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Ediles evalúan fortalecer atribuciones de la administración del Mercado

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Las últimas semanas han sido complejas para el funcionamiento del Mercado Provisorio de Concepción. Cortes de luz, anuncio de términos de contrato y sesiones especiales en el concejo municipal para tratar el tema han sido la tónica luego que se conociera que los locatarios mantienen una deuda de más de $100 millones en gastos comunes y la administración otra por casi $20 millones con la compañía General de Electricidad, CGE.

En ese contexto, los concejales de Concepción durante la última sesión de la comisión de Turismo y Fomento solicitaron al municipio revisar los contratos que se están aplicando en el recinto.

La infraestructura comenzó a operar en julio del año pasado como una forma de ayudar a los locatarios que perdieron su lugar de trabajo después del incendio que afectó al mercado original, lo que ocurrió en abril de 2013. Aunque partió con 156 locales asignados, actualmente sólo el 30% abre sus puertas regularmente.

Al respecto, el concejal Ricardo Tróstel Provoste (PR) aseguró que lo que se necesita es entregar mayores atribuciones a la concesionaria, que le permitan obligar al cumplimiento del reglamento interno del Mercado.

"Creo que es necesario aportar a las sugerencias que nos hizo la administración de entregarles más facultades a ellos con tal de que se sancione de manera efectiva a los locatarios que no cumplen. Creo que ese es el problema. A lo mejor no es necesario llegar a la expulsión, pero sí a algunas amonestaciones, no solamente escritas, sino también multas", dijo.

CUESTIÓN DE

ATRIBUCIONES

El presidente de la Asociación Gremial de Locatarios del Mercado Provisorio, Guillermo Canales Seguel, manifestó que si se quisiera modificar el contrato, primero se tiene que terminar el vigente y después firmar uno nuevo.

"En ese caso, nosotros tenemos que asesorarnos por abogados para poder hacer un contrato que no perjudique a las personas", dijo.

Respecto a la entrega de más atribuciones, Canales manifestó que "lo que está pidiendo la administración es tener única y exclusivamente herramientas de apremio para conseguir, según dicen, recuperar los dineros que ellos han invertido acá; y eso es bastante relativo para nosotros, porque sabemos que han recibido más dinero del que están declarando".

Agregó que "ellos lo que quieren no es una modificación del contrato para mejorar el funcionamiento del mercado, sino que buscan herramientas de apremio para lucrar a costa del sufrimiento de la gente; y con eso yo no voy a estar de acuerdo".

Pese a que cree necesario que se revisen los contratos de concesión y de comodato, el edil Boris Negrete Canales (DC) manifestó que "lo que se tiene que ver aquí es una discusión más profunda. Esto no se trata de las deudas o modificar el contrato, sino que tiene que ver con el modelo que se aplicó en este proyecto, porque no hay que olvidar que era un proyecto social".

En tanto, el concejal Joaquín Eguiluz Herrera (RN) planteó que más que proyectar un único camino, lo importante es tomar medidas que en el corto plazo ayuden a revertir la situación de endeudamiento que tiene el recinto.

En esa línea, Eguiluz dijo que "es necesario trabajar en habilitar los estacionamientos de Padre Hurtado para que sean de uso exclusivo para los clientes del mercado y asegurarle a la gente que si va en auto a hacer sus comprar, puede estacionarse en un lugar cercano y seguro".

Eso así, también manifestó estar de acuerdo con realizar una revisión de los contratos, aunque también puntualizó que "hay que evaluar caso a caso".

SIN PARTICIPACIÓN

La mayoría de los contratos de comodato, que permiten a los locatarios la ocupación de los locales, data de julio de 2016, días antes de que comenzara a operar oficialmente el recinto provisorio.

Para los locatarios, este documento también merece una revisión, ya que "el contrato que tenemos nosotros con la administración tiene varias fallas, incluso de redacción. Nosotros lo hemos revisado con abogados y no estamos para nada de acuerdo con el contrato que firmamos".

Canales aseguró que "a nosotros no se nos dejó participar en la redacción del contrato ni en el conocimiento de éste. La municipalidad lo hizo a puertas cerradas y cuando se lo mostraron a la gente para que lo firmara, ellos lo hicieron por el respaldo que les entregaba el municipio y porque era un proyecto social, por lo que no tenían dudas de que lo que se estaba firmando era un contrato bien estructurado".