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Partido Radical proclamó candidaturas locales

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En su Consejo Nacional, efectuado ayer, en Santiago el Partido Radical proclamó sus candidaturas parlamentarias y de consejeros regionales para el país y la Región del Biobío.

Sin embargo, Javier Belloy, presidente regional de la colectividad, precisó que se esperará hasta el cierre del plazo de inscripción de postulantes, este viernes 21 de agosto, para cerrar definitivamente las listas.

El PR va en una lista parlamentaria con el PPD, el Partido Socialista y el Partido Comunista, separada del pacto Democracia Cristiana , MAS e Izquierda Cristiana.

En relación a las postulaciones al Congreso, Javier Belloy confirmó que en el Distrito 20 se formalizó la candidatura de la militante Liliana Oñate y que, finalmente, Miguel Reyes, presidente nacional de los Bomberos, declinó asumir el desafío electoral. Confirmó, además, que se conversa con otra militante para asumir como compañera de Oñate en ese distrito.

"Envié una carta al presidente nacional de mi partido, indicando que no podía aceptar el desafío. Tengo problemas personales, de tiempo y también compromisos que tienen que ver con mi institución (Bomberos)", dijo Miguel Reyes.

Al Partido Radical le corresponderían dos cupos en la lista parlamentaria de la Nueva Mayoría en la zona electoral penquista. Tres del PPD, tres del PS y uno de PC completan los otros espacios de las postulaciones.

En tanto, en el Distrito 19 (Provincia de Ñuble) se proclamó la reelección del actual diputado Carlos Abel Jarpa y del médico cirujano Renato Arriagada. En el Distrito 21 (provincias de Arauco y Biobío) se oficializó al también congresista José Pérez, junto al ex presidente regional de los radicales, Eduardo Vivanco.

"Esperaremos hasta el cumplimiento del plazo para las inscripciones. Aún se pueden, hasta, mover los cupos que tenemos presupuestados en los tres distritos del Biobío. En todo caso, quiero aclarar que el PR cuenta con los candidatos para asumir sus compromisos en la Región", dijo Belloy.

"Parece que el Gobierno cautela el interés de los privados y no de la comunidad"

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Entre junio de 2016 y mayo de este año, 6.656.136 móviles circularon por la el tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel de la Ruta 160, promediando más de 18 mil vehículos diarios que transitaron parte de los 89 kilómetros de extensión de la autopista.

Por esta razón las autoridades de las siete comunas de la Provincia de Arauco han expuesto su preocupación y molestia por la decisión de la concesionaria Acciona de vender su participación a la empresa Globalvía, a sólo nueve años de iniciado el contrato de concesión.

Mauricio Alarcón, alcalde de Arauco y presidente de la agrupación que reúne a los municipios de la provincia, expuso tras oficializarse el acuerdo la tarde este viernes, que "preocupa mucho el hecho de que nosotros nos enteremos de estas decisiones por medio de terceros. Decisiones que si bien representan intereses financieros, tienen un tremendo impacto social en el desarrollo de la provincia de Arauco".

-Hemos tenido una relación bastante compleja con la empresa concesionaria, la cual siempre ha estado al debe por la falta de vinculación con la comunidad, nula relación con las autoridades. Nuestra visión respecto a la ejecución y puesta en operación de los peajes fue totalmente desmejorado, donde hemos visto que desde el Gobierno no existe el interés de proteger los intereses de la comunidad y falta de compromiso para asegurar que esta no fuera una construcción deficitaria. Si se compara con otras obras, considerando los eventos y reparaciones, no es justificable por lo que el Ministerio de Obras Públicas y la dirección de Concesiones son responsables de las deficientes inspecciones fiscales.

-Este proyecto viene del primer mandato de la Presidenta Bachelet, sacándose de manera muy rápida sin considerar los requerimientos y necesidades de las comunidades, con nula participación. Se privilegiaron intereses particulares, y no el sentido de servicio. Tenemos un mal diseño, una pésima adjudicación, Acciona puso toda la plata para construir porque parece que su negocio es construir y vender, por lo tanto cuando hablaban de estar cuarenta años con buenas relaciones, eso fue una mera declaración de buenas intenciones. Las empresas hacen lo que quieren y nadie les pone un freno; o la ley de Concesiones es una porquería que cautela los intereses de privados, pero el punto es quien defiende los intereses de la comunidad, porque esta obra se hace con recursos privados y todos la tenemos que pagar, siendo una pésima obra.

COMPROMISOS

-Nos genera suspicacias la venta a Globalvía por su desempeño al administrar la ruta donde se cobra el peaje más caro de Chile, donde no hay medianeras en diferentes puntos y también con una importante cantidad de accidentes con víctimas fatales. En buen chileno, tenemos mucha mala suerte como provincia y es un tema que monitorearemos como corresponde, dado la preocupación de la comunidad.

-Hay una serie de obras en convenios complementarios, donde las autoridades de Estado fijaron plazos y fechas que no se han cumplido. Queda la sensación de que quienes deben asumir la responsabilidad desde el Gobierno no actuó con altura de miras, sentido de futuro y responsabilidad. Hay una mala ejecución de obras, hoyos y finalmente una sensación de inseguridad. No sé si en Santiago soportarían una situación como esta.

ACCIONES

-Es una preocupación de toda la provincia, ya que la columna vertebral de conectividad de todas las comunas. Es un tema que nos convoca, preocupa y ocupa. Estamos analizando acciones, algunas por vía administrativa, otras judiciales y tampoco descartamos hacer una gran movilización como provincia.

-Producto de la movilización de la comunidad, entre Laraquete y Ramadillas, se han logrado avances respecto a mejoras que ascenderán en total a 90 millones de pesos adicionales, que pondrá el Estado y es una señal de que este es un mal proyecto, que se hizo entre gallos y medianoche. No aceptamos que este sea un negocio privado que atropelle los derechos de la comunidad. Algunos no lo entienden y pareciera que falta cumplir con los derechos, pero también con un estándar ético y dar las explicaciones necesarias.