El juez de la Suprema española Pablo Llarena dio ayer el primer paso para asumir todas las investigaciones abiertas por el proceso independentista catalán. El magistrado le pidió a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que le informe en un plazo de cinco días sobre los hechos que ella investiga contra exmiembros del Govern para decidir si el Supremo es competente para hacerse cargo de estas causas. Llarena también pidió a Lamela que emplace a las partes involucradas para que en el mismo plazo informen directamente al Supremo "sobre la eventual acumulación de los procesos".

El magistrado investiga, por ahora, la causa por rebelión, sedición y malversación abierta en el Tribunal Supremo contra seis miembros de la Mesa, incluida la presidenta Carme Forcadell, quien la semana pasada evitó ir a prisión tras el millonario pago de una fianza.

sanciones al govern

El pasado jueves, Llarena ya pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le remitiera la causa abierta contra los exmiembros del Govern por desobediencia y prevaricación.

La jueza de la Audiencia Nacional, en tanto, impuso una fianza de 6,2 millones de euros a los exconsejeros por los gastos del referéndum ilegal realizado el pasado 1 de octubre.

Las defensas de los exconsejeros catalanes tenían plazo hasta mañana para acusar el rechazo de Lamela a excarcelarles en la Audiencia Nacional, pero la decisión adoptada por Llarena frenaría esos recursos.

La crisis catalana desató la fuga masiva de empresas que no sólo cambiaron su domicilio social, sino que también el fiscal.

La Agencia Tributaria española indicó que casi mil compañías que figuraban con domicilio fiscal en Cataluña, trasladaron esa sede a otras comunidades autónomas entre octubre y los primeros días de noviembre. Las ventas de las empresas catalanas, en tanto, se ha desplomado casi tres puntos porcentuales.