La alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, se reunió con el presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío y alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, quien entregó su apoyo a la jefa comunal para destrabar el conflicto comunal vinculado con un aumento presupuestario.

Al término del encuentro, Castro comentó que puede haber un buen avance en el diálogo sobre las finanzas y el presupuesto. De hecho, el jefe comunal adelantó que hoy espera reunirse con los concejales para contrastar puntos de vista y así lograr un acuerdo.

Esta intervención se da en el marco de la negativa por parte del concejo municipal de la comuna de aprobar el aumento presupuestario propuesto por la alcaldesa el 15 de septiembre pasado.

Este ajuste presupuestario incluye la reasignación de aproximadamente $450 millones, distribuidos en 23 ítems del presupuesto ya asignado, en donde el área más complicada sería la de ornato, con un déficit de $143 millones, y un aumento del presupuesto en general, que llevaría al municipio de Hualpén a recibir $1.072 millones al año.

Este aumento se pidió luego de la no renovación de contrato de 96 funcionarios a contrata de la municipalidad por falta de recursos, y su finalidad es contar con el dinero para el pago de remuneraciones correspondientes al personal de planta, reemplazos, a contrata y a honorarios.

Con respecto a lo acordado en la reunión de ayer, la alcaldesa señaló que "se reconoció que no hay ningún impedimento administrativo o legal para la aprobación de este presupuesto, sino que existe un problema político entre la administración y el concejo municipal".

Para finalizar, mencionó que espera una pronta solución al conflicto, en pos de la continuidad de los servicios orientados a cubrir las necesidades básicas de la comunidad, como la recolección de basura. "Espero que ellos (concejales) puedan estar por sobre los temas personales que puedan tener conmigo", cerró.

Hace unas semanas la vida de Bernarda Mendoza (25) cambió radicalmente. Gracias a la bomba de insulina que se le entregó como beneficiaria de la Ley "Ricarte Soto" ya no sufre las convulsiones y pérdida de conocimiento que le provocaban desde 11 hace años las bajas (hipoglucemia) y alzas ( hiperglucemia) de azúcar en la sangre.

"Ha sido un cambio importante y que todo mi núcleo familiar lo nota. Yo tengo dos hijos, el mayor tiene 5 años, y él muchas veces tuvo que hacer de enfermero cuando estaba inconsciente. Como mi esposo trabajaba, él me atendía", recordó Mendoza.

Ella, junto a otra persona con la misma enfermedad, recibió el equipo en el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.

La joven aseguró que sin este apoyo le hubiera sido imposible adquirir el aparato, que electrónicamente regula la cantidad de insulina que necesita su organismo. Eso, debido a que tiene un costo superior a los $5 millones y un mantenimiento mensual que supera el millón de pesos.

El dispositivo, además de evitar alzas o bajas de azúcar, también emite una alarma cuando ella se descompensa.

Su mal está considerado entre las 14 patologías de alto costo que actualmente contempla la ley Ricarte Soto. Éstos se atienden en los hospitales Guillermo Grant Benavente de Concepción, Las Higueras de Talcahuano, Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles y la Clínica Universitaria de Concepción.

BENEFICIARIOS

La directora Zonal Centro Sur de Fonasa, Marta Werner, contó que desde fines de 2015 más de 800 beneficiarios en el Biobío han accedido al sistema de protección de enfermedades de alto costo. En el país son 6.799.

Este beneficio es para usuarios de Fonasa, Isapre, Dipreca o Capredena.

"Es un apoyo concreto a muchas familias que no tienen los ingresos suficientes para costear estas enfermedades. La Región del Biobío concentra el 12,2% de todos los beneficiarios a nivel país", expuso Werner.

Del total de pacientes beneficiarios en la Región, el 90% corresponde a pacientes que sufren artritis reumatoide refractaria, cáncer de mama Gen Her2 y profilaxis Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en prematuros con displasia broncopulmonar (DBP).

La directora zonal de Fonasa declaró que las personas que son beneficiarias tienen una cobertura financiera del 100%. Es decir, no hay cobro por el diagnóstico, medicamento, dispositivo o alimento de alto costo incorporado.

IMPLEMENTACIÓN LENTA

Para calificar a alguien como paciente de la Ley Ricarte Soto se realiza un protocolo que tiene diversos plazos, que van desde cuatro días hábiles para el diagnóstico a otros 60 para la entrega del tratamiento. Todo el proceso puede llegar a un máximo de 90 días para que se concrete el beneficio.

Es en relación a esta etapa que actualmente existen críticas por parte de las entidades que impulsaron la legislación.

La directora de la Fundación Chilena de Enfermedades Lisosomales (Felch), Myriam Estivill, expuso que la implementación ha tenido diversos inconvenientes. Uno de estos es que algunos médicos no suben los antecedentes necesarios en los tiempos establecidos para lograr el beneficio.

"En el papel dice una cosa, pero en la realidad vemos otra (…). La explicación del Ministerio es que no hubo marcha blanca", declaró Estivill, dando cuenta que el proceso se demora más de lo que está estipulado en la normativa.

La directora de Felch también expuso que hay recintos hospitalarios que no se han querido acreditar, lo que también complejiza la entrega de la prestación.

Pese a esta crítica, Estivill aseguró que la ley es positiva, ya que cubre enfermedades de alto costo que antes no se hacía: "Yo trabajo este tema desde el año 2002 y mi hija estuvo años sin tratamientos. Había personas que no tenían ni la esperanza de tener medicamentos el próximo año, ni el próximo mes. Entonces, si miramos hacia atrás, no había nada. Hoy tenemos una ley que es maravillosa, pero que hay que mejorar".

Actualmente se analiza incorporar nuevas enfermedades a la lista. En total se estudian 31 patologías de alto costo, entre las que están: colitis ulcerosa, enfermedad de pompe, lupus eritematoso sistémico y otros.