La Contraloría Regional del Biobío acogió a tramitación la presentación de una funcionaria que denunció eventuales irregularidades en el proceso de tres concursos públicos para cargos de jefaturas en el Gobierno Regional, que fueron abiertos el 21 de diciembre y adjudicados a fines de enero.

El órgano contralor determinó que el intendente Rodrigo Díaz deberá emitir un informe jurídico fundado respecto de lo denunciado por Daniela Moraga, jefa interina de Inversiones y Municipalidades, quien en su presentación solicitó investigar acerca de dos supuestos vicios en la tramitación de las contrataciones.

Según Moraga, en dos de ellos, las jefaturas del departamento de gestión territorial y desarrollo regional y de gestión de personas, se debió hacer un llamado abierto y no interno, como se hizo. Moraga expuso que ambos concursos habían sido declarados desiertos en enero de 2014, por lo que ahora en segundo llamado correspondía llamados abiertos a todo público.

"Los llamados a concurso debieron ser abiertos", dijo Moraga a El Sur. También, aseguró que, en el caso del llamado a concurso para jefatura del departamento de Inversiones y Municipalidades, había un problema con la dependencia del cargo.

Moraga dice que el Gobierno Regional cambió desde la División de Análisis y Control a la División de Planificación de Desarrollo Regional dicha jefatura, sin la aprobación del Consejo Regional.

"Tengo entendido que ese cambio requiere que el Consejo Regional intervenga y lo apruebe", destacó la jefa interina.

En los tres concursos se oficializaron a los ganadores y deben asumir el próximo 19 de febrero.

Daniel Moraga trabaja en el Gobierno Regional desde hace doce años, postuló a los tres concursos y no resultó ser ganadora.

Desde el Gobierno Regional se destacó que aún no han sido notificados del procedimiento, sin embargo, tal como ha sido en ocasiones anteriores, responderán lo solicitado por Contraloría.

Tras el anuncio de la futura vocera de Gobierno del Mandatario electo Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, relativa a que los intendentes serán designados la última semana de febrero -a menos de 15 de asumir en los cargos-, dos ex intendentes discrepan acerca de los tiempos y la fluidez en la instalación del nuevo gobierno.

Mientras Jacqueline van Rysselberghe, presidenta nacional de la UDI y ex jefa regional en el primer gobierno de Piñera, dice que los días que tendrá el nuevo intendente son adecuados para su labor inicial, Jaime Tohá (PS), ex representante local de Ricardo Lagos en la década del dos mil y actual diputado electo en el distrito 20, enfatiza que el nuevo mandamás regional designado "tendrá que correr", para afrontar este proceso.

En tanto, Martín Zilic, ex intendente DC durante el gobierno de Eduardo Frei, dice que el plazo de designación es relativo y depende del equipo que acompañe al nuevo intendente. "Incluso depende de si algún nombre debe ser bajado por problemas en su historial. Es decir, hay varios factores más que resultan determinantes. Lo del tiempo, puede ser", dijo Zilic.

En su caso, el médico dice haber recibido la llamada del Presidente Eduardo Frei a mediados de febrero de 1994.

Por el lado de la UDI Jacqueline van Rysselberghe quien asumió el cargo de intendenta tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, el tiempo de la designación que proyecta el actual Mandatario electo es "más que suficiente. Hay que recordar que tras la catástrofe del 27-F, los intendentes que fueron nominados en las zonas de la fatalidad fueron anunciados la primera semana de marzo y el resto pocos días antes de asumir el mando".

Van Rysselberghe asegura que no hay necesidad de designarlos antes porque el acto administrativo que los nombra tienen que ser por decretos firmados después del 11 de marzo. "Por lo tanto, me parece que desde la última semana de febrero hasta que asuman tendrán tiempo para prepararse", agrega la senadora UDI.

Finalmente, Jaime Tohá destaca que los gobiernos de cuatro años son muy cortos y "que una autoridad como un intendente tenga que perder dos o tres meses instalándose es muy inconveniente. Para mí lo ideal sería que a esta altura estuvieran designadas esas personas".

Añade que "que trabajarían hoy en la conformación de sus equipos, de estudiar la cantidad de información que le entrega el gobierno saliente".

Tohá resaltó que recibió el llamado de Ricardo Lagos a principios de febrero de 2.000.

Como parte de un acuerdo entre el Gobierno y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) alrededor de 500 funcionarios del Biobío que están bajo el sistema de honorarios deberán ser traspasados a contrata antes del 15 de mayo próximo.

Así lo explica Lorena Lobos, presidente regional de la Anef, quien señala que gracias al protocolo, que fue acordado con el Ejecutivo en 2014 y se extendió durante todo este periodo de Michelle Bachelet, en la Región se han realizado las modificaciones de contrato a alrededor de 1.500 funcionarios y 500 más esperan el cambio del vínculo laboral en el plazo descrito.

En tanto, la intendenta subrogante (s) Andrea Muñoz fundamenta que se trata de un acuerdo de gobierno, que es parte de un plan de trabajo y que va más allá de un mandato presidencial. Además, la jefe regional señala que se beneficiará a los trabajadores fiscales independiente de su color político, con lo cual descarta cualquier cuestionamiento de "amarres de cargos" que pueda surgir con la medida.

Desde el Serviu, Paula Quilodrán, presidenta de la Asociación de Trabajadores del servicio, que según la Anef es una de las unidades que más presentan funcionarios a honorarios, destacó que restan cerca de 120 personas bajo esa modalidad que esperan el cambio de sus contratos.

circular

De acuerdo a la circular con fecha 9 de febrero, el Ministerio de Hacienda explica que los servicios a nivel nacional deberán solicitar las modificaciones presupuestarias para realizar el cambio contractual, de honorarios a contrata, de hasta 8 mil funcionarios en todo el país.

Para tal efecto, los trabajadores propuestos deben cumplir una serie de requisitos. Entre otros, que tengan un antigüedad de a lo menos un año en el servicio, contada el 1 de enero de 2018, a jornada completa y que tengan un contrato a honorarios vigente. También que el servicio prestado sea un cometido específico de naturaleza habitual en la institución respectiva.

Las instituciones de gobierno deben realizar sus solicitudes antes del 15 de mayo de este año, a partir de lo cual la Dirección de Presupuestos (Dipres) determinará la procedencia de los cambios solicitados.

Posteriormente, cada servicio, de acuerdo a los cupos aprobados por Hacienda, deberá priorizar la asignación de los cambios en los contratos. Incluso, si hay negativas de trabajadores a la modificación del vínculo laboral, la lista corre inmediatamente a quien le sigue en la priorización que estipule la institución de gobierno.

protocolo junto a Anef

Andrea Muñoz explica que este protocolo de acuerdo que firmó el gobierno en la mesa del sector público, fue a partir del 2014 y estableció el traspaso gradual de funcionarios a honorarios a contrata.

"Esto está aprobado en la Ley de Presupuesto de 2018 en el Congreso, por todas las fuerzas políticas. Entonces no es algo que sale del Ministerio de Hacienda porque se le ocurre a partir cualquier cosa. Hay un procedimiento", añade la intendenta (s).

En el mismo sentido destaca que, a nivel nacional, en 2015 se modificaron el contrato a 2.235 funcionarios, en 2016 a 2.772 y en 2017 a 8.000. "Para este año, el instructivo dice hasta ocho mil funcionarios, que además tienen que ser propuestos por el servicio para ser aprobado en mayo por la Dipres, que puede ser la totalidad o parcialmente lo que se propone", agrega Andrea Muñoz.

En relación a alguna crítica que pueda surgir de la oposición por un supuesto "amarre de cargos", la jefa regional subrogante señala que este proceso quedará también en manos del próximo gobierno, con lo que se descarta ese hecho.

esperan que se cumpla

Para Lorena Lobos es esencial que este acuerdo sea respetado por la próxima administración, a manos del Presidente Sebastián Piñera.

"La bases de este acuerdo vienen cimentadas desde el primer gobierno del Presidente Piñera. Luego, con la Presidenta Bachelet se continúa trabajando y se logra incorporar a una gran cantidad de trabajadores al régimen a contrata. Tiene como base resolver la precariedad laboran en que se encuentras los funcionarios a honorarios", destaca Lobos.