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Alcaldes buscan saldar deudas a través de la Ley de Presupuesto

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Los alcaldes de la Región del Biobío solicitarán en los próximos días al Ministerio de Hacienda considerar en la próxima discusión de la ley de Presupuesto recursos para el pago de deudas educacionales correspondientes a las distintas demandas que profesores han presentado en contra de 48 comunas de la zona, y que ascienden a $40 mil millones según estimaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

El presidente de la Asociación Regional de Municipalidades Ángel Castro adelantó que el próximo 17 de octubre viajará un grupo de ediles para pedir revisar la situación en la comisión de Educación de la Cámara Baja, pues "existen dos miradas respecto los pagos y debe existir claridad en una situación que nos afecta cada vez más".

El alcalde de Santa Juana valoró que el proyecto de ley de desmunicipalización de la posibilidad al Estado de pagar las deudas antes del ingreso de los municipios a los nuevos Servicios Locales de Educación, pese a que este recién ocurrirá en su totalidad en 2025 en la zona, y se iniciará en 2019 con el traspaso de los establecimientos de Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui, correspondientes al servicio de Anticipación Andalién Sur.

GESTIONES

En algunas causas que los profesores han llevado adelante contra los municipios por el pago del bono de Subvención Adicional Especial (SAE), los fallos de las cortes han presentado una serie de diferencias con los dictámenes de Contraloría.

Situación que ha motivado una serie de movilizaciones realizadas por los alcaldes para evitar que ocurran hechos como la detención del alcalde de Bulnes en septiembre pasado, por la deuda impaga de $833 millones con los docentes de la comuna.

Mauricio Velásquez, alcalde de Lota, detalló que actualmente la comuna se encuentra en juicio con un grupo de profesores que exigen pagos cercanos a los $800 millones, de los cuales el edil apunta que sólo deben ser cancelados $20 millones.

"Nosotros ya hemos realizado gestiones con la asociación de municipios, y en nuestro caso se han realizado peritajes para establecer cuantos montos se deberían cancelar. Estamos a la espera de la determinación que tomen los tribunales; lo importante es que nosotros apoyamos a los profesores, pero no podemos asumir pagos que se alejen de la realidad", planteó.

Ángel Castro apuntó que "entre las medidas dispuestas por la Asociación de Municipalidades están las asesorías a los municipios más complejos y la entrega de demandas tipo contra el Estado, para evitar que los municipios queden sin recursos, pues en algunas comunas los alcaldes no saben qué hacer".

Además contó que pese a las gestiones realizadas para conseguir reuniones con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, y el contralor General de la República, Jorge Bermúdez, sólo se ha generado la instancia para reunirse con las autoridades locales, situación calificada como "llamativa" por el presente que afrontan los municipios.

ROL ESTATAL

Luego de que este martes se aprobara el proyecto de ley de Nueva Educación Pública, distintos sectores valoraron que el proyecto considerara como plazo límite el año 2025 para que los municipios salden sus deudas y que el Estado asumiera la responsabilidad de dichas deudas en primera instancia.

Desde la Asociación Regional de Municipalidades expusieron sus reparos respecto a las diferencias entre los plazos que propone el Ejecutivo y los plazos judiciales. "La agenda del Gobierno no es la misma que los plazos judiciales y sus efectos en cada comuna pueden ser complejos, con alcaldes presos y un impacto en los programas sociales, por la necesidad de saldar estas deudas. Los juicios son cortos y los tiempos están lejos de la planificación de la desmunicipalización, que considera siete años para todos los traspasos", indicó su presidente, Ángel Castro.

Pedro Soto, director de Educación Municipal de Talcahuano (Daem), explicó que en el caso de la comuna puerto existen demandas menores, y planteó que los dineros correspondientes al Fondo de Apoyo a la Educación Pública "se entregan para pagar las deudas correspondientes y regularizar todas las situaciones pendientes. Con el sostenedor hemos apostado a ello y no tener inconvenientes de ningún tipo".