Una nueva investigación inició ayer Ferrocarriles del Sur (Fesur), para aclarar el descarrilamiento que sufrió un tren de carga durante la madrugada del martes en San Pedro de la Paz.

El hecho ocurrió en el mismo lugar en el que el pasado 28 de septiembre uno de los coches del Biotrén se descarriló, por causas que aún están siendo investigadas.

Esa vez, las teorías eran múltiples y no se descartó que la falla pudiera ser de la línea férrea.

En ambos casos -el ocurrido ayer y el de septiembre- no se registraron personas lesionadas, pero sí tuvieron que suspenderse algunos servicios.

Producto de ese accidente, Fesur debió suspender cinco servicios del Biotrén , los que después de un rato volvieron a la normalidad. Estos fueron, desde Coronel, los de las 7.13 y 7.28 horas ; y desde Concepción, de las 7.00, 7.15 y 7.30 horas, los que fueron reprogramados.

INVESTIGACIONES

El gerente comercial de Fesur, Raúl Lavalle Caro, explicó que de momento el hecho no tiene relación con lo ocurrido en septiembre, sin embargo, anunció que ya iniciaron las respectivas investigaciones para dar con las causas del hecho.

"Estos procesos a veces pueden tomar días y a veces semanas o meses. Recién estamos comenzando a ver qué pasó con el tren de carga, por lo que no nos cerramos a ninguna causa, ni tampoco nos abanderamos con alguna", dijo.

De acuerdo a los primeros antecedentes recabados en el lugar, Lavalle descartó que en el hecho hayan participado terceras personas con la intención de robar la carga del tren, como ocurre en otras oportunidades.

"Una vez que finalicen las investigaciones será posible determinar las responsabilidades en el hecho", agregó.

En ese sentido, Lavalle explicó que como filial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la labor de la compañía es velar por el buen funcionamiento y administración de las vías férreas, además de fiscalizar su correcto uso.

De esa manera, si las investigaciones concluyen que la falla fue del tren, la responsabilidad recaerá en la compañía carguera.

MANTENCIONES

Desde Fesur informaron que semanalmente realizan mediciones e inspeccionan las líneas férreas, lo que incluye revisión de la calidad de los materiales, lubricación de los aparatos de cambio y desviación, además de las acciones reactivas a las que procede la compañía una vez que se producen eventos como los de ayer.

Raúl Lavalle detalló que tras ocurrir este tipo de eventos, despliegan un equipo técnico que evalúa y realiza una reparación y mantención a todo el perímetro en donde ocurrió el accidente.

Lo mismo se habría realizado durante el evento que afectó al tren de pasajeros el pasado 28 de septiembre y que aún está siendo investigado.

Con el fin de solicitar un plan de acción para favorecer la seguridad de los vecinos de Coronel, su alcalde, Boris Chamorro, sostuvo una reunión con la gobernadora Andrea Muñoz, representantes de las policías, dirigentes vecinales y concejales de la comuna.

Tras el encuentro la autoridad comunal expuso que "dentro de los acuerdos alcanzados se estableció retomar los operativos con Carabineros y la PDI, revisar los planes cuadrante y reunirse con dirigentes en territorios y fortalecer la seguridad ciudadana".

El prefecto de Carabineros, coronel Rodrigo Medina, señaló que "la comuna vive una situación bastante compleja y nos encantaría tener más efectivos para mejorar la sensación de seguridad. El compromiso es incrementar los operativos de Fuerzas Especiales para dar una mayor sensación de seguridad".

Menos permisos para el comercio ambulante y cambios en las ordenanzas que regulan el funcionamiento del centro de Concepción, son algunas de las medidas que el municipio está implementando para frenar el avance del comercio ilegal en la capital penquista.

El director del departamento de Protección Civil del municipio, Cristian Olivares Osses, explicó que "hay una política interna municipal en donde una comisión de permisos en la vía pública está haciendo un ordenamiento de lo que tiene que ver con la oferta del espacio público para frenar el comercio en la vía pública".

Pese a que fue aprobada en 2007, recién el 1 de julio de 2016 se comenzó a aplicar la ordenanza que establece multas a las personas que compren y vendan en el comercio ilegal. A partir de ese día, los primeros meses estuvieron marcados por fuertes enfrentamientos entre Carabineros y ambulantes que se oponían a la implementación de la normativa municipal.

Durante 2016, el municipio citó a 38 personas al Juzgado de Policial Local por ser sorprendidas vendiendo de manera ilegal en la calle. Durante este año, a la fecha se han realizado 87 citaciones. En ambos periodos se multó a 25 personas por comprar a vendedores ilegales.

Las sanciones van entre 1 y 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a $46 mil y $140 mil, respectivamente.

DISMINUCIÓN DE PERMISOS

Según detalló Olivares, "se va a ser más riguroso con la entrega de los permisos. Esto ya no va a ser asistencial".

Explicó que poner en marcha este nuevo ordenamiento también supone una dificultad, ya que en el centro penquista conviven no sólo vendedores ilegales, sino también comercio autorizado. "Por lo tanto hoy podemos decir que no es tan fácil de llevar", agregó.

Olivares precisó que el plan de ordenamiento que están impulsando "es un trabajo a mediano plazo, que va enfocado a disminuir los permisos en la vía pública y también a generar una distinción entre lo que autoriza la municipalidad de Concepción y lo que no".

Entre los aspectos que regulará la iniciativa municipal está considerado realizar modificaciones a todas las ordenanzas que confluyen en regular el comercio en el centro de Concepción. Entre ellas, también se están evaluando modificaciones a la ordenanza número 5 de 2007, que establece multas a personas que vendan y compren en el comercio ilegal.

"Vamos a mejorar todo lo que tenga que ver con una autorización en la calle", aseguró Olivares.

Consultado por si la disminución de estos permisos podría significar un aumento del comercio ilegal, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz Vera, descartó que se pueda dar este escenario y aseguró que "las acciones que se toman tienen que apuntar a disminuir el comercio callejero, porque la principal actividad comercial de Concepción es el comercio establecido. Pero, primero veamos cómo funciona y después veremos qué acciones vamos a tomar".

MESAS DE TRABAJO

Pero, al municipio no sólo le preocupan los ambulantes en el paseo peatonal de Barros Arana. También la insistente ocupación de los vendedores en calles como Caupolicán y Los Carrera, que, a diferencia de sus pares del centro penquista, se valen de carros de supermercado para ofertar a precios insuperables frutas y verduras, pescados y mariscos.

Por eso, el municipio y la gobernación provincial de Concepción, además de distintas cadenas de supermercado y Carabineros, conformaron mesas de trabajo en las que acordaron algunas medidas para impedir que sigan ocurriendo los robos de los carros de supermercados.

Cristian Olivares Osses, director del departamento de Protección Civil de Concepción, explicó que "a la fecha llevamos cuatro reuniones con los supermercados, en las cuales hemos establecido algunos compromisos para evitar el uso de supermercado en la vía pública para el comercio ambulante; y uno de esos acuerdos es evitar que los carros de supermercados salgan de los establecimientos".

También, dentro de las medidas, Olivares contó que solicitaron a los supermercados que marcaran los carros, "para que Carabineros durante sus procesos de fiscalización se pueda dar cuenta de que los carros son propiedad de algunos supermercados y se haga el cruce con la denuncia que hace el supermercado y se configure el delito de receptación de objeto".

Así, en el supermercado Mayorista 10, ubicado en la intersección de Los Carrera con Caupolicán, una de las esquinas más compleja del mapa de ilegales de Concepción, optaron por instalar barrotes que impidan la salida de los carros al estacionamiento.

De acuerdo a las cifras que se manejan, un carro de supermercado tiene un valor aproximado de $200 mil.