El próximo sábado 23 se cumplirá un mes desde que el Senado despachó el proyecto de ley que el gobierno entregó en mayo del 2016 a la Cámara de Diputados y que crea una sociedad anónima del Estado, denominada "Fondo de Infraestructura S.A.", cuyo fin es potenciar la inversión en infraestructura a través de concesiones.
Para tener más luces acerca de cómo se viene esta iniciativa que muchos celebran con gran entusiasmo, como la Cámara Chilena de la Construcción y la Confederación de la Producción y del Comercio, entre otros, hablamos con el ex ministro de Obras Públicas y miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura, Carlos Cruz, quien está también entre los que apoyan el proyecto.
-Los fondos provendrían de Bienes Nacionales de Uso Público que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, le transferirá debidamente valorados. Eso representa unos US$9 mil millones. De ser así, Corfo enteraría el 1% restante, equivalente a US$ 90 millones en dinero efectivo o títulos.
-Los activos deberán ser identificados una vez que la Ley se apruebe. Por lo tanto, aún no está definida una distribución regional.
-Los activos concesionados con los que cuenta el Estado son aproximadamente US$ 25 mil millones. Si de estos se traspasan al Fondo de Infraestructura (FI) los US$9 mil millones comprometidos y el FI se transforma en un instrumento debidamente cautelado, pueden generarse más de los US$ 35 mil millones de los que hablan algunos medios. Sólo para dar un ejemplo: el Fondo de Infraestructura Europeo genera recursos por más de 14 veces su patrimonio.
-Nosotros, como Consejo de Política de Infraestructura (CPI) hemos impulsado la modalidad que hoy se refleja en el proyecto de ley. Creemos que Chile ha hecho un esfuerzo muy importante para invertir en infraestructura, la que hoy constituye un patrimonio fundamental para su desarrollo. Ese patrimonio debe servir para apoyar el nuevo salto en infraestructura que el país requiere, sin comprometer el Presupuesto de la Nación. Los recursos provenientes del Presupuesto Público deben orientarse a infraestructura para los sectores más vulnerables y no debieran comprometerse en infraestructura que tiene una orientación productiva. Esta debiera solventarse a través de un nuevo impulso a las concesiones. Para ello el FI es fundamental.
-Tal como está planteado no es posible que eso suceda. La Ley es explícita en destacar la forma en que debe operar el FI y las restricciones que tiene. Si un proyecto que el FI esté garantizando no puede cubrir sus acreencias, el FI debiera contar con los recursos suficientes para hacerlo. Es por eso que se le identifica como un "fondo".
-Los planes de inversión que el FI pueda apoyar deben ser aprobados por el MOP y por los dueños (MOP, Hacienda, SEP). En los planes deberán incluirse proyectos de incidencia regional. En la medida que estos tengan rentabilidad privada, no habrá problema; si requieren algún tipo de subsidio este deberá ser provisto por el Ministerio de Hacienda, luego de la evaluación social a la que se deberá someter el proyecto y a la inclusión de esos recursos en el Presupuesto de la Nación. El FI no puede transferir subsidios de ninguna especie.
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-Parece que este fuera un tema de moda. El FI, al igual que cualquier otra empresa del Estado, será fiscalizada por las entidades diseñadas para ello: Sistema de Empresas Públicas (SEP), la superintendencia que corresponda, la Contraloría General de la República. Además, en este caso, los dueños ejercerán un control directo sobre el destino de los fondos.
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-Fondos de infraestructura, de desarrollo y de naturaleza similar, hay en muchos países del mundo y funcionan muy bien, como es el caso de Colombia, por ejemplo. Todos estos fondos operan con aporte en dinero o en títulos por parte del Estado. Lo que no hay es experiencias en las que el patrimonio del fondo sean proyectos concesionados con un importante valor presente.
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-Esperamos. Una activación del sistema de concesiones y la incorporación de otras áreas a ser desarrolladas a través de una modalidad similar, como es el caso de la fibra óptica, el ferrocarril o nuevas líneas de transmisión eléctrica, requerirían de este instrumento para poder materializarse. Por lo tanto, es una muy buena herencia la que esta administración le podría dejar a la que viene.
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-En primer lugar conectividad urbana. En la Región del Biobío se ha hecho un avance muy importante en conectividad interurbana, pero se requiere un esfuerzo adicional en las principales ciudades. A un nivel similar debiera situarse la carretera de la costa, la que necesariamente debe aumentar de estándar. Luego, creo que hay que intensificar la conectividad ferroviaria de carga y pasajeros. Por ejemplo, el Biotrén ha sido una buena experiencia, pero debe profundizarse para maximizar el aporte a la calidad de vida de las personas de la región. Infraestructura hídrica; si bien el embalse Punillla debiera iniciar obras en un plazo razonable, hay que intensificar la disponibilidad de embalses de tamaño menor y las redes de regadío que aseguren la máxima utilización de los recursos hídricos en la zona. La conexión a través de fibra óptica es un déficit pendiente en todo el país.
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-Personalmente creo que siendo estos "proyectos de Estado" debiera ser el Estado, a través de sus organismos pertinentes, el que lleve a cabo el estudio de impacto ambiental. Si no cuenta con los recursos suficientes, creo que las empresas concesionarias estarían muy disponibles a colaborar, pero es el mandante el responsable de la calidad ambiental de los proyectos en toda su expresión. Esto es válido, a mi juicio, para todos los proyectos en que el Estado mandata a un tercero para que actúe en su nombre, es decir, concede un derecho.
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-Creo que debería potenciar la posibilidades para que esto suceda. El ferrocarril de carga es una necesidad por las características de nuestros puertos, las dimensiones de nuestras cargas y por las restricciones que cada día más tienen nuestras carreteras. Existiendo recursos que permitan llevar adelante las obras que potencien este modo a través de una modalidad de garantías, es posible pensar que el ferrocarril debiera ser parte de los proyectos a impulsar.
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-El FI está diseñado fundamentalmente para eso. Hemos estado trabajando con ellos para ver qué esperan y qué correcciones habría que introducir al proyecto de ley para que dé las seguridades necesarias como para que los recursos que hoy disponen las AFP y las compañías de seguros puedan orientarse hacia la infraestructura que el país requiere. Si queda debidamente estructurado, los fondos provenientes de esas instituciones podrían localizarse en grandes proyectos de concesiones y con la seguridad que los inversionistas requieren.
