Con la visita de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball Astaburuaga, ayer se inauguró el nuevo Centro Cívico de Boca Sur, en San Pedro de la Paz.

Sin embargo, la empresa constructora continuará realizando trabajos en el lugar hasta el 20 de este mes para ajustar algunos detalles y homologar las obras a las nuevas normas constructivas en, por ejemplo, los baños de los espacios, que ahora deben incluir un acceso universal para discapacitados.

Pese a ello, el municipio de San Pedro de la Paz informó que en marzo del próximo año comenzarán a ocupar el espacio que significó una inversión de más de $3 mil millones. En tanto, una vez que la empresa constructora entregue las obras, se instalará una base de las patrullas municipales para resguardar el recinto y dar mayor cobertura al sector.

Durante la actividad, las autoridades locales recorrieron el terreno de más de 14 mil metros cuadrados que alberga una compañía de Bomberos, oficinas municipales, graderías para un anfiteatro, juegos infantiles, una cancha multiuso, salas multipropósito y un espacio que será utilizado para la venta de productos locales.

Se proyecta apertura de oficinas municipales para marzo.

Lorenza Cayuhán Llebul ingresó de urgencia hasta la clínica de la Mujer de Concepción el 14 de octubre del año pasado. La llegada de su hija Sayén era inminente y una cesárea fue el procedimiento indicado.

A su lado, funcionarios de gendarmería custodiaron a la mujer condenada a cinco años de cárcel y en su pie izquierdo, un grillete evitó una posible fuga del lugar.

Esos son algunos de los antecedentes que fueron recordados durante la audiencia de formalización de tres gendarmes por el delito de vejaciones injustas en contra de Cayuhán, audiencia que se realizó en el Juzgado de Garantía de Arauco. La mujer se encuentra actualmente recluida en la cárcel de esa comuna.

En poco menos de una hora la fiscalía expuso los antecedentes recabados durante un año y dos meses de investigación. En tanto, la defensa de Cristina Segundo Sánchez, Andrea Concha Fernández y Cristian Pino Ceas insistió en la inocencia, argumentando que sólo obedecieron a los protocolos establecidos.

Tras el debate se ordenó que los imputados no podrán acercase a Lorenza Cayuhán y el tribunal decretó cuatro meses para investigar.

INCUMPLIMIENTO

El fiscal, Nelson Vigueras, explicó que pese a la orden expresa de la dirección Regional de Gendarmería y el personal médico, no se cumplió el retiro del grillete por parte de los custodios.

"En el caso del funcionario que se quedó custodiando, no tenía la llave, pues se la habían llevado sus otras dos colegas, quienes salieron por aproximadamente 50 minutos a comprar a un supermercado. Eso para la fiscalía es relevante y hace a esa conducta constitutiva de delito", detalló.

El persecutor agregó que son dos los elementos que se configuran en este caso. Por un lado se encuentra la orden emanada por los superiores y por otro está el instructivo de la institución que se encontraba vigente en esa fecha.

"Éste señalaba que ante sólo el requerimiento verbal del médico ellos tienen la obligación de quitarle el grillete y eso se hizo muchas veces antes, pero en el momento previo al parto no lo pudieron hacer porque no tenían las llaves. Esos son los elementos claves en esta imputación", indicó.

Por otro lado, el Ministerio Público discrepó de los querellantes respecto al tipo de delito. Además descartó, por el momento, formalizar a otros funcionarios.

"Nosotros discrepamos de la calificación jurídica por el tema del dolo o intención. Acá no existe un dolo de torturar, lo que ocurrió es que frente al requerimiento de quitar el grillete se cumplió en otros lugares, pero en el momento previo al parto no ocurrió", sumó el fiscal Vigueras.

ALTO MANDO

César Ramírez, abogado particular que representa a los gendarmes imputados, insistió en su inocencia: "Ellos actuaron de acuerdo al protocolo existente en ese momento. Si ellos se hubieran apartado de ello, habrían incumplido sus deberes".

Además, Ramírez dijo que pasó bastante tiempo para que se decretara un cambio en el protocolo. "Nosotros diferimos de lo dicho por el Ministerio Público, pues esa orden es posterior y no son de forma inmediata. Respecto a las llaves de las grilletas, son llaves universales. Cualquier funcionario de gendarmería podría haber retirado las grilletas", afirmó.

Por ese motivo, el profesional apuntó al alto mando de Gendarmería por lo ocurrido. "Acá se está cortando el hilo por lo más delgado", enfatizó.

Mario Palavecino, dirigente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, defendió el actuar de los funcionarios. "Nuestro personal en ningún momento quiso generar una tortura a la interna y mucho menos transgredir sus derechos fundamentales, pero hay que señalar que nuestro personal cumplió instrucciones vigentes".

Por otro lado, Benito Sarabia, de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), afirmó que en ningún momento un oficial o del alto mando ordenó terminar con la medida de seguridad.

A LA ESPERA

José Cayuhán, hermano de Lorenza, indicó que buscarán ampliar la cantidad de personas formalizadas. "Acá se está tratando de cubrir a los oficiales de más arriba con la formalización del personal que sólo cumple órdenes", detalló.

Cayuhán recordó que existen fallos que hablan sobre discriminación y torturas vividas por su hermana durante el traslado y también en el parto de su sobrina Sayén hace un año, el que se produjo en Concepción.