Un convenio de colaboración destinado a entregar estrategias para abordar la integración social de los 25 internos de la Comunidad Terapéutica "Dejando Huellas", la cual funciona al interior del penal de Concepción, firmaron Senda Biobío y la Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A., Sodexo, encargada de la cárcel concesionada.

La Política Pública de Integración Social impulsada desde Senda se basa en la premisa de que no existen personas que sobren y que es necesario generar formas de integración social más afirmativas para el desarrollo humano de las personas y las comunidades.

Bayron Martínez, director regional de Senda, explicó que, entre otros puntos, el convenio permitirá incorporar información de las áreas de prevención, rehabilitación e integración social, respecto del consumo problemático de drogas y alcohol en las diferentes unidades o departamentos

Más de $11 mil 200 millones para realizar 13 proyectos en las comunas de Quirihue, Concepción, Talcahuano, Tomé, Chillán, Arauco, Curanilahue y Coihueco, fueron aprobados por el Consejo Regional.

"Son obras que a partir de ahora quedan comprometidas. Viene el trámite de la Contraloría; luego el traspaso a las unidades ejecutoras, municipalidades, Vialidad, Universidad del Bío-Bío, con el fin de que puedan licitar y ejecutar", apuntó el intendente, Rodrigo Díaz.

Dentro de los convenios con mayor cantidad de recursos destaca el proyecto de la construcción del Centro de Innovación de la UBB, que contará con financiamiento de$2 mil millones. El rector Héctor Gaete indicó que "este edificio no nos interesa solamente para los estudiantes e investigadores nuestros; también nos interesa abrirlo a toda la comunidad y así está pensado. Estamos muy felices del apoyo que nos ha dado el Gobierno Regional, la Intendencia, de tal manera que podamos colaborar en innovar y yo creo que somos capaces de hacerlo".

Un peritaje para determinar si los terrenos denunciados por la Seremi de Bienes Nacionales en el río Biobío fueron rellenados de forma ilegal o por el propio sedimento que trae el cuerpo de agua, es el que desarrolló ayer en el sector la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones.

Durante toda la jornada, dos funcionarios de la unidad especializada, con asiento en Valdivia, realizaron diligencias en cuatro terrenos denunciados a la Fiscalía en enero de 2016 y que involucran, según la Seremi de Bienes Nacionales, más de 20 mil metros cuadrados de relleno ilegal. Estos se ubican en la ruta 156 que une San Pedro con Santa Juana, en la ribera norte del río.

"Este peritaje pretende determinar cuál es la naturaleza del material que se ha colocado en ese sector del río, si corresponde a desecho o material colocado por el hombre o más bien a sedimento traído por el propio río", contó el asesor jurídico de la Seremi, Jorge Valenzuela.

El delito que se investiga y, que acusa la cartera de Bienes Nacionales, es el de usurpación de bien nacional de uso público. El seremi, Eric Aedo expuso que los sitios denunciados son rellenos de 200 metros de longitud, 100 metros aguas adentro del río Biobío y una altura de 5 metros.

"Lo que nosotros estamos velando por sobre todas las cosas, es que esto puede generar, en una crecida importante del río Biobío, como lo hubo en el año 2006, problemas a la integridad, a la vida y, a la seguridad de las personas, que no viven exactamente en este lugar, sino de los que están en la ribera norte del río Biobío", declaró la autoridad regional.

DOS INVESTIGACIONES

Esta acción corresponde a una de las dos denuncias presentadas y que investiga el Ministerio Público. La otra causa desformalizada corresponde a 27 sitios, que habrían realizado el mismo delito, ampliando sus terrenos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces en casi 40 mil metros cuadrados.

El seremi Aedo contó que las dos investigaciones que hay en curso están separadas y que las desarrollan tanto la Fiscalía de Concepción (cuatro terrenos) como la de Talcahuano.

"Le habíamos pedido a los fiscales de si podían unir estas dos denuncias, pero nos informaron que prefieren llevarlas aún por separado y, una vez que terminen toda la etapa investigativa, realizar la formalización de manera unitaria", declaró la autoridad regional.

Aedo contó que la causa radicada en Talcahuano y que lleva adelante el fiscal Julián Muñoz comenzó con el análisis de los terrenos para luego iniciar el interrogatorio a cada uno de los dueños. En tanto, la investigación que lleva la fiscal Marcela Cartagena de la Fiscalía de Concepción ya habría concluido las pericias de los 27 terrenos y, actualmente se encuentra tomando declaración a los dueños de éstos.

El seremi de Bienes Nacionales precisó que si bien, desde el punto de vista penal la sanción que podrían enfrentar es baja -corresponde a una multa que no supera los $2 millones-, lo que se busca con la acción es que se logre definir judicialmente el borde del río para desincentivar a los propietarios de ampliar sus terrenos y luego venderlos.

"Como no está definido el borde del río por la Dirección de Obras Hidráulicas (…). Si nosotros fijamos el cauce ese negocio pierde todo sentido y todo valor y, obviamente, de esa forma vamos a proteger la integridad y vida de las personas que viven en la ribera norte", enfatizó Aedo.

ACCIÓN ADMINISTRATIVA

Aedo contó que se siguió también el camino judicial debido a que la acción administrativa que inició la Dirección General de Aguas (DGA) no ha tenido el efecto esperado debido a que las multas cursadas por la entidad fueron judicializadas. Debido a esta situación tampoco ha llevado a que los propietarios restituyan el cauce del río o lo devuelvan a las condiciones antes de la modificación que hicieron.

"El asesor jurídico de la Seremi recordó que la DGA puede ordenar esa acción o ejecutarla ellos mismos a costa del propietario. Pero como es un procedimiento administrativo que aún están en curso, porque la mayoría de los que se realizaron se encuentran judicializados y están en tramitación en tribunales no se han cumplido", declaró el jurista.