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Amplitud regional se somete a test de drogas

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Dirigentes y candidatos locales de Amplitud se sometieron a un test de drogas.

Según los representantes regionales del partido, el objetivode la medida fue mostrar transparencia y "manos limpias" a la ciudadanía.

Los dirigentes de Amplitud quisieron replicar lo realizado por la directiva nacional del partido, y sus candidatos al Congreso, encabezados por la senadora Lily Pérez, quienes hace una semana se sometieron voluntariamente al mismo procedimiento en la capital.

El presidente regional de la colectividad, Joel Oyarzo, aseguró que "desde Amplitud hemos luchado mucho por la transparencia y contra la corrupción y el test de drogas viene a complementar todo eso".

Asimismo, Oyarzo hizo un llamado a las autoridades políticas del Biobío para que también sometan a este examen.

"Quiero hacer un llamado a todas las autoridades de la región a someterse al examen. Debemos tener autoridades libres de conciencia a la hora de tomar decisiones y no depender de drogas", precisó el presidente regional de Amplitud.

Además del presidente regional de la colectividad, se sometieron al test de drogas el concejal de San Carlos, Héctor Guzmán, y los candidatos a diputado Ariel Torres, Héctor Guzmán y Hugo Guiñez. Respecto de los candidatos a consejeros regionales, adoptaron la medida Rosalba Navarrete y Víctor Seguel.

Dirigentes DC aseguran que el efecto Rincón afectará la imagen del partido

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Dirigentes regionales de la Democracia Cristiana, que votaron a favor y en contra de la lista parlamentaria en la última Junta Nacional, concuerdan en que existe un daño a la imagen del partido y un riesgo electoral. Lo anterior, tras el respaldo a la reelección del diputado Ricardo Rincón, quien aparece vinculado a una denuncia de violencia intrafamiliar.

De la Región del Biobío, en la instancia votaron alrededor de 60 dirigentes de la DC y, de acuerdo a fuentes internas del partido, la mayoría lo hizo a favor del paquete de candidatos al Parlamento que al final se respaldó.

Entre las figuras locales de la colectividad que contaron con derecho a manifestarse en la reunión partidaria, estuvieron presentes los diputados Marcelo Chávez, delegado de la junta nacional, y José Miguel Ortiz, consejero nacional. También participó su hijo, quien también es delegado de la junta nacional, el alcalde de Concepción Alvaro Ortiz. Pese a constantes llamados, no fue posible obtener sus opiniones frente a este tema.

Concuerdan en daños

De los dirigentes que opinaron, Nicolás Hauri, presidente regional, Teresa Stark, vicepresidenta regional, y Alejandra Huamanga, presidenta del Distrito 21, votaron en contra de respaldar la lista parlamentaria, y aseguran que es impresentable mantener a Rincón como candidato. También señalan que los efectos de la decisión ya están instalados en la opinión pública, en que se cuestiona la imagen de una colectividad, que destaca "sus valores cristianos como premisa básica", según precisa Teresa Stark.

En tanto, Marco Hernández, quien votó a favor de la lista parlamentaria, donde está inscrita su esposa Johana Pérez como candidata en el Distrito 21, a pesar de que concuerda con la visión anterior, señala que lo de Rincón está subsanado judicial y políticamente y que esta polémica fue erróneamente instalada en la DC por algunos sectores del partido.

en contra

El líder regional de la falange, Nicolás Hauri, señala que "no es que haya votado en contra de la plantilla. Estaba por cambiar el mecanismo de selección de candidatos, en modalidad de uno a uno. Considero que la DC lleve como candidato a Rincón, con una condena civil por violencia intrafamiliar, es un error político".

Agrega que "nosotros tenemos que superar los estándares éticos como partido y tener un postulante en esas condiciones, nos tiene en una situación incómoda como partido".

El dirigente local precisa que "esto no solo tiene las consecuencias que hemos visto, que tiene a nuestra carta evaluando su candidatura, sino que también hay un riesgo electoral en todo el partido".

En tanto, la vicepresidenta regional, Teresa Stark, destaca que votó en contra de la lista de opciones al Congreso de la Falange, pese a que esa decisión le podría haber afectado. Stark también es candidata a consejera regional y en el mismo mecanismo de selección también se incluyó la lista de postulantes a los consejos regionales del país.

"Voté en contra porque no es posible que tengamos a un candidato como Rincón, con registro de violencia intrafamiliar. Aquí hay un riesgo para todas las candidaturas. Esto se pudo haber evitado y hasta hoy se puede hacer. Solo sí, en un acto de grandeza, el diputado Ricardo Rincón declina su nombre".

Agrega que "si no lo hace se mantiene un daño a la imagen. Hoy la DC está envuelta en una situación compleja, donde hubo un mal manejo de la Junta Nacional y se han equivocado. Hay candidaturas que resultarán dañadas, pero no todas, porque hay algunos que se mantuvieron al margen, pero otros, manejaron esto para mantener nombres intocables en el partido".

Para la presidenta distrital de la DC, Alejandra Huamanga, "el daño ya está hecho. Voté en contra porque no podemos como partido estar representados por un candidato como Ricardo Rincón. Hoy tenemos a toda la ciudadanía hablando de este tema y cuestionando a nuestra colectividad".

Huamanga añade que si los efectos en la candidatura presidencial de Carolina Goic, quien anunció que evaluará su carrera a La Moneda, son evidentes, también hay un daño a la política en general y a la imagen de una colectividad como la DC. "Nuestro partido no merece estar sumido en este tipo de cuestionamientos", destaca.

A favor

El consejero nacional Marco Hernández indica que "hay que separar. Lo que hay es un juicio político que se hace sobre una supuesta causa que está terminada. Pero, hay algunos que han insistido en generar un nuevo juicio político sobre Ricardo Rincón, que ya fue resuelto hace años".

Añade que "esos cuestionamientos ya están instalados en la opinión pública. Aquí, si algo que hicieron bien los que querían esto, fue instalar el tema de nuevo, como si hubiese una condena real. En todo caso, el tema ya está instalado. Es muy complejo desmentirlo ahora", añade Hernández. En cuanto a los efectos del caso Rincón, el dirigente nacional precisa que "en cualquier decisión que se tome ahora, legalmente solo se pueden esperar decisiones personales. Pero, es evidente que tenemos un problema mayor con el cuestionamiento a la DC, que deberemos manejar de la mejor forma".

Finalmente, Hernández enfatiza que si hay un costo electoral se verá en noviembre, pero "hay un daño a la DC", finaliza.

Ordenan embargo de bienes de Navarro por costas de juicio

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Por el fallo en contra del "Caso Acarreo", la Corte de Apelaciones de Concepción, que lleva adelante el proceso de cobranza de las costas judiciales, ordenó el embargo de tres automóviles, una moto y un inmueble del senador Alejandro Navarro, por una deuda que asciende a los $19 millones.

Lo anterior, debido a que Lorena Jardua, ex alcaldesa de San Fabián, junto a su esposo, Ariel Torres, el concejal Juan Carlos Parada y también la colaboradora en el municipio, Marcia Ortiz, fueron absueltos en febrero de 2016 de la acusación por supuesto fraude electoral, respecto de los comicios municipales realizados en 2012.

Según lo que informó Crónica Chillán, debido a que no existían antecedentes certeros para realizar la investigación y el juicio, fueron condenados el parlamentario del partido País, el Ministerio Público, la dirigente vecinal de San Carlos, Eulalia del Carmen Salinas, y también el ex alcalde sanfabianino y ex gobernador de Ñuble, Cristian Fernández.

Hasta la fecha sólo pagó la fiscalía, la cual debió cancelar $23 millones. En el caso del senador fue la Corte de Apelaciones la entidad a cargo del proceso de cobranza, y aunque en primera instancia se solicitó embargar su dieta parlamentaria, los jueces determinaron que esto será procedente únicamente si es que con sus inmuebles y vehículos no alcanza a completar los $19 millones.

La abogada Paula Villalobos, representante de Marcia Ortiz solicitó el martes 25 de julio embargar una moto marca Honda del año 2008 y los automóviles Chevrolet modelo Spark, además de dos station wagon, ambos marca Chrysler del año 2007.

Por su parte, Ariel Torres, esposo de Jardua, dijo que " (…) con nuestros abogados cobraremos el resto. En total son $79 millones y esperamos que no pase otro año para que nos paguen".