Denuncias por Ley de Urgencia caen un 47% en la Región del Biobío
Una mayor cantidad de fiscalizaciones y el reforzamiento para que se cumpla con las notificaciones GES y a la correspondiente certificación del estado de urgencia, sería para la Superintendencia de Salud el factor que ha llevado a que exista una menor cantidad denuncias por Ley de Urgencia este año.
La Ley de Urgencia opera cuando un médico cirujano certifica que hubo una atención de urgencia vital. En ese momento, tanto Fonasa como las isapres tienen la obligación de pagar directamente al prestador público o privado toda la atención realizada al paciente, cobrando posteriormente a éste la parte del copago que le corresponde al usuario. De esta forma, permite contener y hacer frente al gasto emanado, que muchas veces es elevado.
Durante el primer semestre del presente año, a la entidad fiscalizadora han ingresado nueve quejas en donde las aseguradoras de salud -Fonasa o isapre- no se hicieron cargo de los costos de una urgencia vital. Esta cifra es un 47% más baja que la del primer semestre de 2016.
Durante todo el año pasado se presentaron 47 reclamos.
MAYOR CUMPLIMIENTO
El agente zonal de la Superintendencia de Salud, Ernesto San Martín, planteó que la diferencia en el número de casos entre un periodo y otro se puede explicar por el incremento de las fiscalizaciones al cumplimiento de la notificación GES y la correspondiente certificación del estado de urgencia
"En materia de urgencia vital GES, nuestras fiscalizaciones arrojaban un cumplimiento del 37% en 2014, del 50% en 2015, mejorando al 81% en 2016. Estimamos que eso influyó en que una mayor cantidad de personas accediera directamente a los beneficios de la ley de urgencia, sin necesidad de reclamar ante la Superintendencia", expuso el agente zonal de la entidad.
San Martín declaró que la Superintendencia reforzó el trabajo en materia de notificación GES con los prestadores. Detalló que los hospitales y clínicas se les ha remarcado la relevancia que tiene cumplir con este proceso, que le permite a las personas tener acceso a beneficios que le corresponde, entre ellos, el mecanismo de financiamiento para la cuenta que contempla la ley de urgencia.
"Los prestadores han puesto énfasis en estas materias, lo que permitió verificar avances en los porcentajes de cumplimiento (…). De hecho, la materia fue abordada en una reunión ampliada sobre fiscalizaciones y cumplimientos GES que se realizó entre la Superintendencia con los cinco servicios de salud de la región, además de Fonasa", declaró.
A FAVOR DEL RECLAMANTE
Actualmente la ley dota a la Superintendencia de Salud como un tribunal arbitral, que puede fallar de acuerdo a criterios de prudencia y equidad y que logra ponderar las asimetrías entre aseguradora y afiliados.
En ese sentido, San Martín contó que del total de las denuncias ingresadas este año, que son nueve, el 78% fueron resueltas en favor del reclamante. De esta forma se restableció un derecho para las personas en materia de ley de urgencia.
Un 33,3% fue acogido completamente y un 44,4% de forma parcial. En este último, San Martín contó que se trata de casos en donde efectivamente la persona ingresó por urgencia vital o secuela funcional grave y, que por lo tanto, requería atención inmediata. Sin embargo, precisó que "se ajustan los días de cobertura hasta aquél en que el paciente se estabilizó, que marca el término del beneficio de la ley de urgencia".
El agente zonal de la Superintendencia también recordó que el año pasado de las 47 denuncias presentadas, el 38% resultó a favor de la aseguradora.