En silencio y a la espera de una respuesta. Así se desarrolló la manifestación protagonizada por un grupo de funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) la mañana de ayer, en el ingreso del Centro de Internación Provisoria y Centro de Reclusión Cerrado CIP-CRC de Coronel.

Iván Arriagada, dirigente regional de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (Antrase), explicó que la protesta implicó una paralización de sus actividades, luego del episodio de violencia ocurrido la tarde del sábado, cuando siete internos ocasionaron destrozos al interior de una de las casas.

Los desórdenes terminaron con dos trabajadores lesionados.

De acuerdo a lo expresado por la asociación, la medida de presión busca que tres jóvenes, apuntados como los líderes de los desordenes, sean trasladados a otros recintos, considerando que son adultos, junto a la entrega de mayores herramientas a los funcionarios para el control de estos episodios.

La manifestación generó críticas desde la Defensoría Penal Pública debido al rol que juegan estos funcionarios en el desarrollo de la reinserción de los internos. Asimismo, indicaron que los traslados son posibles, pero los casos deben ser analizados de forma individual y cumplir con lo que establece la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, para así no ser impugnada en tribunales.

Finalmente y tras un encuentro con la dirección regional de Sename, los funcionarios depusieron la medida y retomaron sus funciones. En el encuentro se comprometió analizar técnicamente cada una de las demandas.

EN ALERTA

Iván Arriagada, presidente de Antrase Biobío, planteó que existe preocupación por el empoderamiento de los jóvenes al interior del recinto luego de los últimos episodios de violencia, versus las herramientas a los funcionarios.

"Una de las mayores críticas que le hacemos nosotros a la ley 20.084 (de responsabilidad penal juvenil) es el hecho que existan jóvenes mayores de edad, en calidad de imputados y condenados, compartiendo espacios con menores de edad. Ha habido momentos en donde hemos tenido jóvenes de 23 y hasta 24 años compartiendo espacios con jóvenes de 14 años", detalló

Por ello el dirigente señaló que existe preocupación, pues no existirían las condiciones óptimas para el desarrollo de sus funciones: "Nos preocupa el nivel de agresividad, porque han existido casos concretos y llamados para agredir a los funcionarios. La mayoría de eso es liderado por jóvenes mayores de edad. Eso nos significa trabajar en una completa inseguridad y finalmente se están vulnerando los derechos de los menores de edad internos".

Arriagada insistió en la necesidad de trasladar a los jóvenes que superan los 18 años y que, a su juicio, son un peligro. "Nosotros solicitamos que hoy sean trasladados a otros centros del Sename dos o tres jóvenes que han liderado las acciones violentas. El joven infractor de ley ya ha perdido todo respeto y no podemos llegar a esos niveles. A nosotros nos interesa avanzar en el trabajo con los jóvenes, pero para eso deben estar las condiciones", afirmó.

CRÍTICAS

Osvaldo Pizarro, defensor penal público regional, enfatizó que no comparte medidas de presión para exigir traslados.

"Yo no comparto que funcionarios públicos hagan manifestaciones e instrumentalicen este actuar como herramientas para obtener que jóvenes, de cuales ellos son por ley los custodios y deben ayudar en su proceso de reinserción, utilicen esto como una medida de presión para generar los traslados que estimen pertinentes", dijo.

Pizarro recordó que la ley de Responsabilidad Adolescente regula estos procesos: "El Sename tiene facultades para, conforme a ciertos requisitos, poder trasladar a un adulto que se encuentra en su etapa de ejecución. No obstante eso debe ser analizado caso a caso conforme a los antecedentes que en cada caso particular existan. Esos antecedentes están vinculados al tiempo de condena y cuanto le falta por cumplir a un joven en su condición de adulto, pero con penas privativas de libertad como menor de edad y por otro lado, con las condiciones de reinserción y los avances que ha tenido en sus planes de rehabilitación y reinserción en sistema cerrado", explicó.

El defensor regional detalló que el incumplimiento de la norma podría derivar en una impugnación de la medida en los tribunales y agregó que ya hay precedentes sobre aquello en la región y a nivel nacional.

Asimismo, sumó que esta semana podrían reunirse con autoridades del Sename y que ahora estarán atentos a la presentación de los eventuales traslados.

ANALIZAN CASOS

Patricio Muñoz, director (s) de Sename Biobío, comentó que las conversaciones lograron que los funcionarios retomaran sus actividades habituales en el recinto.

"Existe un compromiso por parte del servicio de evaluar técnicamente las solicitudes planteadas por los dirigentes. Ya los funcionarios están en sus labores normales (...) El traslado de los jóvenes es una de las medidas que se está evaluando por parte del equipo técnico y el director de ese centro, junto a la dirección regional", precisó.

Respecto a los episodios de violencia, Muñoz dijo que se realizan gestiones para evitar estas situaciones. "Los episodios críticos, nosotros entendemos, son parte del sistema. El director del centro puede, en coordinación con gendarmería, intervenir. Pero esos ingresos no son con fuerza, como ocurrió en los últimos", dijo.

El director (s) de Sename no precisó plazos, pero aseguró que esperan concretar las medidas en el corto plazo.

Una querella por el delito de amenazas, que habría realizado un grupo de microtraficante a guardias, es el que presentó en la jornada de ayer la Universidad de Concepción (UdeC) en el Juzgado de Garantía penquista.

Esta no es la primera denuncia que se presenta a la justicia y que está relacionada a grupos que venden sustancias ilícitas al interior del campus de la UdeC. Al menos hay otras dos más, como lo expuso el abogado de la casa de estudios, Enrique Águila.

Durante el último año el tráfico de droga al interior de la universidad se ha vuelto más complejo, según han reconocido en la UdeC. Carabineros ha realizado operativos especiales para detener a personas que trafican sustancias como marihuana, cocaína o sustancias alucinógenas.

Hasta mediados de 2017 el OS-7 de Carabineros había realizado 52 operativos, en los que detuvo a 107 personas. Entre 2015 y 2016 hubo 171 procedimientos, con 363 arrestos en el campus penquista.

AMENAZAS

La nueva acción judicial apunta específicamente a hechos ocurridos el 18 de enero en el campus universitario. Ese día el grupo de microtraficantes amenazó a dos guardias de seguridad. A uno dijo que le causaría lesiones y al otro que lo asesinaría.

Ante esa situación la UdeC ingresó una nueva querella. Ya había presentado una por amenaza y otra por tráfico de drogas. En esa hay personas formalizadas, las que están con las cautelares de prohibición de acercarse a la universidad y a las persona amenazadas.

"La querella apunta a que estas personas sean individualizadas (…), para que en definitiva se les apliquen las penas que establece la ley para el delito de amenaza simple", contó el abogado de la UdeC.

A las personas por el momento se les conoce por un alias y por sus rasgos físicos, por eso se solicitó en el libelo judicial que los guardias declaren y que en las diligencias que realicen las policías se logre la identificación completa de estas personas.

El abogado de la UdeC planteó que si bien esta es una nueva querella, la idea es que se relacione con las otras que se han presentado. La finalidad es que la investigación conjunta de los hechos concluya en que es sólo una banda la que está ocasionando los problemas de microtráfico al interior de la Universidad de Concepción.

A las 10 de la mañana y en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se desarrollará la audiencia solicitada por la defensa de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, en el marco de la querella en su contra por su vinculación con Asipes.

Esta investigación se inició tras la presentación del diputado comunista Hugo Gutiérrez y que apunta a la relación de la senadora UDI con Luis Felipe Moncada, expresidente de la Asociación de Industriales Pesqueros. Específicamente se cuestiona el intercambio de correos cuando ella era presidenta de la Comisión de Pesca del Senado, momento en el que se tramitó una ley que abordaba la pesca del jurel.

Lo que se verá es la posibilidad de que la causa se traslade a Concepción.

Aunque el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, no dio declaraciones al respecto, anteriormente mencionó que era complicado acceder a esta petición, considerando que hay más querellados y que tienen residencia en otras regiones del país.