter el poder judicial.

Fujimori, que cumplía una condena de 25 años de prisión por otras dos matanzas perpetradas bajo su gobierno (1990-2000), fue indultado en la víspera de Navidad por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski.

La fiscalía pide procesar en este caso a Fujimori junto a otras 23 personas, entre ellas ex integrantes de un grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas. Los fiscales piden 25 años de prisión para Fujimori, de 79 años, a quien acusa de ser autor intelectual de los delitos de homicidio, secuestro y asociación ilícita perpetrados por el escuadrón paramilitar en Pativilca, un pueblo al norte de Lima.

El 29 de enero de 1992, en momento de gran actividad guerrillera en Perú, miembros del Grupo Colina, integrado por militares, secuestraron y asesinaron a seis personas en ese pueblo.

La abogada de las víctimas, Gloria Cano, había exigido respetar los derechos de las víctimas y que no se aplicara el derecho de gracia concedido a Fujimori por el Presidente Kuczynski. "Si el derecho de gracia termina aplicándose. Vamos acudir a instancias internacionales", había declarado Cano a la prensa.

Fujimori salió en libertad después de pasar 12 años de prisión de una condena de 25 años.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó ayer la posibilidad de "mejorar" el sistema federal de control de antecedentes criminales para los compradores de armas, aseguró la Casa Blanca, en un aparente gesto hacia quienes piden medidas en esa dirección, tras el tiroteo de la semana pasada en un colegio de Florida que dejó 17 muertos.

"El Presidente habló el viernes con el senador (republicano John) Cornyn sobre el proyecto de ley bipartidista que presentaron el senador (demócrata Chris) Murphy y él para mejorar el cumplimiento a nivel federal de la legislación de verificación de antecedentes criminales", dijo la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

"Aunque las conversaciones continúan y se están considerando cambios (al proyecto de ley), el Presidente apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes", añadió.

El proyecto de ley al que hace referencia la Casa Blanca tiene un alcance muy limitado, pero llega en medio de un nuevo clamor para ampliar el control de armas de fuego en EE.UU. a raíz del incidente de la semana pasada.

Trump es un defensor de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), un poderoso grupo que se opone a cualquier límite a la posesión de armas en el país, y en su respuesta a los tiroteos registrados durante su gobierno nunca ha mencionado la necesidad de un mayor control de armas.

El proyecto de ley de Cornyn y Murphy fue presentado en noviembre pasado y obligaría a aplicar el requisito ya existente de que las agencias federales informen de cualquier crimen al Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Criminales (Nics, en inglés) del FBI.

También crearía incentivos financieros para que los estados informen al Nics de cualquier ofensa criminal, con el objetivo de fortalecer esa base de datos y prevenir que aquellas personas con antecedentes criminales puedan adquirir un arma de fuego.