La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer la renovación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que permite recolectar información digital de extranjeros, luego de de contradictorios mensajes del Presidente Donald Trump y críticas de defensores de la privacidad.

La Cámara baja sacó adelante la propuesta con 265 votos a favor y 164 en contra, y pasa ahora al Senado, donde deberá ser considerada antes del 19 de enero, cuando expira su validez.

No se espera que la Cámara Alta muestre oposición a la controvertida ley de espionaje, por lo que es más que probable que cuente con su aprobación para que se mantenga en vigor durante otros seis años.

Algunos senadores, como Rand Paul, de Kentucky, miembro del ala libertaria del partido republicano, criticó la ley al afirmar que "ningún estadounidense debería perder su derecho a la privacidad".

La aprobación por parte de la Cámara estuvo marcada por unos sorprendentes mensajes de Trump en su cuenta de Twitter. En un primer momento, el Mandatario pareció mostrar su rechazo a la ley al asegurar que pudo haber sido utilizada para espiar con malas intenciones su campaña presidencial en 2016.

Sin embargo, minutos después afirmó que el voto de ayer "es sobre tipos malos extranjeros en territorio extranjero", agregando en otro mensaje que "la necesitamos".

La renovación afectaba a la Sección 702 de la FISA, a través de la cual la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) recolecta información sin orden judicial sobre las comunicaciones por vía digital de extranjeros fuera de EE.UU. (incluidas con ciudadanos estadounidenses).

Los servicios de inteligencia de EE.UU. consideran esta sección como una herramienta clave en sus labores de espionaje.

Varios dirigentes del proceso secesionista catalán asumieron ayer la legalidad constitucional española y rechazaron la vía unilateral por la que el pasado 27 de octubre el Parlamento de esa región aprobó una ilegal declaración de independencia.

Los líderes de las dos principales asociaciones independentistas catalanas y el ex consejero catalán de Interior comparecieron ayer ante un juez del Tribunal Supremo para pedir su libertad provisional, mientras avanza el sumario del caso por el que se les acusa de rebelión y sedición.

Jordi Cuixart (de la asociación Omnium), Jordi Sánchez (de la ANC) y el ex consejero de Interior, Joaquim Forn, depararon una renuncia expresa a la vía unilateral hacia la independencia de Cataluña y la admisión de que no fue legal la consulta organizada por el anterior Gobierno de esa región el 1 de octubre, que planteaba a los ciudadanos si querían convertirse en una república independiente del Estado español.

Cuixart, Sánchez y Forn reconocieron además que hubo actuaciones contra la ley en el proceso hacia la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre y en el referendo del primer día de ese mes.

Dos de estos encausados (Sánchez y Forn) fueron elegidos diputados catalanes en las elecciones regionales del 21 de diciembre, en listas de partidos independentistas que, en conjunto, tienen la mayoría absoluta de la Cámara.

No obstante, la suerte judicial de ambos es relevante, como la situación de los cuatro ex consejeros que están en Bruselas junto al ex presidente regional Carles Puigdemont, huidos de la Justicia que les persigue por los mismos delitos de rebelión y sedición.

Los siete son miembros electos del "Parlament", como el ex vicepresidente Oriol Junqueras - también encarcelado - y su eventual ausencia a partir del día 17 reduciría el dominio independentista, que pasaría de 70 a 62 escaños, seis por debajo de la mayoría absoluta.