"Piñera despidió a una gran cantidad de trabajadores públicos en la región durante su primer mandato en 2010. No tuvo una buena experiencia con nosotros", dice Domingo Rocha, ex presidente y actual dirigente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), ante la futura instalación en marzo del gobierno del Presidente electo Sebastián Piñera.

Rocha, que lleva años de servicio en la zona, dirigía la entidad sindical cuando el Jefe de Estado electo asumió su primer periodo hace casi ocho años.

De acuerdo a cifras del Gobierno Regional y de la misma Anef local, en la Región del Biobío (sumado Ñuble) hay 35 mil trabajadores públicos, de los cuales 27 mil son de planta y contrata. Los 8 mil restantes cuentan con contrato a honorarios. Estos últimos, más un porcentaje de funcionarios a contrata, son la principal preocupación de la dirigencia regional de la citada entidad gremial.

"Son alrededor de 8 mil trabajadores que están preocupados por despidos", reafirmó Lorena Bustos, la actual presidenta regional de la Anef.

En este conteo no se incluyen los cargos de confianza a nivel regional, pues son de libre disposición del nuevo gobierno. Aquí se considera a los seremis, el intendente y algunos asesores cercanos al jefe regional que trabajan en Intendencia, cargos que no superarían la treintena.

Se excluye a las jefaturas de servicio que están reguladas bajo el sistema de designación por Alta Dirección Pública (ADP).

No obstante, los mismos dirigentes reconocen que la cantidad de personas desvinculadas o a las que no se les renovó el contrato no alcanzó a llegar a las 2 mil en el periodo anterior de Piñera.

experiencia anterior

Bustos y Rocha insisten en el mal registro de despidos durante la primera administración de Piñera, que partió el 11 de marzo de 2010. Rocha habla de 300 despidos sólo en la instalación y Lorena Bustos asegura que luego, con el paso de los años, esa cifra se incrementó en, a lo menos, 1.500 trabajadores.

Según Lorena Bustos, "aunque hay jurisprudencia de fallos de tribunales que han resuelto a favor de trabajadores despedidos en los últimos años, incluso de municipios, hay temor por lo que ocurrirá con la llegada al gobierno de Sebastián Piñera".

Aclaró que estos resultados judiciales se han dado en favor de trabajadores a contrata y a honorarios.

Los dirigentes sumaron como argumento las declaraciones del Mandatario electo durante su campaña presidencial, que expresó que "vamos a reducir la grasa del Estado".

Estas palabras, que fueron posteriormente aclaradas por Piñera, apuntaban a la desvinculación de operadores políticos del gobierno y a la revisión y recorte de programas mal evaluados.

Esto último podría derivar, según Piñera, en una posible eliminación de los programas calificados como deficientes y reasignación de recursos a otras áreas.

Sobre aquello Bustos asegura que "en el Estado no existen operadores políticos. Todos los que están contratados ejercen funciones para el Estado y no para partidos políticos. Eso lo podemos corroborar como dirigentes".

Agregó que temen por los trabajadores públicos que están contratados en programas y que ejercen funciones a través de municipios.

"Todos los ministerios tienen a lo menos un programa que funciona asociado a una municipalidad", destaca la presidenta regional de la Anef.

Otras organizaciones

La presidenta de la asociación de funcionarios de la Seremi de Vivienda y del Servicio de Vivienda, Paula Quilodrán, también se está preocupada por los eventuales despidos de trabajadores que representa, que son alrededor de 850.

"De ese total, hay alrededor de 125 que están a honorarios y 230 que pasaron a contrata estos últimos dos meses. Por supuesto que hay preocupación y temor por despidos", dice Quilodrán.

Sobre el periodo anterior de Sebastián Piñera cuenta que "se despidió a muchas personas y además se contrataron a funcionarios con sueldos más altos. Eso desordenó la función pública".

Lorena Bustos, la líder regional de la Anef, afirma que la asociación le entregará apoyo legal a todo funcionario despedido. Además, indica, "nos reuniremos con las nuevas autoridades regionales para plantearles este tema".

En el Gobierno Regional del Biobío hay 150 funcionarios que son de planta y a contrata. Se suman 47 trabajadores a honorarios. Así lo confirma Marcos Mellado, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de los Gobiernos Regionales del país, quien también es dirigente a nivel local.

Mellado destaca que "hay temor en un 25% de los funcionarios del Gore que están a honorarios y son mucho más vulnerables. Por eso hay incertidumbre con lo que va a pasar".

Al igual que los demás dirigentes, dice que se defenderá a los despedidos.

tranquilidad

Jorge Fuentes, presidente regional de la UDI y ex vocero de campaña de Sebastián Piñera, reitera lo que comunicó el Mandatario electo, quien envió un mensaje de tranquilidad a los funcionarios que hacen bien su trabajo. "Me sumo a sus palabras. Aquí sólo habrá excepciones con los operadores políticos", plantea Fuentes.

Frente a los dichos de la presidenta regional de la Anef, quien señaló que en el Estado no habían operadores políticos, Fuentes señala que "más que despidos, lo que esperamos es que aquellos que saben que son de confianza dejen sus cargos en el gobierno antes del 11 de marzo".

A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales. Esto, luego que el Senado, en sesión extraordinaria y por unanimidad, visara el informe de la Comisión Mixta que resolvió las divergencias suscitadas en la tramitación del proyecto.

El texto ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, por lo que sólo restaba este trámite.

Uno de los temas que zanjó la instancia mixta fue que los consejeros regionales electos este año cumplirán su periodo completo, que se extenderá hasta 2022. Inicialmente se pensó en acortar su mandato a tres años, sólo por esta vez, para hacer coincidir su próxima elección con las municipales, instancia en la que también se elegirá al gobernador regional.

Finalmente el dilema se zanjó estableciendo que el próximo periodo durarán tres años en los cargos, calzando así con las elecciones territoriales de 2025. De ahí en adelante los periodos serán de cuatro años, tanto para consejeros como para gobernadores regionales.

El senador Felipe Harboe (PPD), que intervino en la sesión de ayer, valoró el trabajo realizado por la comisión: "Restituye un principio muy importante: el que las autoridades que son electas por un período determinado, duren el tiempo para el cual fueron elegidos".

Añadió que con esta decisión se evita crear un precedente en materia de alteración de períodos de ejercicio de algún determinado cargo de elección popular.