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Carabineros se defiende de acusación de montaje y Aleuy pide aclarar situación

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El Gobierno, a través del ministro de Interior (S), Mahmud Aleuy, aseguró que "no hará juicios apresurados" sobre el escándalo que enfrenta a Carabineros y el Ministerio Público por la presunta manipulación de pruebas en la "Operación Huracán".

Sin embargo, el jefe de gabinete (S) expresó que "si se llega a probar parte de los hechos, en el ámbito que se determine, el costo será muy alto para la institución que corresponda".

El Ministerio Público decidió el jueves no perseverar en la investigación de la "Operación Huracán", en la que se detuvo a ocho personas, entre ellas el líder de la CAM, Héctor Llaitul, por su supuesta participación en la quema de camiones y maquinaria agrícola.

La decisión se debió a una presunta manipulación de pruebas por parte de la policía uniformada, entre las que se encontraría la supuesta implantación de conversaciones de Whatsapp.

Versión de carabineros

Las declaraciones de Aleuy se dieron la misma jornada en que Carabineros ordenó un sumario para esclarecer la controversia, pero defendió las diligencias cuestionadas.

El general de la Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu, dijo estar "extrañado" ante la determinación del Ministerio Público de no perseverar en la investigación y cerrar el caso.

"Me extraña mucho que la determinación de no perseverar haya sido declarada públicamente, luego de que un fiscal de La Araucanía presentara una querella por los antecedentes que nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público y que le podría afectar personalmente", sostuvo.

Según Blu, la incautación y análisis de los elementos telefónicos "se realizó conforme a las instrucciones, supervisión, control y dirección de la Fiscalía de Alta Complejidad y de la Unidad Especializada de Lavado de Dineros, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional".

En una dura acusación al Ministerio Público, Blu planteó que esa institución "ampara a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo en las regiones del sur del país".

El jefe de Inteligencia de Carabineros agregó que "nuestra investigación fue y está amparada en la legislación vigente". Aseguró que las acusaciones del Ministerio Público "colocan en tela de juicio las decisiones y control jurisdiccional realizados.

Para el oficial, "es preocupante que una investigación de ocho meses se pretenda cerrar con otra de tres semanas y más aún quedando una veintena de diligencias pendientes".

posible reapertura

La vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, aclaró ayer que la investigación de la "Operación Huracán" podría reabrirse "en la medida en que contemos con antecedentes que no estén contaminados, pero esos antecedentes hasta ahora no existen".

Herrera rechazó la acusación del general Blu respecto de que la Fiscalía "ampara" a quienes han causado miedo en zonas del sur del país. "La adulteración de evidencia constituye delitos y eso no significa que nosotros avalemos nada, porque la Fiscalía, en la petición que ingresó al órgano jurisdiccional (Tribunal de Garantía), únicamente está diciendo que no tiene antecedentes que le permitan seguir adelante con la investigación", afirmó.

En una nueva arista de la polémica, Carabineros se negó ayer a colaborar en un allanamiento que efectivos de la PDI realizarían a la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) en Temuco.

Por este hecho, Herrera pidió la "intercesión" del Ministerio del Interior para conseguir los elementos requeridos "a la brevedad".

línea de acción

"Hay que mantener los canales judiciales que establece la ley (...). Vamos a solicitar a los canales judiciales el máximo celeridad en el esclarecimiento de esto hechos", agregó Aleuy.

Uno de los principales inculpados en la causa, Héctor Llaitul, acusó al ministro del Interior (S) Mahmud Aleuy y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de un supuesto montaje en contra de los comuneros mapuches.

"Era un montaje muy elaborado de parte de la ANI y de Carabineros. Hay responsabilidades en este montaje de parte del Gobierno, del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy", comentó el vocero de la Coordinardora Arauco-Malleco (CAM) al portal El Mostrador.

El activista agregó que la CAM es "objeto de persecución, de criminalización y de militarización de la zona de conflicto".

Consejo para la Transparencia advierte daño a la credibilidad

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El eventual falseamiento de pruebas denunciado por fiscalía en contra de Carabineros en la Operación Huracán fue calificada como "grave" por el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago. Advirtió que situaciones como esta dañan la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas.

"Nosotros hemos alertado sobre esta materia hace muchos: la desafección y desconfianza de los chilenos hacia los organismos del Estado sólo se rectificará cuando las instituciones actúen con completa transparencia y probidad. Es urgente y perentorio que Carabineros, una entidad que ya estaba siendo cuestionada por sus sistemas de control interno, refuerce ya sus protocolos de investigación", dice Marcelo Drago

El presidente de la entidad explica que las facultades discrecionales que tiene la policía, como las escuchas telefónicas, también deberían ser sometidas a estrictos mecanismos de revisión.

"La interceptación es un recurso extraordinario que últimamente ha sido utilizado con una frecuencia inédita. De hecho, muchas de esas intervenciones han sido finalmente filtradas, lo que también evidencia la apremiante necesidad de establecer protocolos que resguarden esa información bajo estrictos parámetros de protección", añade Drago.

En el mismo sentido, el jefe de la entidad destaca que "se trata de información que involucra delicados datos personales de todos los ciudadanos. Por esa razón, nos preocupa el extendido uso de las intervenciones telefónicas sin controles estrictos, con el poder que entrega a quien las realiza y el potencial abuso que se puede hacer de las mismas".

También, el presidente del CPLT, que funciona en Santiago, hizo un llamado a que la investigación que ahora se abre se realice "de frente a la ciudadanía y bajo inflexibles medidas de transparencia y probidad".