Los abogados del ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, Alejandro Espinoza y Joanna Heskia, negaron a través de un comunicado los supuestos abonos a sus cuentas corrientes nacionales y extranjeras entre 2008 y 2015 por $7.942 millones, cuyo origen estaría siendo investigado en el marco del caso denominado "Milicogate".

La información anterior se basó en un informe emanado de la Policía de Investigaciones (PDI), que los abogados defensores del general (R) aseguraron que contiene errores, por lo que anunciaron que evalúan acciones legales en contra de funcionarios de la institución.

Así, señalaron que el mencionado informe "contiene gruesos errores que fueron aclarados por esta defensa al tribunal en marzo del 2017, a través de un peritaje debidamente fundamentado, que acredita legítimamente todo el patrimonio del General Fuente-Alba. La misma justificación patrimonial y de inversiones se ha efectuado ante el SII, sin reparos de ninguna especie".

Asimismo, aseguran que tanto en el peritaje policial como en lo que ha establecido la defensa de Fuente-Alba, se calculó que su patrimonio familiar es de $1.100 millones a fines de 2015, el que "incluye herencias de Fuente-Alba y su cónyuge, mayor valor obtenido en venta de inmuebles, como los ahorros de toda una vida de trabajo".

"¿Cómo es posible que Fuente-Alba haya recibido en sus cuentas abonos millonarios según la PDI? Simplemente porque la PDI duplicó y triplicó la mismas inversiones", se preguntaron y respondieron los abogados en el escrito.

Espinoza y Heskia, aseguraron que Fuente-Alba abrió voluntariamente tanto sus cuentas nacionales como las del extranjero y que "jamás en ellas se recibieron los montos millonarios que la PDI señaló".

Y finalizaron anunciando que el general (R) los instruyó a evaluar acciones legales en contra de "los funcionarios de la PDI que elaboraron este informe plagado de errores, imprecisiones e inexactitudes, por los graves daños a su honra y la de su familia".

versión de defensa

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, se refirió a lo trascendido a través de un reportaje publicado por ADN, y aunque reconoció que de ser cierto, los montos abonados a las cuentas del Fuente-Alba no coincidirían con lo que recibe un funcionario público, esta es una situación que tendrá que ser aclarada por la investigación que se lleva a cabo.

"Creo que lo importante es la investigación judicial que se está realizando y cualquier antecedente que salga debe ser investigado en profundidad, deben tomarse las medidas legales que correspondan y el fallo final dirá qué responsabilidades hay en cada una de estas cosas", sostuvo.

"Lo malo es que esta situación se produzca desde el punto de vista público sin tener claridad de dónde surgen esos recursos, si es así. Pero finalmente creo yo que lo importante en este país es que los tribunales y la fiscalía actúen con la mayor rapidez y precisión frente a las responsabilidades que se tengan en esos puntos", concluyó.

El Gobierno presentó ayer formalmente la solicitud de recalificación del delito terrorista de la querella en contra de los cuatro comuneros mapuche que están siendo investigados por la quema de una iglesia, mientras aún había feligreses en su interior, en Padre Las Casas el año pasado, en el denominado "caso Iglesias".

Se trata de los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol, y Alfredo Tralcal, quienes protagonizaron una huelga de hambre por más de 100 días, la que habían retomado la semana pasada. Esta fue, sin embargo, abandonada nuevamente durante el domingo, luego de que el Ejecutivo se allanara a recalificar la querella por Ley Antiterrorista, lo que finalmente sucedió ayer.

La acción judicial fue realizada ayer mediante un escrito presentado en el Tribunal de Garantía de Temuco, que fue firmado y entregado por el abogado de la Fiscalía de La Araucanía, Luis Martínez.

En el texto se incluye también una solicitud de rebaja de las eventuales penas de los imputados. Es así como se solicitan tres años y un día de cárcel para Tralcal, y cinco años y un día para los hermanos Trangol.

La recalificación fue acogida por la jueza Luz Mónica Arancibia, a través de un téngase presente, informando de la medida a los intervinientes en la causa.

"gesto humanitario"

Con respecto a la solicitud de recalificación, la intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos, negó tajantemente que el Gobierno actúe bajo presión y aseguró que se trata de "un gesto humanitario".

"Nosotros no actuamos bajo presión ni bajo ninguna medida de extorsión. Lo que hicimos en La Moneda hace días atrás, y el gesto que hay ahora de parte de ellos, es simplemente una señal de generosidad, un gesto humanitario. Lo que estamos haciendo con los antecedentes que tenemos a la vista es recalificar; no nos hemos desdicho ni retirado las querellas", aseguró la autoridad regional a radio Cooperativa.