El juez de Garantía de Temuco, Mauricio Torres, resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre los cuatro comuneros mapuches en huelga de hambre y que son acusados por la Fiscalía de participar en el ataque incendiario que, en junio de 2016, destruyó el templo Iglesia del Señor, en el sector Niágara, en la región de La Araucanía.

El magistrado decretó mantener la medida cautelar más gravosa que contempla la ley, tras considerar que hay antecedentes suficientes para presumir la participación de los imputados. El juez Torres, además, precisó que, pese a la petición que hicieron los abogados de la Intendencia, la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por la gravedad del delito y la pena asignada.

En su resolución, el tribunal también indicó que las razones que adujo el Gobierno para alzar la prisión preventiva de los imputados, por mantenerse bajo una huelga de hambre que supera los 115 días, es más bien una razón de carácter humanitaria.

Tras conocer la decisión, la vocera de La Moneda, Paula Narváez, sostuvo que "nosotros, por cierto, lamentamos la decisión que se ha tomado en ese sentido. Al hacer esta solicitud nosotros estábamos poniendo por sobre todo nuestra preocupación por preservar la integridad física de los huelguistas, estamos preocupados por su situación precaria de salud".

Una vez conocida la decisión del juez de Garantía, el fiscal de la causa, Luis Torres, se mostró satisfecho con la resolución, indicando que "el juez estableció que había la existencia de un delito de incendio de carácter terrorista y que había prueba suficiente de participación".

Consultado por la petición de los abogados del Gobierno de cambiar la prisión preventiva a razón del estado de salud de los comuneros en huelga, Torres indicó que "el magistrado fue claro, la decisión de huelga de hambre no puede forzar o presionar para que el tribunal modifique la medida cautelar que pesa sobre los imputados porque el Tribunal tiene que obrar sobre razones técnicas y aplicar la ley".

Finalmente el fiscal confirmó que la preparación del juicio continuará el próximo 10 de octubre, como se resolvió durante la semana.

CAUTELAS

La defensa de uno de los huelguistas, en tanto, consideró como "gravísima" la resolución del magistrado desde el punto de vista humanitario. "No podemos cuestionar la resolución jurídica del tribunal, pero sí podemos estar en oposición, por lo que el recurso de apelación que procede será eventualmente esgrimido", aseveró el abogado Pablo Ortega.

El defensor sostuvo que la decisión del tribunal "nos pone en una callejón sin salida". Ortega indicó que de confirmarse por la Corte esta resolución "acogeremos el argumento del Juzgado de Garantía respecto de presentar una cautela de garantía toda vez que está en peligro la vida de los imputados y en esas condiciones es imposible realizar una audiencia preparatoria y menos un juicio". El defensor penal mapuche, Humberto Serri, aseguró que la decisión de pedir el cambio de medida cautelar por parte del Gobierno, aduciendo razones de salud y humanitarias, no fue compartida por la defensa durante la audiencia.

"Jamás hemos apelado a la condición de huelguistas de nuestros defendidos para solicitar un cambio de medidas cautelares", indicó, agregando que apelarán a la decisión.

encuentro con bachelet

Familiares de los cuatro comuneros detenidos llegaron ayer hasta La Moneda para pedirle a la Presidenta Michelle Bachelet que retire la querella por Ley Antiterrorista. Tras reunirse por dos horas y media con el ministro del Interior, Mario Fernández, y la jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte, la Mandataria cruzó hacia el ministerio para juntarse con ellos. Antes del encuentro con Bachelet, el portavoz mapuche había agradecido el gesto del Gobierno, aunque reiteró que "no es la solución que ellos están pidiendo".

"La solución es que no se aplique la ley, que el Gobierno recalifique o retire la querella. Vamos a esperar a ver qué nos dicen, ellos se lo van a comunicar directamente a la Presidenta. Nosotros estábamos esperando que nos recibiera ella, pero se lo van a comunicar y vamos a esperar lo que nos respondan durante el día", agregó.

Ante la polémica desatada a causa de que los parlamentarios con candidaturas a la reelección u otros cargos no podían solicitar créditos a BancoEstado para financiar sus campañas, el Tribunal Constitucional (TC) afirmó ayer que éstos sí pueden celebrar contratos con la institución financiera.

El organismo encabezado por Iván Aróstica afirmó que es facultad exclusiva del TC declarar la inhabilidad de un parlamentario para celebrar contratos con el Estado, conforme al estatuto de prohibiciones, competencia y procedimiento establecido en la Constitución.

"Es por lo anterior que, no habiéndose aperturado un proceso por alegaciones de inhabilidad respecto de algún parlamentario en concreto, y, por ende, no existiendo sentencia que la declare, no corresponde ni procede jurídicamente dar por establecida inhabilidad alguna respecto de dichos créditos", informó el TC, luego de que la casa financiera le negara el financiamiento a las campañas de los actuales senadores y candidatos presidenciales Carolina Goic y Alejandro Guillier.

"Un contrato de crédito bancario de este tipo, regulado especialmente y afecto a fines exclusivos de financiamiento de campaña, tema cuyo control y fiscalización corresponde al Servicio Electoral, claramente no es de aquellos contratos celebrados con el Estado a los cuales se refiere el artículo 60 de la Constitución, que pueden inhabilitar y hacer cesar en el cargo a un parlamentario en ejercicio", señaló la magistratura.

versión del banco

Los argumentos del tribunal contradicen la versión del banco, que afirmó la existencia de "una disposición legal vigente -aludiendo al artículo antes citado- que sanciona con la cesación en el cargo a los parlamentarios que celebren contratos con el Estado", por lo que dejó de realizar este tipo de transacciones en 1995.

Ahora, con la venia del TC, los abanderados presidenciales Alejandro Guillier, Carolina Goic, Alejandro Navarro y José Antonio Kast podrán solicitar apoyo económico a la institución pedir créditos a dicho institución.

"Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de otras normas de rango legal que se refieran a la obtención de un crédito con organismos estatales y de las facultades del Servicio Electoral y de los tribunales competentes, en materia de control y transparencia de gasto electoral", agregó el organismo.

"En todo caso, este Tribunal solamente puede emitir sentencias sobre casos particulares de inhabilidades parlamentarias cuando es requerido por el Presidente de la República, o por no menos de diez parlamentarios en ejercicio", concluyó.