Secciones

Rectores están preocupados por ampliación de gratuidad

E-mail Compartir

Miembros del Consejo de Rectores -que agrupa a 27 universidades tradicionales del país -manifestaron su preocupación luego que el Ministerio de Educación anunciara que aumentará la gratuidad en la educación superior al sexto decil -grupo cuya renta per cápita familiar fluctúa entre $154 mil y $193 mil -, en el contexto de la discusión del Presupuesto 2018.

Estamos "preocupados porque este aumento en la gratuidad tiene un aumento positivo en las personas (...), pero las instituciones también verán incrementado su déficit", afirmó en radio Cooperativa el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán.

El ministerio anunció que con la medida, de acuerdo a cálculos efectuados en junio, el beneficio de la gratuidad llegará a "cerca de 300 mil" estudiantes más, lo que implica una inversión adicional de $ 100 mil millones.

El problema radica en que 15 de las 30 universidades adscritas al beneficio mostraron un déficit de recursos durante este año, por $ 21 mil millones, producto de la diferencia entre lo que aporta el Estado (arancel de referencia) y el costo real de los planes de estudios.

Durán señaló que están "aún más preocupados porque el déficit proyectado incluso por el Estado para este año era de $ 362 millones, que en términos reales son como $ 500 millones. Por lo tanto, el aumento en un decil más significa un aumento para nosotros en el déficit, que es bastante significativo para la institución".

recalcular aranceles

La Pontificia Universidad Católica actualmente posee cerca 4.200 alumnos que estudian gratis, a los que se podrían sumar otros mil. Para su rector, Ignacio Sánchez, la solución es recalcular los aranceles.

"Este déficit, que se va a profundizar en varias instituciones al incrementar el número de estudiantes, se puede paliar con esta medida".

El rector de la Universidad Central, Santiago González, afirmó que la extensión al sexto decil es "muy positivo. Creemos que la familia chilena, uno de los problemas que tenemos en este país, es el alto costo que tiene la educación y creo que desde ese punto de vista el Gobierno desde hace mucho tiempo está trabajando en este tema".

"Este paso de la gratuidad es un paso muy importante, es un paso definitivo", destacó.

El Congreso comenzará mañana a votar en particular el proyecto de universidades estatales, en la Comisión de Educación de la Cámara. En paralelo, el proyecto de Educación Superior seguirá su segundo trámite en el Senado.

Tres de 4 detenidos depusieron la huelga

E-mail Compartir

Cristián Tralcal, el vocero de los comuneros mapuche detenidos en Temuco, en la región de La Araucanía, anunció ayer que Pablo y Benito Trangol, además del lonco Alfredo Tralcal, decidieron deponer la huelga de hambre que mantenían hace 117 días, luego que el Gobierno anunciara la recalificación de la querella por Ley Antiterrorista que pesaba sobre ellos. Por su parte, el cuarto huelguista, Ariel Trangol, rechazó bajar la medida ya que asegura desconfiar de los verdaderos motivos del Ejecutivo, a raíz del anuncio de la noche del viernes.

Ayer también la Corte de Temuco decidió de forma unánime autorizar a Gendarmería para que trasladen a un recinto asistencial a los hermanos Pablo y Ariel Trangol, por su delicado estado de salud tras el prolongado ayuno, solicitud cursada por las propias autoridades policiales.

Por medio de un comunicado publicado en el sitio oficial del Poder Judicial se informó que esta determinación fue adoptada "a objeto de que se les brinde una total y completa atención médica en el resguardo de su salud, hasta su completo restablecimiento, sin perjuicio de que haga uso de las demás facultades que le confiere a ese servicio su ley orgánica y reglamento respectivo".

Tanto Pablo como Ariel Trangol dieron inicio a esta huelga de hambre luego de que fueran acusados de ser autores de la quema de un templo evangélico, ocurrida en junio de 2016, junto con su hermano Benito Trangol y el lonco Alfredo Tralcal.

La principal solicitud de los imputados es que no se les investigue bajo la Ley Antiterrorista. Esta petición fue escuchada por el Ejecutivo, que pidió recalificar el uso de la Ley Antiterrorista.