El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, llamó ayer al Gobierno a intervenir para poner fin a la toma del hogar del Sename Cread Galvarino de la comuna de Estación Central, en Santiago, que ya lleva más de una semana.

"La situación hoy es que los funcionarios sacaron a los directivos del centro Galvarino y están haciendo como una autoadministración. Eso ya es preocupante", dijo Marelic en entrevista con radio Universo. El director del organismo alertó de los peligros que conlleva la situación y de lo mal que le hace a los niños la exaltación que provoca la manifestación de los funcionarios.

"Uno podría compartir las demandas de fondo, las denuncias, pero el Estado, el Sename no puede perder el control de un centro y dejar a los niños prácticamente de rehén", enfatizó Marelic, que visitó el hogar el sábado pasado, que es el mismo donde murió en abril del año pasado la menor de 11 años, Lissette Villa.

"Existe un riesgo de que ocurra algún problema, alguna descompensación, alguna riña entre los niños. Al final no hay una administración centralizada del Sename, a pesar que Sename nacional está yendo permanentemente", advirtió.

El recinto que depende del Sename, fue visitado el martes por los parlamentarios Karla Rubilar (Ind), Marcela Sabat (RN), Claudia Nogueira (UDI) y Nicolás Monckeberg (RN).

Durante la visita, una de las niñas que viven en el hogar trepó hasta el techo, poniendo en riesgo su vida. Por eso, Marelic advirtió que la presencia de medios de comunicación y situaciones como la del miércoles, pueden perjudicar a los menores de edad.

"Cuando existen muchas visitas y esta es una situación de movilización, y pensando que son niños de menos de 12 años que tienen un apego muy fuerte con sus educadores de trato directo y éstos están movilizados, les comparten, les transmiten esta exaltación a los niños".

Pese a las divisiones al interior del gremio, finalmente ayer se firmó el protocolo de acuerdo entre el Gobierno y los transportistas del país, por lo que el paro que habían anunciado los camioneros en protesta por los casos de violencia y asaltos de los cuales han sido víctima en el sur se depuso de manera definitiva.

Luego de que el subsecretario del Interior y Seguridad, Mahmud Aleuy, anunciara la noche del martes que las negociaciones habían llegado a buen puerto y que el paro no iba, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, dijo ayer que la bajada de la movilización estaba "condicionada" a la revisión del documento propuesto por La Moneda, instalando la duda en torno a la resolución.

Sin embargo, tras sostener una reunión de más de dos horas con los líderes de las principales organizaciones del gremio, junto a la ministra de Transportes, Paola Tapia, y el ministro del Interior, Mario Fernández, Aleuy celebró el éxito de las gestiones.

"Una vez más hemos demostrado que cuando hay diálogo y un acuerdo adecuado entre el mundo privado y el mundo público es posible solucionar los problemas. Por lo tanto, yo agradezco a los dos gremios por el esfuerzo que han hecho, pues hemos firmado un protocolo de acuerdo que es razonable para Chile", dijo la autoridad.

"un día grande"

El presidente de la CNTC calificó el de ayer como "un día grande para los camioneros de Chile" y celebró el acuerdo con el Gobierno "que satisface el mandato de nuestras bases. El detalle del acuerdo ya está escrito y firmado con plazos establecidos".

"Por lo tanto, este presidente nacional de los camioneros de Chile le pide a los colegas que están en las bermas de las carreteras de la nación que se regresen a sus casas, porque esta justa movilización ha sido suspendida", agregó, haciendo a su vez un llamado al cumplimiento de los compromisos suscritos por el Ejecutivo.

La ministra Tapia explicó que en el caso de las medidas que son administrativas, éstas deberán ser cumplidas en 30 días, mientras que las que requieren un trabajo legislativo se trabajarán en conjunto y se definirá un plazo más adelante.

Por su parte, el líder de ChileTransportes, Víctor Manuel Jorquera, destacó que "este es el puntapié inicial de un esfuerzo público-privado que tenemos que llevar a cabo para resolver los problemas de nuestra industria".