Una querella en contra de quienes resulten responsables por los delitos de usurpación violenta reiterada, daño material y lucro cesante, incendio e impedir la ejecución de una obra pública presentó ayer la constructora Claro Vicuña.

La acción legal tiene relación con los hechos ocurridos entre el 22 de junio y el 11 de agosto de este año, periodo en el que un grupo de trabajadores de la empresa citada se tomó las obras de remodelación que se están realizando en la cárcel El Manzano.

Según se detalla en el documento legal, la empresa cuantificó en más de mil millones los daños que realizaron los sujetos al interior de las obras.

José Miguel Gálvez Busch, abogado de la firma constructora, detalló que "también incluimos el delito de hurto por la sustracción de distintas herramientas desde las faenas".

El abogado también precisó que si bien la querella está dirigida en contra de quienes resulten responsables, "queremos ser coherentes con todas las denuncias que hicimos anteriormente y queremos que se cite a declarar a las primeras 21 personas que se tomaron detenidas para determinar el grado de responsabilidad que puedan tener en los hechos".

Gálvez agregó que entre las 21 personas también hay ex trabajadores de la empresa.

SIN RELACIÓN

El abogado querellante explicó que la acción legal interpuesta ayer no considera los actos ocurridos durante el fin de semana recién pasado, en el que algunas personas obstruyeron el tránsito vehicular en algunas calles de la ciudad.

Sin embargo, reconoció que fueron estos actos los que gatillaron la presentación de la acción legal en contra de quienes resulten responsables. "Teníamos pendiente la presentación de la querella por los delitos anteriores y cuando se desencadena este nuevo hecho hicimos dos denuncias por lo ocurrido", dijo.

Una querella por el homicidio de un niño de 12 años, ocurrido el pasado viernes 22 en Villa Los Presidentes, en Chiguayante, y también por los disparos realizados en la vía pública presentó el municipio de la comuna.

El escolar Piero Riquelme falleció tras ser alcanzados por impactos de bala mientras dormía, en su hogar ubicado en el sector. Se trata de una de las dos muertes que se registraron ese día en el sector y que provocaron preocupación entre los vecinos. Ambos casos están en manos de la Fiscalía, que realiza las indagaciones correspondientes para dar con los autores de ambas muertes.

La presentación se produjo mientras se efectúan las investigaciones que buscan identificar y arrestar a los autores de la muerte del menor y del deceso de un hombre ocurrido el mismo día.

La abogada del municipio, Valeska Benavides, aseguró que la medida busca perseguir a todos aquellos que sean responsables y encubridores de los delitos de homicidio y disparos en la vía pública.

El alcalde, José Antonio Rivas, sostuvo que es necesaria una mayor presencia policial, por lo que lamentó que la Policía de Investigaciones (PDI) haya pospuesto la instalación de una brigada en la comuna.

Además, advirtió que el fondo de los hechos delictuales que han afectado a la zona se deben a situaciones vinculadas a tráfico de drogas, lo que agrava y dificulta la acción policial.